El juez amplía el caso Gedesco e impone a sus exconsejeros una fianza de 65 millones
El magistrado instructor de Valencia admite la ampliación de querella presentada por el fondo JZ International e imputa a otras seis personas
El juez de Valencia que investiga el presunto desvío millonario de Gedesco, la compañía valenciana de financiación a pequeñas y medianas empresas, ha acordado ampliar los hechos a esclarecer en esta causa y ha impuesto una fianza de 65 millones de euros a los antiguos consejeros de la compañía valenciana contra los que se querelló JZ International (los fundadores del grupo, Antonio Aynat y Francisco Javier García Escrivá, los exd...
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El juez de Valencia que investiga el presunto desvío millonario de Gedesco, la compañía valenciana de financiación a pequeñas y medianas empresas, ha acordado ampliar los hechos a esclarecer en esta causa y ha impuesto una fianza de 65 millones de euros a los antiguos consejeros de la compañía valenciana contra los que se querelló JZ International (los fundadores del grupo, Antonio Aynat y Francisco Javier García Escrivá, los exdirectores europeo del fondo Miguel Rueda y Ole Groth, y José Luis Villafranca). Asimismo, el magistrado ha fijado una ronda de interrogatorios y les ha citado a declarar los próximos 22 y 23 de abril.
En un auto, con fecha del pasado 4 de marzo, al que ha tenido acceso CincoDías, el titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, Víctor Gómez Saval, ha admitido a trámite una ampliación de querella del fondo norteamericano (que posee el 67,5% de Gedesco), que atribuye a los exconsejeros de la compañía los presuntos delitos de administración desleal, revelación de secreto de empresa, falsedad en documento mercantil, estafa, falsedad contable, impedimento del ejercicio de los derechos societarios, apropiación indebida e imposición de acuerdos lesivos.
En su nuevo escrito, presentado el pasado 7 de diciembre, JZI —representada a través de la filial JZ Geldhold, socia mayoritaria de Gedesco— denunció que los investigados, con ayuda de colaboradores, estaban realizando una serie de actuaciones paralelas a las causa judicial con el fin de “vaciar patrimonialmente las filiales del grupo Gedesco, canalizándolo hacia un entramado paralelo de sociedades con el que poder operar el negocio sustraído”.
En esta línea, la firma de David Zalaznick y Jay Jordan afirmó que los querellados habían interesado judicialmente la disolución de la matriz Gedesco y subrayó otros hechos como “el incumplimiento de las medidas cautelares acordadas, cierre de oficinas del grupo Gedesco, desconexión telefónica y digital con imposibilidad de acceso por parte de clientes, apropiación de activos mobiliarios mediante el empleo de testaferros y un nuevo entramado societario creado exclusivamente para dicho fin”.
Más investigados
Para el magistrado instructor, las pruebas aportadas con la ampliación de la querella desprenden “indicativos de una posible distracción y desvío de la actividad de negocio”, según explica en su auto. Por ello, acepta ampliar la causa y dirigirla también contra otras seis personas, que también han sido citados a declarar como investigados entre el 24 y 26 de abril.
Asimismo, el juez quiere aclarar si, tal y como afirma JZI, los anteriores consejeros de Gedesco han incumplido determinadas medidas cautelares impuestas, como la prohibición de disponer de las participaciones sociales de las filiales Gedesco Services, Gedesco Factoring y Pagaralia, después de que el pasado mes de junio les limitara los poderes. A ello se sumó que, el pasado noviembre, el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Valencia les apartó provisionalmente del consejo de la matriz Gedesco Finance y designó a otros consejeros independientes.
Así las cosas, el juez instructor ha impuesto a Aynat, García Escrivá, Rueda, Groth y Villafranca una fianza de 65 millones de euros, “en tanto no se adquiera certidumbre acerca de que los nuevos administradores (...) estén en condiciones plenas y efectivas de administración del negocio y finanzas del Grupo” y con el objetivo de “garantizar la posible responsabilidad civil a la que en su día pudieran ser condenados los querellados”. Fuentes jurídicas han señalado que los afectados han recurrido esta cuantía.
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