Anfac advierte del riesgo de que la normativa Euro 7 paralice al motor y genere despidos
El director general de la patronal de la industria automovilística española sostiene que el plan de la Comisión Europea pone en peligro la continuidad de las cadenas de producción
El director general de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), José López-Tafall, ha advertido este jueves de que la aprobación de una normativa Euro 7 mal enfocada puede tener impacto en el empleo, ya que, tal y como está planteada la propuesta actual de la Comisión Europea, se genera una “discontinuidad” en las cadenas de producción que llevaría a parar la producción de los vehículos de combustión para adaptarla a una tecnología que “todavía” se desconoce. En este sentido, López-Tafall ha pedido una “revisión profunda” de la normativa Euro 7 y ha reclamado “una posición más ambiciosa” por parte del Gobierno de España, en sintonía con los planteamientos de Alemania y de otros países, en esa necesidad de revisar el actual planteamiento de la Comisión Europea.
La normativa Euro 7 fue aprobada el pasado otoño y representa un nuevo endurecimiento de lo contaminantes que pueden ser los vehículos en la Unión Europea. Es especialmente exigente con los vehículos diésel, afectará también a vehículos pesados y además, incluye novedades en la forma de medir las emisiones. Es este último punto el que más preocupó en su momento a Acea, la versión europea de Anfac. La medición de las emisiones se realizará en condiciones reales de uso y deberán cumplirse con los límites establecidos durante los primeros 200.000 kilómetros de circulación y los 10 primeros años.
A finales de marzo, el presidente de Acea y CEO de Renault, Luca de Meo, compareció en el Parlamento Europeo para explicar que la industria automotriz europea se encuentra en un punto de inflexión. Según de Meo, desde el punto de vista de los fabricantes, implicaría un coste de adaptación de entre 20.000 y 35.000 millones de euros. Desde el punto de vista del comprador, De Meo comentó en enero que supondrá un encarecimiento de 2.000 euros de media por cada vehículo de combustión, afectando especialmente a los coches compactos y pequeños. En el caso de España se estima que peligrarían el 60% de las ventas actuales. Esto, provocaría a su vez, según los fabricantes de automóviles, el cierre de líneas de producción y plantas en Europa. En el caso de Renault, de Meo habló de cuatro fábricas que cerrarían.
Según ha explicado López-Tafall a preguntas de los periodistas este jueves con motivo del primer Congreso Future Mobility Challenges, organizado por el Cluster de Automoción de Castilla y León, FACYL, en Valladolid, lo que se planteado por parte de la normativa Euro 7 hasta ahora ha sido una “propuesta inicial” de Reglamento, “que en el mejor de los casos será a finales de este año”.
Dicho esto, ha precisado que detrás de ese Reglamento llegarán “un conjunto de medidas de detalle técnico” que pueden durar hasta dos años para que conocer con exactitud cuáles son. “Y, sin embargo, el plazo de implantación es 2025″, ha lamentado el director de Anfac que ha insistido en que eso supone que no hay “tiempo material para adaptar los motores”, lo que obligaría a parar la producción para adaptar las líneas existentes y lanzar los nuevos propulsores que se adapten.
“La industria no es algo con lo que se pueda jugar ni parar un día y pensar que al día siguiente se arregla. Estos son procesos inversores grandes que llevan tiempo y, si eso sucede, habría riesgo de parada de líneas de producción”, ha reiterado el director general de Anfac que insistido en que tal y como está planteada la propuesta “no tiene lógica industrial” ya que “despista” las inversiones en las que el sector ha puesto el foco, 2035 y el fin de los vehículos de combustión.
“Por tanto, necesita una revisión profunda”, ha concluido José López-Tafall que ha recordado que el sector ha trasladado estas inquietudes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que, según ha asegurado el directivo, se mostró “sensible” a esta una problemática “que afecta muy especialmente la industria española” por su especialización en la parte de combustión, “que cada vez es menor pero sigue siendo la mayoritaria en vehículos de menor tamaño”.
Eso conllevaría que los costes unitarios de las inversiones adicionales pesen más en el coste final lo que llevaría a perder más competitividad que otros países, por lo que ha reclamado “una posición más ambiciosa de España en cuanto a la necesidad de revisar Euro 7”, en sintonía con los planteamientos de Alemania y de otros países. “Más claro no lo hemos podido decir”, ha sentenciado.
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