Transportes lanza el proceso para quitar peajes en autopistas de Madrid, Ávila y Segovia
El Ministerio encarga el estudio sobre las actuaciones necesarias para levantar las barreras en la AP-6, AP-51 y AP-61, operadas por Abertis hasta noviembre de 2029
Tres nuevas autopistas de peaje con un total de 115 kilómetros, que conectan las provincias de Madrid, Segovia y Ávila, son firmes aspirantes para convertirse en autovías gratuitas bajo gestión pública. Son la AP-6, que arranca en Collado Villalba (Madrid) y tiene final en Adanero (Ávila), cruzando los túneles de Guadarrama; la AP-51, que enlaza la segoviana Villacastín con la ciudad de Ávila, y la AP-61, que va de la también segoviana San Rafael hasta las puertas de Segovia. Pese a que prima el contrato de gestión privada en manos de Abertis hasta el 19 de noviembre de 2029, a través de la concesionaria Castellana, el Ministerio de Transportes ha iniciado los diversos trámites que llevarán al levantamiento de las barreras a la vuelta de esos cinco años. Se trata de infraestructuras estratégicas para el tráfico pesado o para el de ligeros en salidas y entradas a Madrid en fines de semana.
Todo arranca con la adjudicación del estudio que debe definir las actuaciones precisas para la adaptación de esas autopistas, y otras carreteras de su entorno, al uso sin pago explícito. Se da por descontado que esas infraestructuras soportarán un importante incremento de tráfico en cuanto decaigan las tarifas. El departamento que lidera Óscar Puente se toma tiempo para saber qué enlaces deben ser remodelados, dónde deben abrirse nuevos accesos y salidas a esas vías, si deben ser ampliadas las estaciones de servicio o si es necesario construir nuevos aparcamientos de vialidad invernal. Su clara intención es que las tres vías pasen a manos públicas, pero la culminación del proceso dependerá de un futuro Gobierno.
Si se cumple es escenario dibujado, los tres activos de Abertis se sumarán a otras autopistas liberadas de peajes desde 2018, según han ido expirando los contratos de explotación. Es el caso de la AP-1 Burgos-Armiñón; AP-4 Sevilla-Cádiz; la AP-7 en su tramo entre Alicante , Valencia y Tarragona; el trazado Tarragona-Barcelona de la misma P-7, y la AP-2 Zaragoza-Mediterráneo. Salvo en el primer caso, en que la concesión concluyó en manos de Itínere, el resto de carreteras eran gestionadas por Abertis, que ha ido perdiendo peso en España tras ser durante años la principal operadora.
El actual Gobierno ha reducido en más de 1.000 kilómetros la red de carreteras de pago, con más de 3.000 kilómetros por buena parte de España hace solo siete años. Antes de la reversión a manos públicas de concesionarias como Europistas, Aumar y Acesa, un 20% de la red de carreteras de alta capacidad, de 16.700 kilómetros, estaba tarificado. Una cuota que contrasta con el 100% de Portugal, Grecia y Croacia, o el 85% que se da en Italia y el 79% de las carreteras francesas de alta capacidad sometidas a peajes.
Un total de 12 autopistas están bajo gestión privada en estos momentos, además de las nueve que opera la sociedad pública Seitt, procedentes de concesionarias rescatadas durante la crisis financiera, y que mantienen las barreras. Con el levantamiento de los peajes conforme vencen los contratos de concesión, el Ejecutivo busca homogeneizar la situación en un país en que distintas provincias llevan décadas bajo el modelo del pago por uso, como Cataluña, Galicia o la Comunidad Valenciana, mientras que en otras se sufragó el coste de construcción y, posteriormente, el de conservación con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. En ese debate subyace que las primeras tuvieron antes que el resto de España infraestructuras viarias de primer nivel gracias a la colaboración público-privada.
Transportes prevé que la AP-6, AP-51 y AP-61 capten tráficos de otras carreteras libres de peaje y en ocasiones saturadas, como la N-6, N-603 y la N-110. Por ello se va a estudiar la necesidad de sumar carriles adicionales, medidas de protección contra el ruido, y sistemas inteligentes de transporte para la coordinación de la gestión de las tres autopistas vecinas con sus variantes hoy gratuitas. Las tres autopistas bajo el paraguas la concesionaria Castellana soportaron el año pasado una intensidad media de 17.738 vehículos diarios, con un incremento del 4% respecto al tráfico de 2022.