Leyes que encallan en la burocracia de las Cortes
A siete meses de las elecciones generales, varios proyectos legislativos de peso económico podrían no estar listos antes de los comicios
Se aproximan tiempos de maratón legislativa. La cercanía de las elecciones generales hace presagiar que vendrán meses de negociaciones exprés, reuniones de pasillo y tramitaciones por la vía de urgencia. Esta legislatura, el Gobierno de coalición, formado por PSOE y Unidas Podemos, ha sacado adelante un total de 116 leyes; sin embargo, hay 60 proyectos legislativos a la espera de su aprobación definitiva en el Congreso y el Senado. Con el cronómetro electoral en marcha, la viabilidad de estas leyes está en el aire.
Por el momento, solo tres proyectos superan el escalón que los lleva a la Cámara Alta y tienen encaminada su aprobación definitiva. Son la Ley de Servicio de Atención al Cliente, la Ley de Prevención del Desperdicio Alimentario y la Ley del Mecenazgo.
El resto de las propuestas encallan, por distintas razones, en la burocracia parlamentaria. Un motivo común es la falta de acuerdo político: las leyes, una vez admitidas a trámite por el Pleno del Congreso, pueden ser objeto de enmiendas a su articulado por parte de los partidos. El plazo para presentar dichas correcciones puede prorrogarse tantas veces sea necesario, y ello condena a muchas de estas leyes embrionarias al limbo.
¿Qué iniciativas de peso económico se encuentran en esta tesitura? Estos son los anteproyectos y proyectos legislativos que, o bien ven la luz, o bien quedarán en el cajón.
Agricultura
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, capitaneado por Luis Planas, está pendiente de la aprobación de su ley contra el desperdicio alimentario, una norma que controlará que las empresas de los tres sectores no malgasten comida, en ningún punto de la cadena de la cosecha al plato. El texto, desbloqueado hace unas semanas en el Parlamento, encara su tramitación en el Senado. Es plausible que su aprobación definitiva sea realidad en el último cuatrimestre del año.
Industria
Situación distinta presenta la Ley de Industria, la norma llamada a revolucionar el tejido productivo del país y apostar por la sostenibilidad de la producción, que llega al final de la legislatura sin un cuerpo normativo definido. Fuentes del ministerio aseguran a CincoDías que el su articulado estará listo antes de la llegada del verano. El recientemente nombrado ministro de Industria, Comercio y Turismo, Héctor Gómez, se mostró hace unos días optimista en el Congreso confiando que el prearticulado esté listo “en breve” para su remisión a la Cámara Baja.
Lobbies
También será complejo (aunque no imposible) que el Gobierno culmine la tramitación del anteproyecto de Ley de Transparencia y de Integridad en las Actividades de los Grupos de Interés, también conocida como ley de lobbies. Se trata de uno de los proyectos estrella de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. La intención del Ejecutivo es que el texto, aún pendiente de aprobación en segunda vuelta en el Consejo de Ministros, sea promulgado de forma definitiva “antes del final de legislatura”, según fuentes ministeriales; sin embargo, el documento aún tiene que salir de La Moncloa y pasar por Congreso y Senado. La norma propone regular las relaciones entre los grupos de presión y los altos cargos de la Administración, crear un registro público de estos grupos y prohibir las puertas giratorias: impondrá un veto a exdirigentes para realizar actividades relacionadas con su actividad pública durante los dos años siguientes a su cese.
Consumo
Dos proyectos de especial importancia esperan luz verde en materia de consumidores.. En primer lugar, la Ley de Servicios de Atención al Cliente pretende acabar con las esperas de los consumidores al teléfono con grandes compañías y los altos grados de insatisfacción de los usuarios con la atención de las empresas. Tachada por las patronales de excesiva, y por las asociaciones de consumidores de benévola, la propuesta del ministerio que dirige Alberto Garzón se encuentra en el Senado y se estima que vuelva al Congreso antes de septiembre. En segundo término y menos avanzada, se encuentra la iniciativa para regular las acciones colectivas, que aún es objeto de discusión en la Cámara Baja. Esta norma prevé un sistema para la defensa colectiva de usuarios afectados por grandes litigios, como los abusos bancarios o los daños por cárteles, así como regular los procesos de financiación de pleitos por parte de fondos interesados.
