La fiscalía alerta de la prescripción de causas por la reforma de la malversación
La rebaja de penas conlleva que el tiempo de caducidad del delito sea menor.
Cada nuevo capítulo de la reforma exprés de la malversación genera mayor malestar en el sector judicial y fiscal. La principal consecuencia de la rebaja de penas por este delito, que ha impulsado el Gobierno junto a ERC, es la avalancha de revisiones de condenas y acusaciones que se avecina. Pero dentro de este examen también se entrará a dilucidar cuáles de todas las causas en curso ahora pueden estar prescritas. Así lo advierten fuentes de la fiscalía, que explican que si las penas se reducen, también lo hará el tiempo de prescripción.
En pleno debate por el impacto que tendrá la reforma de la malversación, diversas fuentes jurídicas recuerdan que todas las modificaciones legales que sean favorables al reo se deben aplicar con carácter retroactivo. Así, no solo los condenados e imputados por este delito -frecuente en causas de corrupción- podrán ver aliviadas sus condenas, sino que también podrá afectar al posible cierre de causas por la expiración del margen temporal para investigar que marca el Código Penal.
En concreto, según avisan fuentes fiscales, este cambio legal podrá provocar el archivo de todos aquellos procedimientos que se abrieron al borde de la prescripción, es decir que la presunta responsabilidad penal caduque, con la ley aún vigente. La única excepción será que estos casos cuenten ya con una sentencia. Lo mismo ocurre con todas las causas que estaban ya bajo lupa de los investigadores, pero sin abrir formalmente una investigación judicial. Directamente irán a un cajón.
Así las cosas, una vez que la reforma, que se encuentra en trámite parlamentario, se publique en el Boletín Oficial del Estado, los jueces se verán abocados a estudiar si el nuevo texto legal beneficia a numerosos condenados por malversación, o por el contrario sus castigos siguen siendo válidos. Asimismo, las acusaciones deberán retocar sus peticiones de pena por este delito para adecuarlo al nuevo articulado. De hecho, fuentes de la fiscalía señalan que la reforma legal podrá afectar a numerosos casos, más allá de los mediáticos que prevé el legislador.
Caso a caso
Con todo ello, diversas fuentes judiciales y fiscales consultadas señalan que aún es pronto para poner nombres en la lista de beneficiados por la reforma, ya que habrá que estudiar en profundidad cada uno de los casos para ver en qué supuesto encajan. La última enmienda transaccional del PSOE y ERC, presentada el lunes, plantea rebajar hasta tres años de cárcel las penas máximas cuando no exista ánimo de lucro; y hasta cuatro años cuando los fondos públicos tengan un uso distinto al previsto inicialmente.
En este sentido, destacan que es difícil aventurar si condenados por malversación en casos de corrupción, como el líder de la trama Gürtel, Francisco Correa; el expresidente balear Jaume Matas o el exduque de Palma Iñaki Urdangarin por el caso Nóos; el expresidente de Andalucía José Antonio Griñán por los ERE; o procesados como el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González por las irregularidades en el Canal Isabel II; el ex secretario general del PP en Madrid Francisco Granados por la Púnica, o el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz por la Operación Kitchen, verán suavizadas sus penas.
De ello dependerá el texto legal que vea la luz finalmente, pues la gran diferencia que propone la iniciativa legislativa con respecto a la ley todavía en vigor (y que fue modificada en 2015 por el PP) es la intención del desvío del dinero público. En esta línea, fuentes fiscales recalcan que el ánimo de lucro es un concepto muy amplio, debido a que el provecho que una persona pueda sacar de esta conducta ilícita no es solo material. Y precisamente este será uno de los aspectos que determinarán si procede, o no, a rebajar las condenas.
