El expresidente de Pescanova entrará en prisión tras no lograr rebajar la pena
El Tribunal Supremo desestimó su petición de modificar la condena a seis años de prisión
El expresidente de Pescanova se queda sin opciones para eludir la prisión. Manuel Fernández de Sousa-Faro logró aplazar algo más de un mes la ejecución de la sentencia que le condenó a seis años de cárcel por maquillar las cuentas del gigante pesquero para captar inversores, pero una vez que el Tribunal Supremo ha rechazado rebajar su pena, se ve obligado a ingresar en un centro penitenciario.
El Alto Tribunal ratificó el pasado febrero gran parte de la sentencia de la Audiencia Nacional de 2020 sobre el caso Pescanova, si bien rebajó la condena de ocho años impuesta al expresidente de la compañía gallega. Los magistrados confirmaron que Fernández de Sousa-Faro lideró, junto a su cúpula directiva, una serie de prácticas irregulares para obtener financiación bancaria para la empresa, si bien entendió que los delitos de falsedad en documento mercantil y estafa agravada no quedaron acreditados y les absolvió de estos ilícitos, dejando la condena en seis años de cárcel.
Tras conocer este fallo, el exalto directivo de Pescanova solicitó una rectificación, al entender que se le atribuía una conducta ilícita continuada sin pruebas. Con ello, Fernández de Sousa-Faro buscaba una nueva reducción de la condena, al tiempo que retrasaba el inicio de su privación de libertad. La Sala de lo Penal del Supremo denegó ayer esta pretensión. “No ha lugar a aclarar ni rectificar el extremo interesado por la representación procesal de don Manuel Fernández de Sousa-Faro con relación a nuestra sentencia”, concluyeron los magistrados.
Notificación de la sentencia
Con esta situación, la cuenta atrás para ingresar en prisión se reactiva. Fuentes de la defensa señalaron a CincoDías que el expresidente de Pescanova acudirá en los próximos días a la Audiencia Nacional para que le notifiquen la sentencia y le den el plazo, que normalmente suele ser de entre cinco y 10 días, dependiendo de la gravedad del asunto, para iniciar su internamiento penal. La Audiencia Nacional ha sido el órgano jurisdiccional encargado de investigar y enjuiciar el caso Pescanova y por ello es el competente para ejecutar la sentencia.
Tras el rechazo del Supremo, la vía judicial para evitar la prisión queda agotada y se abre la puerta a recurrir al Tribunal Constitucional y pedir como medida cautelar la suspensión de la condena, mientras se resuelve el fondo del asunto. Al respecto, las mismas fuentes indicaron que no se baraja por ahora este escenario y que, en caso de que así ocurra, se desarrollaría en paralelo a su ingreso en prisión. El órgano máximo intérprete de la Carta Magna no suele atender a este tipo de peticiones cuando se trata de penas superiores a cinco años de cárcel, salvo contadas excepciones.
Lo mismo ocurre con otras medidas alternativas para eludir la cárcel, como el ingreso en un Centro de Internamiento Social (CIS). Según explican las fuentes consultadas, esta posibilidad se da para aquellos casos de especial relevancia en los penados con una enfermedad grave o con más de 70 años. Fernández de Sousa-Faro cumple la última circunstancia, pero en este caso el requisito también es que la condena sea inferior a cinco años. Fuentes de la defensa apuntan que otra cosa es que después Instituciones Penitenciarias le clasifique en un régimen de tercer grado o semilibertad por su edad.
El caso Pescanova estalló en 2013 cuando la compañía no presentó las cuentas anuales del ejercicio anterior ante el Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). A partir de entonces, empezaron a destaparse operaciones que no correspondían con la realidad. Entre 2007 y 2013, Pescanova llevó a cabo una serie de inversiones, especialmente en acuicultura (construcción de granjas marinas para la cría del salmón, langostino y rodaballo) y la adquisición de nuevas compañías en Sudamérica o África, que ascendieron a más de 830 millones de euros. Algunos de estos proyectos empezaron a sufrir determinados problemas e impidieron que las inversiones empezaran a generar flujos de caja positivos. Ello provocó una de las mayores quiebras empresariales de España.
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