Interés limitado en los despachos a la espera de conocer más detalles
A los expertos les preocupa la seguridad jurídica
El anuncio de una nueva figura tributaria que grave la riqueza y que se contraponga a la carrera de bonificaciones puesta en marcha por las comunidades gobernadas por el PP, ha despertado un interés limitado de posibles contribuyentes. La demanda de información se ha producido, pero lógicamente el asesoramiento no es posible, ya que no se conoce nada salvo el anuncio, señalaban algunos despachos consultados y que preferían mantener el anonimato.
José Luis López Hermida, director del área de Empresa Familiar y Cliente privado de KPMG Abogados, explicaba a este diario que el anuncio de un nuevo impuesto extraordinario a las grandes fortunas “puede suscitar el debate de su constitucionalidad, y su compatibilidad con el actual Impuesto sobre Patrimonio”. Considera que “habrá que analizar detenidamente la norma que se apruebe, para a la luz de anteriores sentencias poder determinar su posible constitucionalidad”. “Está demostrado que la seguridad jurídica es un factor que contribuye al crecimiento económico y un clima de estabilidad permite atraer inversiones extranjeras. A menor seguridad jurídica menor capacidad de competir en el mercado internacional”, añade.
En cuanto al interés generado por parte de potenciales contribuyentes, “se detecta un interés creciente por asesorarse en esta materia, junto con una necesidad de valorar los efectos potenciales aun cuando todavía no hay ningún texto legal aprobado”. Para Julio Ransés, Presidente de la Asociación Profesional de Inspectores de Hacienda, la mejor solución sería impulsar la figura del impuesto sobre el patrimonio, algo que hay que descartar a la vista de los acontecimientos de los últimos días. Su descentralización o armonización sería complicada y podría ser inconstitucional.
Ransés señala que una posibilidad teórica podría ser gravar la riqueza de las personas jurídicas, ya que ahora se les grava solo los beneficios en Sociedades. A raíz de las cifras de 2020 que ponen de manifiesto que el 75% de la riqueza es mobiliaria, propone gravar activos financieros y efectivo, lógicamente con limites elevados y la riqueza inmobiliaria.
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