La sanidad de 1,5 millones de funcionarios queda en el aire por la espantada de las aseguradoras de Muface
Adeslas, Asisa y DKV no acudirán al concierto de Muface por sus condiciones económicas insuficientes
La renovación del concierto de Muface está en el aire. Las tres aseguradores que actualmente prestan asistencia sanitaria a los funcionarios dentro de Muface —Adeslas, Asisa y DKV— han decidido no acudir por ahora, a la nueva licitación de este servicio debido a que las condiciones económicas que plantea el Gobierno son “totalmente insuficientes”. Esta situación podría afectar a unos 1,5 millones de empleados públicos y familiares.
El viernes pasado, el Ministerio para la Transformación Digital y Función Pública, encabezado por Óscar López, convocó a los directores generales de las tres aseguradoras para darles a conocer las nuevas condiciones del concierto. El Gobierno propuso una subida de la prima del 14% para los próximos dos años, en total. Esta cifra dista mucho del incremento del 40% que pedían las aseguradoras. En teoría, la negociación se iba a abrir en una semana, pero el sector asegurador se ha levantado de la mesa al considerar que hay poca voluntad de diálogo por parte del Ejecutivo.
La próxima fecha clave es el 8 de octubre, cuando el ministerio tendrá que trasladar la propuesta definitiva a las compañías interesadas. A partir de ese momento, tendrán tres semanas para responder, pero ahora las posturas están muy alejadas. De acuerdo con fuentes conocedoras de la reunión, el director general de Adeslas —la aseguradora con mayor peso en Muface—, Javier Murillo, “fue muy tajante a la hora de trasladar que con las condiciones actuales no acudirían al concierto”.
Las condiciones económicas del actual concierto de Muface les supone a las aseguradoras unas pérdidas de 200 millones de euros cada año, según cálculos del sector. Las compañías se quejan de que suscribir el nuevo concierto con una subida de las primas de solo un 14% supondría mantener el modelo deficitario que ya están asumiendo las compañías, tanto por la inflación como por el aumento de la siniestralidad.
En caso de que el concierto quedara desierto, todas las personas cubiertas por la mutualidad de los funcionarios tendrían que acudir a la sanidad pública, lo que supondría un colapso para un sistema con las listas de espera ya saturadas. En Madrid, la comunidad con más funcionarios en Muface, hay casi un millón de pacientes esperando una cita médica, un récord histórico. “Es impensable que no llegue a haber acuerdo, porque se produciría una crisis institucional tremenda con las comunidades autónomas que son quienes gestionan la sanidad y quienes tendrían que asumir a cientos de miles de nuevos pacientes”, apuntan fuentes del sector.
Los funcionarios que están cubiertos por Muface (profesores de infantil, primaria, secundaria y universidad, así como funcionarios de carrera de la Administración Civil del Estado, y funcionarios retirados) cada año pueden decidir si quieren que la asistencia sanitaria se la ofrezca una de las aseguradoras privadas del concierto o la sanidad pública. En un 72% de los casos se escoge la sanidad privada. En concreto, un 34% optó por Adeslas, un 25% por Asisa, controlada por Lavinia, una cooperativa de médicos, y un 13,2% por DKV, propiedad del gigante alemán Munich Re. El restante 28% escogió la sanidad pública.
Además del concierto de Muface también se está negociando el de la mutua de los militares y la Guardia Civil —ISFAS, que da cobertura a unas 600.000 personas— y la de fiscales, jueces y letrados de justicia —Mugeju, con otras 100.000 personas—. Las dos últimas tienen los mismos proveedores y problemas que la primera.
Durante el mes de septiembre, la patronal de la sanidad privada, ASPE, ya advirtió de que una remuneración deficitaria en el concierto provocaría un “éxodo” de funcionarios al sistema público de salud, con un potencial efecto en las listas de espera. Según dicha patronal, el concierto de Muface ahorra al Estado más de 890 millones de euros al año, mientras que su desaparición supondría en la sanidad pública un impacto económico de más de 1.000 millones por el hecho de tener que absorber a los mutualistas. Actualmente, la prima media de Muface es de 984 euros, según detallaba hace dos semanas la Fundación IDIS, frente a los 1.608 euros por ciudadano en el sistema público.
En mayo, el presidente de Grupo Mutua, Ignacio Garralda, adelantaba que sería “muy difícil” que Adeslas acudiera a la licitación del concierto si no se mejoraban de forma “muy notable” las condiciones económicas. Segurcaixa Adeslas está controlada en un 50,1% por Mutua y el restante 49,9% por parte de CaixaBank, en la que el Estado mantiene una participación.
Tras la espantada del viernes por parte de las tres aseguradoras, se abre un periodo de incertidumbre para los funcionarios cubiertos con Muface. De acuerdo con fuentes del sector, lo normal sería que el Gobierno se abriera a negociar una mejora de las condiciones. Hace años ya salieron del concierto aseguradoras como Sanitas, Mapfre o el Igualatorio de Cantabria porque no les compensaba mantener esta línea de negocio.
Desde CSIF, el principal sindicato dentro del colectivo de las administraciones públicas se pide al ministro Óscar López que “garantice una financiación suficiente para el próximo concierto de Muface” a la vez que reclama una mayor estabilidad del mutualismo administrativo, para no tener estos apuros cada dos años. El sindicato recuerda que el concierto debería estar cerrado en el mes de octubre para garantizar la continuidad de la asistencia sanitaria desde el comienzo del próximo año 2025.