El PP acumula 10 iniciativas en el Parlamento contra el impuesto eléctrico del 7%
El PSOE aplazó en diciembre el trámite del proyecto de ley en el que Junts y los populares lograron incluir la supresión de un tributo que las eléctricas trasladan al consumidor
El pasado 9 de diciembre saltaron las alarmas en el Grupo Socialista después de que el Partido Popular y Junts presentasen una enmienda al proyecto de ley sobre el comercio de emisiones de CO2 para anular el impuesto que grava con un 7% los ingresos obtenidos por las ventas de cualquier tipo de generación eléctrica, con el apoyo del PNV, ERC y VOX. Por un error de un diputado del PSOE a la hora de vetar la iniciativa, que afecta a las cuentas del Estado, la enmienda pasó a formar parte del articulado de la norma en trámite.
Sin embargo, para evitar su avance, el PSOE y Sumar aplazaron sine die la mesa de la Comisión de Transición Ecológica que iba a tratar sobre la desaparición de un tributo en contra del cual, a la vista de las iniciativas parlamentarias acumuladas (una decena solo en el caso del PP), existe un claro consenso entre los grupos mayoritarios de la oposición. En el último año, desde que en enero de 2024 el impuesto se recuperó después de que el Gobierno lo suspendiera durante dos años y medio para paliar la escalada de los precios derivadas de la crisis energética, el Grupo Popular presentó cinco proposiciones no de ley (PNL) para la supresión del impuesto, que se unen a otra proposición de ley (PL) en 2018; una más en 2021 y sendas enmiendas a dos proyectos de ley el año pasado.
Las iniciativas son concretamente las siguientes: la proposición no de ley relativa a la lucha contra la pobreza energética en industrias y familias, de febrero de 2024; la PLN para la rebaja del IVA al 5% en la factura de la luz, del gas y la biomasa y otras rebajas fiscales, del mes de marzo; otra igual en el mes de abril; la PLN para la prórroga urgente de medidas de protección para el consumidor de energía, de julio, y una última relativa a la reversión de la pobreza energética y la promoción de un Plan Nacional de Soberanía Energética, aprobada en junio del año pasado.
Pero la batalla del PP contra el impuesto eléctrico, que había creado precisamente el último Gobierno de Mariano Rajoy en 2012 para financiar el déficit de tarifa acumulado (también las primas de las renovables), se había iniciado en la legislatura anterior: el principal grupo de la oposición había presentado una proposición de ley en septiembre de 2018 para la supresión del 7% mediante al modificación de la ley de 2012 y otras dos PL, en enero y septiembre de 2021, para modificar las normas de 2012 y 2013 de creación del impuesto y para la reducción de la factura eléctrica, respectivamente, en la que planteaba reducir el tipo de este gravamen a cero.
Año clave
Pero fue en 2024 cuando los populares, en consonancia con los partidos nacionalistas y Vox, dio los pasos más firmes en su lucha contra un impuesto que, aunque recaudan todas las generadoras eléctricas (incluso las renovables), estas empresas las trasladan al precio final de los usuarios. Según fuentes del sector, las presiones de los grandes consumidores, principalmente, la industria electrointensiva vasca y catalana, están dando sus frutos políticos. Así, el PP, ERC y Junts presentaron sendas enmiendas al proyecto de ley sobre medidas para afrontar las consecuencias derivadas de la los conflictos de Ucrania y Oriente Medio de finales de 2023, que entró en vigor el 1 de enero de 2024, con el que se recuperaba el impuesto del 7% suspendido desde mediados de 2021. Las tres formaciones políticas planteaban un tipo del 0%, lo que implicaba de facto su eliminación.
La justificación de Junts y, en general, la de las formaciones que se oponen al tributo, es que el objetivo inicial del impuesto, que era hacer frente al desequilibrio financiero del sistema eléctrico por el déficit del sistema, ya no se justifica pues se ha producido “una notable reducción” del mismo. En 10 años este ha pasado de más de 25.000 millones de euros a 7.866 millones, según datos de la CNMC a 31 de diciembre de 2023 (la deuda eléctrica se acabará de amortizar en 2028). Incluso en ese año el sistema registró un superávit significativo, de 6.190 millones de euros, si bien gracias a las aportaciones que hizo el Estado. Estos datos demuestran, según la enmienda de Junts, “la capacidad del sistema para cubrir los costes regulados”, amén del beneficio que su desaparición tendrá para la factura del consumidor.
Estas iniciativas, en distinto punto de tramitación, tienen escasas posibilidades de prosperar. No así la del pasado mes de diciembre cuando el PP y Junts aunaron fuerzas con la enmienda transaccional que ya incorpora el informe de la ponencia del proyecto de ley sobre comercio de emisiones de CO2 y que contó con el apoyo de PNV, VOX y ERC. En una disposición final se establece que, “con efectos desde el 1 de enero de 2025 y, en tanto el sistema no genere déficit de tarifa, se aplicará el tipo del cero por ciento”.
Aunque el PSOE tendría la opción de dinamitar el proyecto de ley y convertirlo en un real decreto ley, es consciente, según diversas fuentes, que carece de apoyos y está en un callejón sin salida. Aplazar la mesa de la ponencia “a ver si se les ocurre algo” resulta inverosímil, según las misas fuentes, en tanto, PP y Junts buscarán una solución para el desbloqueo, indican las mismas fuentes
Con la desaparición del polémico impuesto, el Gobierno se juega la recaudación de 1.200 millones de euros que se destinan a los llamados cargos del sistema que sirven para ayudar a financiar costes como las primas de las renovables o la amortización de la deuda eléctrica, y que pagan los consumidores en la parte fija de la factura. En caso de que se elimine esta parte de la factura subiría desde enero un 18% lo que, unido a la subida del 33% que ya se ha producido, alcanzará el 50%. Salvo que el Gobierno optase por compensarlo con alguna partida Presupuestaria, lo que resulta dudoso.