El Gobierno debe cubrir 16 puestos en los consejos de organismos supervisores hasta 2025
Al cargo de gobernador del Banco de España y a las cinco vacantes de la CNMC se sumarán los de la CNMV y la futura CNE
Ayer, 10 de junio, concluyó el mandato del gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, tras seis años al frente de la institución. Se da la circunstancia de que en el caso del Banco de España el fin de los mandatos implica el cese inmediato de los afectados, sin posibilidad de continuar de forma provisional en el cargo, en tanto se produce su relevo, tal como ocurre en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) o la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
Sin embargo, según los estatutos de la entidad, existe la posibilidad de que el subgobernador ...
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Ayer, 10 de junio, concluyó el mandato del gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, tras seis años al frente de la institución. Se da la circunstancia de que en el caso del Banco de España el fin de los mandatos implica el cese inmediato de los afectados, sin posibilidad de continuar de forma provisional en el cargo, en tanto se produce su relevo, tal como ocurre en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) o la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
Sin embargo, según los estatutos de la entidad, existe la posibilidad de que el subgobernador (en este caso, la subgobernadora, Margarita Delgado) pueda reemplazarle de manera interina, aunque por pocos meses, pues su propio mandato concluye en septiembre. El Gobierno, que ha reconocido que tiene una lista de candidatos, ha optado por esperar a que se produzca la salida de la subgobernadora y dar margen a un posible acuerdo con el Partido Popular, con el que los puentes están cortados por la crisis del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Una norma no escrita establecía tradicionalmente el reparto de ambos cargos entre el PSOE y el PP.
Al Ejecutivo de Pedro Sánchez se le acumulan las vacantes y los futuros nombramientos. Así, a los cinco puestos de consejeros caducados desde el verano pasado en la CNMC, se unirán, amén de los dos del Banco de España, el cese del presidente de la CNMV, Rodrigo Buenaventura, y su vicepresidenta, Montserrat Martínez, el próximo diciembre, así como los siete puestos de la futura Comisión Nacional de la Energía (CNE), una escisión de la CNMC ahora en trámite, que podría entrar en funcionamiento a principios del próximo año. Entre dichos puestos, figurarán también el presidente y vicepresidente. En total, 16 nombramientos entre los distintos organismos reguladores y supervisores hasta 2025.
Tras producirse las cinco vacantes en el consejo de la CNMC, el Gobierno decidió, además de esperar a que pasaran las tres elecciones convocadas para esta primavera (las vascas, el 21 de abril; las catalanas, el 12 de mayo y las europeas del pasado fin de semana), condicionar la entrada del Partido Popular en este organismo, y, ahora, en el Banco de España, al desbloqueo en la renovación del CGPJ, en funciones desde hace cinco años.
Si el PP no participase en el consejo de la CNMC, solo el PSOE y los nacionalistas vascos (PNV) y catalanes (Junts y ERC) se sentarían en él. Dos serán los ministerios que pujarán por colocar sus candidatos: el de Economía, al que sigue adscrita la CNMC, por su consideración de autoridad de la Competencia, y el Ministerio para la Transformación Digital, que dirige José Luis Escrivá. Y es que en la CNMC seguirán integrados el resto de reguladores sectoriales más allá del de energía que pasará a la CNE. El más importante, el de telecomunicaciones. El anteproyecto de ley de restitución de la CNE está a punto de entrar en el Consejo de estado para su dictamen y se prevé que inicie el trámite parlamentario en julio.
Las vacantes en el organismo que preside Cani Fernández, se corresponden a las de las consejeras María Ortiz (la última que quedaba de los nombrados en su día a propuesta del PP) y Pilar Canedo (que representaba al extinto Ciudadanos) que optaron por abandonar la CNMC el pasado verano una vez cumplidos sus respectivos mandatos de seis años.
Para ello necesitaron del permiso expreso del Gobierno, ya que la norma establece que los vocales no pueden abandonar su cargo en tanto no sean sustituidos. Tal es el caso de otros dos consejeros que deben ser relevados: Xabier Ormaetxea y Bernardo Lorenzo, cuyos mandatos expiraron el pasado 23 de septiembre, aunque continúan desde entonces de modo provisional. La quinta vacante corresponde a la del exvicepresidente, Ángel Torres, quien falleció el pasado agosto.
La CNMV
En el caso de este organismo y en el de la CNMV (en este último tras la reforma introducida en 2022 por la anterior ministra de Economía, Nadia Calviño), los consejeros pueden continuar en funciones más allá del fin de sus mandatos hasta que el Gobierno pacte su sustitución con las distintas fuerzas políticas.
Además, desde entonces los mandatos pasan de cuatro a seis años sin posibilidad de renovación por otros cuatro. Dado que en diciembre el presidente y la vicepresidenta de la CNMV cumplen cuatro por el antiguo sistema, podrían ser renovados por otros dos años, hasta completar los seis.
Nadie confía en un acuerdo sobre el CGPJ
El Gobierno insiste en que no pactará con el PP su entrada en los consejos de los distintos organismos supervisores y reguladores en tanto este no acepte la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), bloqueada desde hace cinco años. Una posición retórica, según fuentes políticas, ya que nadie a estas alturas confía en alcanzar acuerdo alguno en el órgano de gobierno de los jueces.
Cerrar la puerta a los populares en la CNMC, CNMV, Banco de España o CNE, no deja de ser complicado porque obliga a afinar pactos con otros partidos para evitar el veto en el Congreso. Aunque la ley no exige tales pactos para repartirse los consejos, la urgencia de los mismos se deriva indirectamente de la necesidad de que la Comisión correspondiente del Congreso no vete los nombramientos propuestos por el Gobierno. Si el Ejecutivo cuenta con mayoría absoluta en el Congreso, no precisa pactar con nadie. El pacto es una práctica institucional convencional de tipo informal y un imperativo para Gobiernos en minoría.
La Comisión correspondiente del Congreso lo que sí puede es vetar un nombramiento dentro del plazo de un mes desde la comunicación de los candidatos. Así está previsto, por ejemplo, para la CNMC o el CSN: “El Congreso, a través de la Comisión competente y por acuerdo adoptado por mayoría absoluta, podrá vetar el nombramiento del candidato propuesto en el plazo de un mes”. Transcurrido dicho plazo sin manifestación expresa del Congreso, se entenderán aceptados los correspondientes nombramientos”.
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