Movilidad
El Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana de Raquel Sánchez se juega la puesta a punto de la Ley de Movilidad Sostenible, en tramitación parlamentaria desde diciembre. De terminar el trámite, la ley impondrá novedades como la obligación a empresas de más de 500 trabajadores de contar con planes de movilidad sostenible. Además, reorganizará el mapa concesional del sistema de líneas de autobuses y se marcará como objetivo la descarbonización de las redes de movilidad estatales. Su tramitación tampoco ha estado exenta de polémica: el pasado jueves, una coalición de 14 organizaciones ecologistas se reunió frente al Congreso para exigir una mayor concreción en el texto del PSOE.
Justicia
Los ojos se posan en las tres leyes que ministerio que conduce Pilar Llop cuece a fuego lento para digitalizar y desatascar los juzgados españoles. En concreto, la ley de eficiencia organizativa, la ley de eficiencia procesal y la ley de eficiencia digital. Su tramitación definitiva, no obstante, ha encontrado en las últimas protestas de jueces y funcionarios de Justicia un importante escollo. Las asociaciones de jueces y las plataformas de defensa de los funcionarios han exigido la paralización de la ley de eficiencia organizativa, la más ambiciosa de las tres, al considerar que la remodelación de la planta judicial se traducirá en un aumento de la carga laboral. Por su parte, el Ejecutivo impone la aceptación de la ley como condición insalvable para aceptar cualquier subida laboral. Por el momento, las leyes de eficiencia organizativa y digital esperan el dictamen preceptivo de la comisión, mientras que la de digitalización, menos avanzada, aún se encuentra en fase de enmiendas.
Conciliación familiar
La tramitación por la vía urgente de la ley de familias también plantea un laberinto. El proyecto, impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, que lidera Ione Belarra, se encuentra en su quinta prórroga del plazo para presentar enmiendas. El último palo en la rueda lo ponen los grupos parlamentarios catalanes y vascos de ERC y PNV que denuncian que la ley invade competencias autonómicas. Como principal novedad, la norma introduce nuevos permisos para trabajadores: ausencia por fuerza mayor familiar (cuatro días), cuidado de convivientes o familiares (cinco días), un nuevo permiso parental (ocho semanas, disfrutables hasta que el menor cumpla ocho años) y un permiso para la unión de parejas de hecho (15 días naturales).
Trabajo
El Ministerio de Trabajo y Economía Social de Yolanda Díaz tiene pendiente la tramitación del anteproyecto de la Ley Integral de la Economía Social y la remisión de su texto al Congreso. La futura ley modificará la normativa sobre cooperativas vigente, reforzando la lucha contra las cooperativas fraudulentas, y ampliará las definiciones de colectivos vulnerables que busquen trabajo. Paralelamente, y ya en camino legislativo, el proyecto de Ley sobre Incentivos a la Contratación Laboral sigue a expensas de las negociaciones en el Parlamento, acumulando 15 prórrogas al plazo para presentar enmiendas. En esencia, y según el texto remitido por el Gobierno a las Cortes, la norma promete un paquete de bonificaciones sociales a empresas que ofrezcan un contrato indefinido a parados de larga duración.
Cultura
El ministro del ramo, Miquel Iceta, se pronunció hace unos días en París sobre el camino de uno de sus grandes proyectos, la Ley del Cine y de la Cultura Audiovisual, que busca convertir a España en un hub audiovisual en Europa. Iceta expresó su confianza en que la ley esté aprobada “antes de acabar la legislatura”. La norma incluye entre sus novedades una fuerte inyección de ayudas a las producciones independientes y reforzar la mediación y el arbitraje para resolver desavenencias entre productoras. El texto pasó su primer examen en marzo al sobrevivir a una enmienda a la totalidad de Vox. Por el momento permanece en el Parlamento