La CNMC investiga a Repsol, Cepsa y BP por los descuentos en carburantes
Las petroleras niegan rotundamente los hechos denunciados por operadores independientes
Entre los días 28 de noviembre y 2 de diciembre la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) inspeccionó las sedes de las tres grandes petroleras españolas, Repsol, Cepsa y BP, tras una denuncia presentada por dos asociaciones de operadores independientes que consideran que los “agresivos” descuentos que estas compañías vienen realizando en los carburantes (hasta 10 céntimos por litro, que se suman a los 20 céntimos impuestos por el Gobierno y financiados por el Estado) “les están expulsando del mercado”.
Así lo han confirmado fuentes empresariales después de que a primera hora de la mañana la CNMC comunicara que había realizado dichas inspecciones “a diversos operadores activos en el sector energético español por posibles prácticas anticompetitivas” y cuyos nombres no desvelaba, pero que no tardaron en salir a la luz. Según la autoridad de la Competencia el expediente tiene su origen en la presentación de varias denuncias y la investigación tiene carácter reservado.
Tanto Repsol como Cepsa han reconocido que habían recibido la visita de los inspectores del organismo que preside Cani Fernández para reclamarles documentación. Un portavoz de Repsol asegura que la compañía “ha colaborado plenamente con la CNMC” y niega “rotundamente los hechos denunciados” y “que cumple estrictamente con las normas de competencia”. También en Cepsa señalan oficialmente que han puesto “a disposición del organismo supervisor toda la información requerida, con el pleno convencimineto de la correcta actuación de nuestra compañía en materia de competencia”.
Las empresas afectadas han mostrado un “profundo malestar” por que se investiguen unos descuentos que son públicos y transparentes desde su implantación la primavera pasada. Y que, por cierto, les solicitó el Gobierno para aliviar las consecuencias de la escalada de los precios energéticos. También por la decisión de la CNMC de desvelar una investigación cuando esta no se ha traducido en la apertura de un expediente sancionador.
Las denunciadas consideran que el anuncio de la investigación (o un expediente informativo), de por sí, ya les supone un perjuicio para su imagen. Hacer descuentos no va contra la ley de la competencia: “en un mercado liberalizado solo está prohibido vender a pérdida”, recalcan fuentes empresariales.
El sector de las estaciones de servicio independientes denuncia que las tres grandes petroleras les cobran un precio superior por el combustible que les compran al que le cobran a sus gasolineras abanderadas. Las petroleras se defienden asegurando que el precio está relacionado con los contratos que firman, más beneficiosos si son a largo plazo que si se adquiere el producto cada día.
El pasado marzo, anticipándose incluso a la bonificación de 20 céntimos por litro aprobada por el Gobierno, que entró en vigor el 1 de abril y caduca el 31 de diciembre, las grandes petroleras comenzaron a aplicar ya descuentos en la venta de carburante en sus estaciones de servicio a través de sus distintos programas de fidelización. Repsol calucla que, en su caso, los ahorros que se han producido, ronda los 440 millones de euros. El Gobierno no ha decidido aún si va a ampliar el plazo de los descuentos (o si lo hace será para una parte de los consumidores), que termina a finales de este mes.
Amenazas
Varias compañías de gasolineras low cost mostraron entonces su intención de denunciar ante la CNMC este comportamiento de las grandes del sector por entender que existía un pacto para estas campañas y acabar así con la competencia en el mercado.
Las prácticas anticompetitivas pueden derivar en una infracción de los artículos 1 y 2 de la Ley de Defensa de la Competencia y 101 y 102 Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, según recordó ayer el organismo en su comunicado. Estos artículos hacen referencia a prácticas de cartel (fijación de precios, limitación de producción, reparto de mercados y similares) y de abuso de posición dominante (que implica prácticas similares pero llevadas a cabo individualmente por una empresa, sin concertación con otras).
Las multas previstas por la infracción de estos artículos tienen carácter muy grave, con multas de hasta el 10% del volumen de negocio.
En todo caso la CNMC advierte, como hace siempre en esta fase de investigación, que “las inspecciones son un paso preliminar en el proceso de investigación de las supuestas prácticas anticompetitivas y no prejuzgan el resultado de la investigación ni la culpabilidad de las entidades”. Solo en caso de detectarse indicios de prácticas anticompetitivas se abriría un expediente sancionador.
Unos anuncios controvertidos y poco reservados
Obligación. La normativa obliga a la CNMC a comunicar la incoación de cualquier expediente sancionador que apruebe contra alguna empresa o grupos de empresas que hayan infringido la Ley de Defensa de la Competencia. Sin embargo, ninguna ley le obliga a desvelar el inicio de una investigación, que tiene carácter reservado, hasta que esta, de darse el caso, termine en expediente sancionador.
Anuncios. Sin embargo, como ocurrió ayer con el caso de las tres grandes petroleras (Repsol, Cepsa y BP), a veces el supervisor opta por comunicar el inicio de algunas investigaciones. Estos anuncios suelen ser controvertidos, tanto dentro de la Comisión como fuera de ella: porque puede poner en duda la presunción de inocencia y porque al desconocerse los sujetos investigados se puede sospechar de cualquiera.
Sospechas. Precisamente, esto fue precisamente lo que ocurrió ayer. Tras conocerse que la CNMC había abierto una investigación a varias energéticas, circuló el rumor de que las investigadas podrían ser las grandes eléctricas. Incluso estas lo dudaron hasta que las petroleras afectadas reconocieron que eran ellas. También entre los consumidores se produce una inquietud cuando se da a conocer una investigación por malas prácticas a empresas anónimas que bien pudieran ser sus suministradoras.
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