La justicia exige el pago de 304 millones a Cataluña por arrebatar la gestión de ATLL a Acciona
La firma de infraestructuras vendió el pleito a Fortress en 2019 por 170 millones más variables
Diez años después de que Acciona se apuntara la gestión de la compañía catalana del agua Aigües Ter Llobregat (ATLL), en un contrato otorgado por la Generalitat de Cataluña por 50 años, la compañía ha ganado un pleito en el que se reconoce una indemnización de 304 millones más intereses de demora por la anulación de la adjudicación en 2013. El fallo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña puede ser aún recurrido.
La compañía que preside José Manuel Entrecanales ve recogido un pago por parte de la Administración catalana de 262,8 millones por el canon no amortizado; otros 38,2 millones responden a inversiones no amortizadas, y los últimos 3,4 millones se deben a costes de licitación y constitución. Acciona vendió el pleito en junio 2019 a la gestora estadounidense Fortress, especializada en la compra de litigios que ya tenía en España los derechos sobre casos como el de los arbitrajes de las renovables.
Fortress será, por tanto, la beneficiaria de los derechos de cobro en este pulso en los tribunales con la Generalitat, mientras que Acciona cobrará una pequeña parte acordada como variable ligado a la indemnización. La transacción con Fortress no incluyó tres años atrás los 53,8 millones que ya había reconocido el Govern como liquidación del contrato.
ATLL Concesionaria estaba participada en un 76,05% por Acciona, quedando el resto en manos de Pioneer Investments (2%) y grandes fortunas catalanas. La compañía gestiona la gestión del agua en cuenca alta a 4,5 millones de habitantes en Cataluña. Su concesión ascendió a 1.000 millones de euros y fue la mayor privatización catalana pese a que el organismo de control de contratos administrativos de Generalitat se pronunció a posteriori en contra de la adjudicación a posterior. Acciona abonó 300 millones de canon inicial.
Fue el propio Tribunal Superior de Justicia de Catalunya el que anuló el contrato en 2013, dando por buena una reclamación de Agbar, que fue rival de Acciona en este proceso. Antes de la venta del litigio a Fortress, el Supremo ratificó en 2018 la anulación de la concesión. Ante este escenario, la firma de infraestructuras reclamó contra la Generalitat el pago de 305 millones por la anulación del contrato y otros 769 millones por daños.
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