Dos años de caos en Comforsa, la industria propiedad de la Generalitat

El Gobierno catalán busca fórmulas para normalizar el futuro de la empresa, descabezada tras aflorar anomalías en la gestión y que debe competir en el mercado privados con condiciones públicas

Albert Alemany

Comforsa apenas factura 84 millones de euros, pero el hecho de que garantice el empleo a 350 personas y una buena parte de la actividad económica en una comarca rural como la del Ripollès (Girona) la ha convertido en una inversión industrial crítica para la Generalitat de Cataluña. Rescatada en los años noventa, la compañía especializada en la forja para la industria de la automoción y ferroviaria, lleva sin embargo dos años sumida en un lío, entre protestas laborales, la dificultad de competir en el mundo privado con herramientas de una institución pública y un informe del Gobierno catalán que ha aflorado anomalías en la gestión y que ha acabado descabezando su dirección, tras un despido y dos salidas voluntarias. Hoy, el cierre de determinadas operaciones depende de la firma no solo del nuevo director general (el único miembro que queda del comité de dirección de hace tan solo dos años), Josep Puig, sino del secretario general del Departamento de Empresa autonómico, Albert Castellanos. El Govern busca una fórmula para llevarla de nuevo a la normalidad. Pero el camino será largo.

El origen del jaleo interno se encuentra en un informe especial de la Intervención General de la Generalitat sobre los ejercicios 2018 y 2021, cuyo encargo ya generó una agria disputa interna en el seno del Gobierno catalán cuando lo compartían Junts y ERC. Al final los republicanos lo sacaron adelante y el resultado hizo saltar las alarmas. Los fiscalizadores, según el documento al que ha tenido acceso este diario, detectaron 1,3 millones de euros de “pagos improcedentes” entre remuneraciones al personal directivo y gastos realizados con tarjetas de crédito que se consideraron improcedentes.

Desde el Govern se considera que esa cuantía -chocante en una empresa que ha recibido 45 millones de euros de inyecciones públicas en los últimos años y que apenas ha ganado 1,5 millones de euros en tres ejercicios- hay que rebajarla al considerar que algunos pagos están justificados y que la fiscalización de la Intervención General se realizó con los criterios más estrictos aplicables a una empresa pública, sin tener en cuenta la especificidad de Comforsa, que debe competir en el mercado para asegurar clientes como los fabricantes de camiones Scania, Iveco o Volvo.

Pero igualmente tomó medidas. Despidió al anterior director general, José Recaredo Vidiella, por subirse el salario a espaldas del consejo de administración (de 85.000 a 219.9980 euros brutos anuales) además de cargar otros gastos a la empresa como el alquiler de un apartamento (el montante final que le afecta asciende a los 714.000 euros) y acordó con otros tres miembros del comité de dirección que devolvieran mejoras salariales y otros gastos no consensuados.

El informe incluye una mención especial a Soldatal, un proveedor de maquinaria de Comforsa que elevó su facturación a la empresa de la Generalitat hasta cobrar entre 2018 y 2022 un total de 12,4 millones de euros de la empresa pública. Vidiella fue allí a trabajar después de su despido en abril de 2022. Pero la Generalitat, más allá de ese incremento de facturación, asegura no haber hallado nada anómalo en esa relación, pese a que la intervención alertaba que “prácticamente la mitad de la facturación de esta empresa no está apoyada por ningún documento jurídico”, habiendo obviado la contratación pública de la que depende Comforsa. En todo caso, Generalitat y el exdirector general mantienen denuncias cruzadas en los juzgados y el Gobierno catalán ha decidido llevar también la denuncia, para ver si existen responsabilidades contables, al Tribunal de Cuentas.

Salida de directivos sin reemplazar

Vidiella fue el primero en salir con un despido, pero posteriormente abandonaron la compañía el director de finanzas, Robin Searle, y muy recientemente, el director de recursos humanos, Jesús Sánchez. Ninguno de esos cargos han sido sustituidos y solo queda como director ejecutivo quien fuera el responsable ejecutivo, Josep Puig. La incapacidad para contratar a nadie por la situación de interinidad en la que se encuentra la compañía ha provocado que la firma de Castellanos sea imprescindible para sacar adelante operaciones de calado. El Govern espera poder introducir en la ley de acompañamiento a los presupuestos de 2024, pendientes de aprobar, un artículo para intentar ganar flexibilidad para contratar nuevo personal y completar las vacantes de un comité de dirección que ahora es casi unipersonal y que ha generado esa disfunción en el día a día.

Esa dificultad es solo una de las dificultades operativas de Comforsa, que al estar dentro del perímetro de la Administración autonómica está muy condicionada por el reglamento público. Solo un ejemplo: el convenio colectivo está pendiente de actualización y la plantilla cortó carreteras en diciembre para reclamar mejoras en sus condiciones laborales. El Govern tuvo que aprobar de forma excepcional un anticipo para asegurar una mejora salarial del 3% para acallar las protestas. Se trataba de una medida transitoria, pero fuentes del Departamento de Empresa reconocen que tal y como están las cosas, no hay mucho margen más. Apenas llega al 3,5% de incremento final. “Medidas quirúrgicas”, en definitiva, hasta resolver del todo la situación.

¿Y cuál es esa solución final? La Generalitat trabaja en un plan para que la relación entre Comforsa y la Administración catalana sea similar a la que tiene con su operador ferroviario, Ferrocarrils de la Generalitat (FGC): que se establezca a través de un contrato-programa que fije a medio plazo, entre otras, condiciones para fijar plantilla o precios públicos y a la vez dotarle de cierta independencia de gestión. Si todo va bien, ese documento estaría listo a finales de 2024. La Generalitat parece haber aparcado definitivamente una posible venta de su industria.

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