Las sentencias favorables a la Agencia Tributaria de lo contencioso suben al 84,5%

La conflictividad relativa en 2021 se reduce hasta el 1,95% por quinto año seguido

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La Agencia Tributaria tiene como uno de sus principales objetivos la aplicación del sistema tributario con “generalidad y justicia para todos los contribuyentes”. Ello no obstante no implica la infalibilidad a la hora de su aplicación, lo que se traduce que en determinadas ocasiones se genera conflictividad.

Esta diferencia de interpretación deriva en la interposición por parte de los contribuyentes de recursos o reclamaciones por entender que la norma no ha sido aplicada bajo esos criterios básicos. El resultado de todo ello arroja como durante 2021, el 62,2% de las resoluciones de los Tribunales Económico-Administrativos y el 84,5% de las sentencias de Tribunales Contencioso-Administrativos fueron favorables a la Agencia.

Estos porcentajes resultan similares a los alcanzados en 2020 en el caso de las REAs y superiores en el caso del contencioso con motivo de los desistimientos de los recurrentes en algo más de 11.000 recursos contra actos en materia del impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica, ante la jurisprudencia establecida en la sentencia de la Sala de los Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

Teniendo en cuenta los recursos de reposición y las reclamaciones económico-administrativas, la actividad de la Agencia va por el buen camino, ya que la conflictividad relativa, que pone en relación los actos reclamados con la totalidad de los actos emitidos recurribles, se situó en el 1,95% en 2021, lo que supone una disminución por quinto año consecutivo desde el 2,21% de 2017. En 2020 alcanzó el 2,06%, el 2% en 2019 y el 2,17% en 2018.

En cuanto a la conflictividad global absoluta, definida como los recursos y reclamaciones interpuestos en un periodo, computando como un único recurso los casos en los que posteriormente a la presentación de un recurso de reposición se interpone reclamación económico-administrativa, sin que se incluyan los contencioso administrativos, se elevó a 333.561 recursos y reclamaciones, frente a los 312.762 registrados en 2020, o los 324.063 de 2017.

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