STC retrasa su entrada en el consejo de Telefónica
La operadora saudí está pendiente de una autorización administrativa de Luxemburgo para materializar la toma 10% del capital
Saudi Telecom (STC) ha retrasado la entrada en el consejo de administración de Telefónica debido a que aún no ha podido materializar la conversión en acciones del 5% que mantiene aparcado en derivados financieros por un problema administrativo. Ese porcentaje del capital junto al 4,9% que ya posee le permitiría rozar casi el 10% de la operadora, requisito imprescindible para solicitar un puesto en el consejo de administración de la compañía española. STC ya comunicó formalmente al Gobierno y Telefónica su intención de solicitar ese puesto en el máximo órgano de gobierno de la compañía.
La razón de ese retraso es que la operadora saudí está a la espera de una última autorización de su inversión por parte de las autoridades de Luxemburgo, país sede de Green Bridge Investment Company, la sociedad con la que adquirió su paquete en la empresa española, según ha adelantado The Objective. Esta sociedad se constituyó el 21 de mayo de ese 2023, tres meses y medio antes de formalizar su irrupción en el accionariado de la empresa española, en septiembre de ese mismo año. La instrumental está participada en un 100% por STC a través de su matriz Green Bridge Management Sarl, que también está radicada en el ducado, y su única función fue el desembarco en el capital de Telefónica.
La operadora saudí tiene hasta el 28 de mayo para ejecutar la conversión en acciones de esos derivados, ya que el llamado llamado decreto antiopas establece un plazo de seis para que las compañías extranjeras adquieran el paquete accionarial sobre el que piden autorización. Dicho plácet por parte del Gobierno se produjo en la reunión de Consejo de Ministros del pasado 28 de noviembre, fecha en la que se activó un plazo de seis meses.
La legislación antiopas contenida en el decreto sobre inversiones exteriores establece que si en seis meses no se ha realizado la inversión tras su autorización por el Ejecutivo , dicho permiso queda sin efecto, salvo que se obtenga prórroga de otros seis meses. Transcurrida esa prórroga y, en caso de no hacerse efectiva, la transacción “quedará definitivamente como no autorizada”.
Además, hay otra fecha que los saudíes deben tener en cuenta y es el fin del contrato de compraventa que establecieron con Morgan Stanley para aparcar los derivados, cuyo término está establecido el 5 de marzo de 2025, por lo que tendría que negociar con el banco de inversión una posible prórroga.
Movimientos en el consejo
El sorpresivo desembarco de STC en el capital de Telefónica tuvo como consecuencia una serie de movimientos en el accionariado de la teleco presidida por José María Álvarez-Pallete. De este modo, a fiales del pasado mayo la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), entidad dependiente del Ministerio de Hacienda, alcanzó el 10% del capital social de Telefónica tras invertir en torno a 2.285 millones de euros.
A medida que la SEPI iba concretando su entrada en el capital de Telefónica, el consejo de administración de la operadora acordó por unanimidad el pasado 8 de mayo aceptar la “renuncia voluntaria” de Carmen García de Andrés a su cargo como consejera y nombrar por cooptación a Carlos Ocaña Orbis, que ahora forma parte del máximo órgano de decisión de la teleco en representación de la SEPI.
En ese sentido, desde el Gobierno no se ha descartado la posibilidad de que la SEPI eleve su participación en Telefónica para poder optar a un segundo consejero. Por otro lado, la entrada de STC en el accionariado de Telefónica también ha provocado que CriteriaCaixa, el ‘holding’ de la Fundación Bancaria la Caixa, alcanzase una participación del 9,99% del capital social de Telefónica a finales del pasado junio.
Con este porcentaje, CriteriaCaixa casi alcanza el que tiene el Estado en la teleco a través de la SEPI, si bien el holding se ha propuesto alcanzar como máximo un 10,01%. En ese sentido, el movimiento del Gobierno a través de la SEPI y el de CriteriaCaixa se interpretan como un modo de mantener la españolidad del consejo de administración de Telefónica.