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Unidas Podemos propone que Ferrovial no reciba contratos de administraciones españolas

Ione Belarra denuncia el traslado de la compañía a Países Bajos como un caso de ‘dumping fiscal’

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, durante una rueda de prensa posterior a la reunión de la Junta de Portavoces, en el Congreso de los Diputados, a 14 de febrero de 2023, en Madrid (España).
14 FEBRERO 2023;PRENSA;RUEDA DE PRENSA;CONGRESO;JUNTA DE PORTAVOCES;POLITICOS
Eduardo Parra / Europa Press
14/02/2023
El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, durante una rueda de prensa posterior a la reunión de la Junta de Portavoces, en el Congreso de los Diputados, a 14 de febrero de 2023, en Madrid (España). 14 FEBRERO 2023;PRENSA;RUEDA DE PRENSA;CONGRESO;JUNTA DE PORTAVOCES;POLITICOS Eduardo Parra / Europa Press 14/02/2023Eduardo Parra (Europa Press)

Unidas Podemos, el socio de Gobierno del PSOE ha aprovechado la polémica en torno al traslado de sede de Ferrovial a Países Bajos para recuperar su mensaje más duro contra el sector empresarial. Por un lado, el portavoz de los morados en el Congreso de los Diputados, Pablo Echenique, propuso este miércoles que las administraciones públicas españolas dejen de dar contratos a Ferrovial, y, por el otro, la responsable de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, describió el anuncio como “un caso claro de ‘dumping’ fiscal”.

“Si Ferrovial se va a Países Bajos para pagar menos impuestos, entonces, que sea Países Bajos y no España los que les den contratos de obra pública, ¿no?”, escribió Echenique en sus redes sociales. “El dinero público español mejor invertirlo en contratos con empresas que respetan a nuestro país y pagan sus impuestos aquí”, ha añadido, según ha recogido Servimedia.

Por su parte, Belarra abogó por una “fiscalidad común” en toda la UE para evitar estas prácticas entre países socios y aprovechó para volver a criticar al sector de la alimentación de forma muy concreta y los calificó de “auténticos salteadores de bolsillos” por beneficiarse de la subida de los precios.

Lo hizo en una entrevista en Cuatro recogida por Servimedia, en la que, consciente del revuelo que produjo cuando calificó al presidente de Mercadona, Juan Roig, como “capitalista despiadado”, y días después cambió el adjetivo por el de “usurero”, al hablar de las ganancias extraordinarias de los supermercados, comentó: “Ya no sé cómo llamarlo, auténticos salteadores de bolsillos”.

Belarra recordó la propuesta de todo Unidas Podemos de fijar un precio máximo a una cesta de la compra básica y, si el PSOE no quiere imponerlo aunque le faculte a hacerlo la Ley de Comercio Minorista, al menos bonificar un 14% su coste a las familias para devolverlo al previo a la guerra de Ucrania; algo que, precisó, “sólo requiere voluntad política”, dado que ya se hizo con los carburantes.

Otros cargos del espacio confederal han criticado la decisión de Ferrovial, a cuyos directivos acusan de ser “antipatriotas” y de tratar de “evadir impuestos” como el reciente tributo de solidaridad de grandes fortunas.

A través de Twitter la coportavoz de la formación morada y candidata a la Comunidad de Madrid, Alejandra Jacinto, ha recriminado que el caso de Ferrovial ilustra que “este es el patriotismo de las constructoras: construir en base a pelotazos urbanísticos y evadir los impuestos”. “Son la antiEspaña”, ha lanzado en las redes.

Por su parte, el presidente del grupo confederal en el Congreso y dirigente de En Comú Podem, Jaume Asens, ha ido más allá y ha deslizado que Ferrovial es una empresa fue “favorecida por el franquismo”, con beneficios “récord” en 2022 y cuyo presidente es “el tercer hombre más rico de España”. “Ahora se va a los Países Bajos para pagar menos impuestos. Su patria es el dinero”, ha recriminado Asens.

Mientras, el dirigente de IU y secretario general del PCE, Enrique Santiago, ha proclamado que Ferrovial deja de ser una empresa española para convertirse en una sociedad holandesa, algo que evidencia una “ingeniería fiscal para no tributar en España por la actividad desarrollada en otros países”.

“¡Teniendo domicilio en España tendría que tributar aquí por todos sus beneficios. Unos patriotas!”, ha censurado también en las redes sociales, según recoge Europa Press.


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