Industria busca consultora para diseñar un fondo de ayudas a la descarbonización
Quiere convocar subastas ligadas al precio de los derechos de emisión de CO2, similares a las renovables, en el marco del Perte para la descarbonización
La Secretaría General de Industria y de la Pyme, del Ministerio de Industria, quiere fichar a una consultora que diseñe un mecanismo para la creación de un fondo de apoyo a los contratos por diferencias de carbono en el marco del Perte (proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica) de descarbonización industrial, cuyas inversiones públicas ascenderán a un total 3.100 millones de euros, entre préstamos y subvenciones.
Por el momento, el ministerio ha lanzado una consulta preliminar de mercado como paso previo a un posible procedimiento de licitación para contratar posteriormente a una consultora especializada. Según la convocatoria de consulta, el objetivo es realizar “el estudio y evaluación de un instrumento basado en el concepto de contratos por diferencias”, como los que se utilizan, por ejemplo, en las subastas de energías renovables. Las plantas pujan por un precio durante un periodo de tiempo y si este resulta superior al que perciben en el mercado se les devuelve la diferencia, y, si es inferior, se les compensa. Al hilo del éxito del Gobierno de Países Bajos con una propuesta en esta línea, autorizada por Bruselas y que están intentado emular Alemania o la propia España.
El Perte de descarbonización industrial, cuya memoria aprobó el Consejo de Ministros el 27 de diciembre del año pasado, prevé un estudio para el diseño de contratos por diferencia destinados a grandes proyectos industriales, con altos costes asociados y que permitirían grandes reducciones de emisiones de CO2.
En el caso de los contratos por diferencias, se trata de ver los requisitos del contrato; a qué empresas podrían dirigirse (industria manufacturera, energéticas, etc.). No se descarta realizar un proyecto piloto en alguna empresa o sector concretos. Con la consulta preliminar, el ministerio que dirige Héctor Gómez pretende averiguar qué mecanismos se aplican en otros países, condiciones y contratos y, en definitiva, la viabilidad de estos.
Fuentes empresariales consideran que otorgar ayudas públicas para la descarbonización resultará más efectivo que la obligación de las empresas de comprar derechos de CO2 en el mercado europeo de emisiones, cuyo precio ha sido muy fluctuante. El objetivo es dar estas ayudas para que las empresas adapten sus procesos productivos y reduzcan sus emisiones, lo que derivaría en un ahorro en la compra de derechos. Las ayudas públicas se justificarían para lograr reducciones significativas de emisiones.
En este caso se subastaría un precio en euros por tonelada de CO2 así como el volumen en toneladas a reducir. Las subastas las ganarían las empresas dispuestas a reducir más las emisiones (invirtiendo en nuevos procesos productivos menos contaminantes) y que ofrezcan un menor precio por las emisiones. Llegado el momento, la ayuda se liquida en función de la diferencia entre el precio de mercado y el pactado.
Con este mecanismo las industrias adjudicatarias se beneficiarían, por una parte, de las ayudas en sí y, por otra, del ahorro que les supondría tener que comprar menos derechos en el mercado de emisiones. Por ambas vías, podrían abordar inversiones para descarbonizar sus procesos productivos. Ya hay acerías que producen sin carbono, con hidrógeno verde, pero, según las mismas fuentes, “al ser este más caro, deben recibir ayudas en tanto se reducen los costes”.
Se desconoce si el ministerio optará por una subasta para toda la industria o haría distintas pujas según las tecnologías, como ocurre con las renovables.
La semana pasada, Industria anunció la publicación en octubre de la primera línea de ayudas “a la actuación integral” para la descarbonización por un montante de 1.000 millones de euros (500 millones en subvención y 500 millones para préstamos). Asimismo, el ministerio prevé sacar la cuarta línea de ayudas antes de finales de año. Los fondos para el Perte a la descarbonización, los citados 3.100 millones de euros, procederán de la adenda al plan de recuperación que el Gobierno está negociando con la Comisión Europea.
Este Perte es el que recibirá la mayor cuantía y se divide en cuatro tipos de medidas: ayudas a la actuación integral para la descarbonización; ayudas a empresas manufactureras para hidrógeno renovable, el citado estudio sobre el desarrollo de un fondo de apoyo a los contratos por diferencias de carbono y, por último, ayudas para el desarrollo de nuevas instalaciones manufactureras altamente eficientes.
Un 37% menos de emisiones
Según la propuesta del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) que el Gobierno ha enviado a Bruselas, España ha registrado una reducción en las emisiones brutas de gases de efecto invernadero del 37% en 2020 respecto a 2005. No obstante, hay que tener en cuenta las medidas excepcionales de la pandemia de Covid.
Por sectores, el de la energía (las emisiones por el uso de energía en el transporte, la industria, la generación eléctrica y calor y los sectores residencial y comercial) origina el 75,5% de las emisiones acumuladas en el periodo considerado; el correspondiente a los procesos industriales y el uso de productos, algo más del 10%, al igual que el sector de la agricultura y ganadería.
La vía de las industrias para seguir produciendo en tanto reducen sus emisiones es comprar derechos en el mercado europeo de CO2, cuyo precio es muy fluctuante (desde 24 euros/tonelada en 2020 a 86 euros en lo que va de 2023). Los expertos consideran un paso importante las subastas de contratos por diferencias, que permitirá a la industria garantizarse un coste estable de dicho precio: si el del mercado es superior al que resulte en la subasta, se les compensará, y viceversa. También se subastaría el volumen de toneladas de CO2 que las empresas estén dispuestas a recortar.
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