El Gobierno instará a la Fiscalía a investigar si Glovo ha cometido un delito penal
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado este lunes que su cartera va a instar a la Fiscalía General del Estado a que investigue "si existe invasión de la esfera penal" y vulneración de los derechos de los trabajadores por parte de la plataforma de reparto Glovo.
"Digo solemnemente que la 'Ley Rider' se va a cumplir. Estamos en un Estado social y democrático de Derecho y las empresas rebeldes se van a someter al Estado social y democrático de Derecho", ha dicho Díaz durante su comparecencia en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en el Congreso de los Diputados.
La vicepresidenta segunda ha recordado que la Inspección de Trabajo ya ha actuado "contra dos empresas" que han "abusado con falsos autónomos" y "practican obstrucción" a la Inspección de Trabajo.
"Esto es muy grave. No lo vamos a consentir (...). Soy clara: no vamos a parar y sí, el peso de la ley va a caer sobre esas empresas, que son una pequeña parte que incumplen estas normas", ha recalcado la ministra de Trabajo.
Díaz ha recordado que desde la aprobación de la 'Ley Rider' se ha pasado de 3.443 asalariados en enero de 2021 a 12.144 hasta abril de 2022, todos ellos contratos indefinidos, que demuestran que "la ley está funcionando" y que la mayoría de las empresas "están cumpliendo con sus obligaciones".
La ministra de Trabajo también se ha referido en su intervención a la actuación de la Inspección de Trabajo sobre dos de estas plataformas de reparto. Desde su cartera han precisado que en el caso de Glovo las sanciones ascienden a casi 150 millones de euros, de los que 87,2 millones corresponden al importe en actas de infracciones y 61 millones de euros proceden de las actas de liquidación. Además, estima en 29.513 los trabajadores afectados.