Algunas empresas están obligadas a crear canales de denuncia: ¿cuáles son?
Las empresas de más de 50 trabajadores deberán implantarlo
La ley de Protección al informante ya está en vigor y obliga a algunas empresas a implantar un canal de denuncia. De acuerdo con la normativa, las empresas que tengan más de 50 trabajadores tendrán que implantar un canal de denuncia en un plazo de 9 meses desde que se publicó la norma, esto es, hasta el 13 de junio.
El objetivo de esta medida, según indican desde Grupo 2000 es proteger a los denunciantes en caso de fraude.
Así, los canales de denuncia se crean para proteger a las personas que denuncian o informan sobre casos de corrupción, fraude o violaciones de las leyes en los países de la UE. En este sentido, establecen medidas con el fin de garantizar canales protegidos para que se puedan realizar denuncias y se eviten las represalias contra estas personas.
Los expertos recuerdan que los canales de denuncias protegen a las personas que alertan sobre infracciones penales y administrativas graves o muy graves, infracciones del derecho de la Unión Europea y que afecten a los intereses financieros de la UE.
De acuerdo con la normativa, las empresas que deben crear los canales de denuncias son las personas físicas o jurídicas como empresas de 50 o más personas empleadas; las empresas del sector financiero o personas jurídicas que, aunque no tengan domicilio en España, desarrollen actividades mediante sucursales o agentes sin domicilio permanente; los partidos políticos, sindicatos, patronales o fundaciones creadas por los mismos que reciban fondos públicos y los grupos de sociedades.
Protección al denunciante
Además de implementar el canal de denuncias, las empresas obligadas tendrán que nombrar una persona física responsable del sistema que sea independiente y autónoma.
Los canales de denuncia pretenden proteger a los denunciantes que trabajen en el sector privado y público, que tengan información y conocimiento sobre infracciones laborales. Los expertos recuerdan que se tiene que proteger a todos los trabajadores, tanto indefinidos como a tiempo parcial y con contratos de duración determinada. También a los funcionarios y trabajadores del sector público y a terceros que faciliten información al denunciante.
