Real Assets y Falck pujan por el servicio vasco de ambulancias
Concurso por 147 millones al que concurren las cooperativas Ambulancias Gipuzkoa y La Pau, además de Tenorio
El fondo inglés Real Assets y la multinacional danesa Falck pujan en el concurso abierto por el Gobierno vasco para la adjudicación del servicio de ambulancias de emergencias. Es un negocio de 147 millones organizado en varios lotes para cubrir las urgencias sanitarias de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa.
También compiten por la licitación dos cooperativas de Euskadi y Cataluña, Ambulancias Gipuzkoa y La Pau, respectivamente, además de la empresa del sector Tenorio. De estas cinco ofertas saldrá el ganador de un servicio que incluye la gestión de una flota de 74 vehículos y la subrogación de un millar de trabajadores.
Real Assets ha apostado por el negocio del transporte sanitario y no quiere dejar pasar ninguna oportunidad en este ámbito. En 2021 compró a los fondos Proa Capital e Investindustrial, antiguos accionistas de las empresas vascas Ibermática y Euskaltel, respectivamente, el 100% de Health Transportation Group (HTG).
Esta participada opera en España, Portugal y Reino Unido con 2.800 ambulancias y 7.000 empleados. HTG surgió de la fusión de Ambuibérica y TSC. En España presta servicios en Cataluña, Castilla y León y Cantabria con diversas incidencias. También está presente en Canarias y en la propia Euskadi.
Por su parte, Falk entró en el transporte sanitario en España con la compra de la empresa del sector VL, con la que opera en Cataluña. Pujó por ampliar su presencia a Valencia, La Rioja y Baleares, pero sin éxito.
Ambulancias Gipuzkoa cubre actualmente la Red de Transporte Sanitario Urgente (RTSU) y no urgente de Gipuzkoa y el servicio interno del Hospital de Basurto en Bilbao.
Y La PAU, con 40 años de trayectoria, opera tanto en Cataluña como en Euskadi, donde presta el servicio con unidades eléctricas y ha implantado el tercer turno de trabajo. Por su parte, Ambulancias Tenorio es una empresa familiar que ha vivido conflictos laborales en Extremadura y Aragón, y denuncias en Andalucía.