La CNMC investiga a Google por un posible abuso en el sector editorial español
La tecnológica podría haber impuesto condiciones comerciales no equitativas a las editoras y agencias de noticias
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha iniciado un expediente sancionador contra Google y su matriz Alphabet por un posible abuso en el mercado de los medios de comunicación en España. El organismo supervisor ha iniciado sus pesquisas sobre una serie de prácticas llevadas a cabo por la tecnológica que podrían suponer un abuso de dominio con respecto a las editoriales de publicaciones de prensa y agencias de noticias.
En concreto, la CNMC investiga posible imposición por parte de Google de condiciones comerciales no equitativas a las editoras de prensa y agencias de noticias para la explotación de su contenido protegido por derechos de propiedad intelectual. El organismo también indaga otras prácticas que constituirían actos de competencia desleal que podrían falsear la libre competencia, lo que supondría infringir la Ley de Propiedad Intelectual y explotar la situación de dependencia económica en la que se encontrarían las editoriales de prensa y agencias.
Por ello, y a la vista de la información recabada tras una denuncia del Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO), la dirección de competencia de la CNMC considera que existen indicios racionales de la comisión por parte de Google de infracciones de la Ley de Defensa de la Competencia y del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. En todo caso, el organismo regulador recuerda que la incoación de este expediente no prejuzga el resultado final de la investigación.
Por su parte, portavoces de la empresa señalan que: “Google trabaja de manera constructiva con los editores en España y en Europa. Realizamos inversiones significativas a través de nuestros productos, programas y financiación. Analizaremos los detalles de este caso y responderemos las dudas de la CNMC”.
Tras la apertura de este expediente, ahora la CNMC contará con un periodo de 18 meses para su instrucción y resolución.
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