Hacienda rastrea el negocio extranjero, los impuestos diferidos y los seguros en el pago de la tasa a la banca
La Agencia Tributaria ha desplegado una revisión de largo alcance a las entidades por el cálculo de las bases imponibles
Hacienda ha puesto en el foco el pago del impuesto extraordinario a la banca durante los pasados ejercicios. La Agencia Tributaria ha identificado cuatro aspectos que considera que las entidades no han manejado correctamente en el cómputo del pago del impuesto y con las que han reducido inadecuadamente la base imponible sobre la que aplican la tasa, según indican fuentes de las entidades. La disputa afecta a todas las entidades, si bien de manera desigual, y estas preparan ya una nueva batalla contra el erario público.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dio un golpe al sector hace más de dos años, cuando anunció un impuesto extraordinario a la banca para gravar lo que el Gobierno consideraba como unos beneficios extraordinarios del sector ligados al alza en los tipos de interés. Dos años después, cuando la tasa está a punto de caducar, la Agencia Tributaria ha revisado la forma en que las entidades estaban pagando el impuesto, según adelantó la agencia Bloomberg la semana pasada y ha podido confirmar este periódico.
En concreto, las pesquisas de la Agencia Tributaria se centran en las deducciones por los cupones de los bonos AT1 (los conocidos en el argot como cocos, aquellos que computan para reforzar el colchón anticrisis de las entidades y se convierten en capital cuando este baja de determinado umbral), los ingresos obtenidos por la venta de seguros en la red de oficinas y el cómputo del negocio en el extranjero. Otras fuentes añaden como un cuarto elemento la consideración de los activos fiscales diferidos; es decir, los créditos fiscales y cómo afectan a la nueva tasa.
El modo de calcular el gravamen ha estado en el centro del choque legal entre la banca y el Gobierno. El sector —a través de sus patronales la Asociación Española de Banca (AEB) y Ceca, que agrupa a las antiguas cajas— ha recurrido el impuesto ante la Audiencia Nacional por la vía del contencioso administrativo. A esta se le añade una segunda demanda, impulsada en concreto por Sabadell, Bankinter y Kutxabank, en la que la Audiencia rechazó las medidas cautelares que reclamaron estas firmas. Paralelamente, el Tribunal Constitucional sí ha avalado el impuesto a las grandes fortunas que el Ejecutivo impulsó junto al de la banca y las energéticas y que recurrieron algunas comunidades autónomas. Algunas de las entidades consultadas apuntan a que prevén firmar actas de disconformidad para posteriormente iniciar una nueva batalla legal ante los tribunales.
Dos años después, la Agencia Tributaria ha querido revisar el pago del impuesto, cuya factura asciende al entorno de los 3.000 millones de euros para el conjunto del sector en este tiempo y se consignó en el 4,8% del margen de intereses y comisiones. Las fuentes consultadas indican que la revisión se inició por las discrepancias observadas con una entidad en concreto, que extendió una revisión amplia y general al sector. No obstante, estas mismas fuentes apuntan a que el efecto de la revisión de Hacienda no afectará a todos los bancos por igual, sino que golpeará en mayor medida a aquellas entidades cuyo beneficio dependa más de la evolución del margen de interés y menos de los negocios fuera de balance o con más presencia internacional. Los bancos en estos años han abonado la factura del impuesto durante el primer trimestre, por lo que su efecto ya está contabilizado por los dos años.
Todo esto se produce a meses de que el impuesto, que nació con una vigencia de dos años, deje de estar en vigor si el Gobierno no lo prorroga. Por el momento, el Ejecutivo, en el plan presupuestario remitido a Bruselas, ha elaborado los grandes números sin computar la prórroga ni de la tasa a la banca ni a las energéticas, debido a que aún no están prorrogados. Pero sí avanza que prevé hacer ambas tasas permanentes en la reforma fiscal que negocia con Bruselas. Y que de ella dependerá que se incremente su margen para incrementar el gasto, que lo ha comprometido en el 3% del PIB.
Según sus cuentas, el Santander ha abonado 559 millones en estos dos años por este impuesto. El BBVA, por su parte, ha pagado 510 millones, por 866 millones de CaixaBank. En cuanto a las entidades medianas, Sabadell ha abonado 347 millones; Bankinter, 172 millones, y Unicaja, 142 millones. En total, los seis bancos cotizados han pagado ya unos 2.600 millones en estos dos años, más del 80% de la factura total. El nuevo criterio de Hacienda puede disparar esta cifra.
Las fuentes consultadas apuntan a que en las presentaciones de los resultados del tercer trimestre, que tendrán lugar a finales de este mes, las entidades aún no podrán hacer una evaluación muy precisa del impacto de este nuevo conflicto con Hacienda. Las cifras sobre cuánto afecta y cómo a cada entidad tendrán que esperar hasta las cuentas anuales, ya en el año que viene.
Lo que sí es cierto es que este conflicto fiscal abre un nuevo interrogante en el futuro de las cifras que presentarán los bancos al mercado en los próximos trimestres. Las caídas en los tipos de interés que ha ejecutado ya el Banco Central Europeo (BCE), que se prevén continúen ya esta semana, provocarán que el viento deje de soplar de cola y compliquen que revaliden nuevos récords en beneficios. El mercado espera que los bancos busquen ahora nuevos nichos de rentabilidad, bien sea con la reactivación del crédito en España, bien sea con el tirón de otros países que tomen el testigo de España (en caso del Santander y, en menor medida, del BBVA) o con la apuesta por negocios fuera de balance, donde poder compensar las caídas en los márgenes de interés, con unos mayores ingresos por comisiones. Una factura fiscal más elevada añadirá presión a las entidades en los próximos meses, así como un eventual repunte de la morosidad, que en este caso no se espera.