Iberdrola y su ex ‘controller’ se ven de nuevo las caras en el juicio por el supuesto robo de la facturas clave en el caso Villarejo
El juzgado de Madrid que ha analizado la querella por revelación de secretos señala el juicio para el 7 de mayo
Nueva cita para Iberdrola y José Antonio del Olmo, el que fuera controller de la eléctrica y que se convirtió en el gran enemigo de la compañía por poner a disposición de la Audiencia Nacional unas facturas que fueron clave en el caso Villarejo. El Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid ha citado el próximo 7 de mayo a la multinacional que preside Ignacio Sánchez Galán y al exdirectivo para celebrar el juicio por la querella que Iberdrola planteó por un presunto delito de descubrimiento y revelación de secretos, por el que le pide seis años de prisión, de acuerdo a diligencia de ordenación, a la que ha tenido acceso este periódico.
Se trata de una de las acciones que Iberdrola emprendió contra el que fuera director de Control de Funciones Corporativas de la eléctrica, después de que este asegurara ante el juez de la Audiencia Nacional que instruyó la macrocausa relativa a los espionajes del comisario jubilado José Manuel Villarejo que se dieron una serie de irregularidades en los pagos por dichos servicios. La compañía considera que Del Olmo habría sustraído ilegalmente las facturas y bajo esta acusación abrió varios frentes legales, tanto por la vía civil como por la penal. En busca de protección por las “represalias” empleadas contra él, el ex controller solicitó la aplicación de directiva europea whistleblowing, si bien el juez del caso Villarejo no le brindó el auxilio porque en ese momento aún no estaba en vigor en España (se encontraba en trámites parlamentarios para su introducción en el ordenamiento jurídico).
El primer contacto de Del Olmo con la pieza número 17 del caso Tándem, la línea de investigación que se abrió para aclarar si la compañía del Ibex 35 contrató al expolicía para conseguir información de todo aquello que pudiera ser contrario a sus intereses, fue como investigado, ya que era (hasta su jubilación en 2016) el encargado de validar y autorizar las facturas del grupo. No obstante, pasó a ser un testigo clave para los investigadores tras aportar al juzgado un informe, que elaboró en diciembre de 2004, donde reflejaría una triangulación de facturas para esconder los trabajos de espionaje de Villarejo. Este documento se convirtió en la prueba que justificó la imputación de Sánchez Galán y su equipo directivo, si bien su responsabilidad se terminó archivando por prescripción del delito.
El informe fue depositado ante notario junto a unas facturas y archivos de contabilidad relacionado con pagos a proveedores y dietas y retribuciones a los asistentes a dos consejos consultivos de 2004. Esta información no solo fue entregada a la Audiencia Nacional 15 años después, sino que también apareció publicada en un medio de comunicación. Iberdrola asegura que los datos son falsos y no se encuentran registrados entre los archivos de la compañía. Por ello, inició la vía penal por un presunto delito de descubrimiento y revelación de secretos.
La querella recayó en el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, que tras practicar varias diligencias acordó su archivo al no ver indicios que justificaran “debidamente” la existencia de revelación de secretos, ni que constara un “pacto de confidencialidad” sobre dichas facturas, al margen de lo acordado en el contrato de trabajo. Sin embargo, esta causa siguió adelante, después de que la Audiencia Provincial de Madrid estimara, en mayo de 2023, el recurso de Iberdrola y ordenara que la dejara lista para juicio, que finalmente tendrá lugar dos años después y donde la Fiscalía se ha retirado.
Dos causas en Bilbao
Por estos hechos, Iberdrola presentó también una demanda (por la vía civil) y una querella en los juzgados de Bilbao. En el primer caso, el Juzgado de lo Mercantil número 1 fue el primero en dirimir esta cuestión. Del Olmo afirmó que nunca filtró dicha información a la prensa y que nunca ha tenido intención de perjudicar a Iberdrola. El juez no dio credibilidad a esta versión y concluyó, en septiembre de 2021, que el ex controller sustrajo de manera “ilícita” y “sin consentimiento” las facturas, por lo que le consideró responsable de violación y revelación de secreto empresarial. Así le condenó a la cesación y prohibición de los actos de violación, a la devolución de la documentación y al pago de costas.
Esta sentencia fue ratificada justo un año después por la Audiencia de Vizcaya, que resaltó que, aunque el exdirectivo se limitó a entregar la documentación cuando se la requirió la Fiscalía Anticorrupción para indagar sobre los encargos a Villarejo, también conservó las facturas durante años sin ponerlas a disposición de las autoridades para revelar “alguna actividad ilegal”. Del Olmo explicó en este procedimiento que depositó ante notario toda la documentación en cuestión por responsabilidad y afirmó que con motivo de su jubilación destruyó todas las copias que tenía en su despacho, salvo algunas que llevó a su casa relacionadas con la dirección de Seguridad de la empresa, de la que en ese momento se encargaba Antonio Asenjo (único directivo de la eléctrica que irá a juicio por el caso Villarejo) y con el “tema Florentino”, en relación al presidente de ACS, Florentino Pérez, que fue espiado por Villarejo. Asimismo, el tribunal afirmó que no hay prueba directa sobre su participación en la filtración a la prensa, pero tampoco hay nada que diga lo contrario. Del Olmo presentó un recurso contra este último fallo ante el Tribunal Supremo, que está pendiente de resolución.
En cuanto a la otra querella por falsedad en documento privado, esta también se encuentra en tramitación en los juzgados vascos. Este procedimiento se trasladó a la Audiencia Nacional, donde Iberdrola amplió su acusación y atribuyó a su exdirectivo revelación de secretos. Sin embargo, el juez del caso Villarejo acordó su archivo porque los hechos relacionados con la falsedad estaban prescritos. Asimismo, inadmitió la ampliación de la querella, al considerar que no se puede imputar este último delito a quien “lleva a cabo la acción de denunciar”. Esta decisión fue revocada parcialmente por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que confirmó el carpetazo a la parte relacionada con la falsedad, pero entendió que había que investigarse la revelación y ordenó devolver la causa a Bilbao.