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Tecnología

Golpe a Google: El Tribunal de la UE respalda la multa de 4.125 millones por vulnerar la competencia

La multa se rebaja en unos 200 millones. Originalmente era de 4.343 millones de euros La compañía es penalizada por aplicar restricciones ilegales a los fabricantes de dispositivos que utilizan su sistema operativo Android

Reuters
Marimar Jiménez

La justicia europea ha asestado un duro golpe a Google este miércoles. El Tribunal General de la Unión Europea ha respaldado la multa impuesta por Bruselas en 2018 al gigante de internet en 2018 por vulnerar la competencia, aunque ha reducido modestamente la cuantía de la sanción, que pasa de 4.343 millones de euros a 4.125 millones. La sentencia se puede recurrir aún ante la instancia superior, el Tribunal de Justicia de la UE. Google tiene dos meses y diez días para ello.

La Comisión Europea multó a Google por obligar a los fabricantes de dispositivos Android a instalar el buscador Google Search y el navegador Google Chrome a cambio de cederles la licencia de la Play Store, la tienda de aplicaciones móviles de la compañía. También por impedir que las empresas que querían vender teléfonos móviles y tabletas con aplicaciones de Google pudiesen instalar versiones alternativas del sistema operativo en los dispositivos móviles, las conocidas como "bifurcaciones de Android". Y por supeditar una parte de los ingresos publicitarios de Google a los fabricantes y a los operadores de redes móviles a que estos no instalasen ningún otro buscador alternativo a Google Search.

Se trata de la mayor multa por una infracción antimonopolio. Bruselas ha impuesto hasta la fecha un total de 8.250 millones de euros en multas por prácticas anticompetitivas al gigante de internet en tres investigaciones que se remontan a más de una década. Esta es la segunda derrota judicial de Google, que ya perdió su recurso a una multa de 2.420 millones de euros el año pasado.

La sentencia supone un espaldarazo para el ejecutivo comunitario, con Margrethe Vestager, jefa del departamento antimonopolio de la UE, en su batalla contra los gigantes tecnológicos estadounidenses que dominan espacios económicos estratégicos, sobre todo tras los reveses sufridos este año por otros gigantes tecnológicos, como Intel y Qualcomm. Actualmente está investigando el negocio publicitario de Google, tras su acuerdo con Meta, las normas de la tienda de aplicaciones de Apple, el uso de los datos de Facebook y las prácticas comerciales y operativas de Amazon.

En su sentencia de hoy, el TGUE aceptó los argumentos de Bruselas de que la obligación de instalar Google Search y Google Chrome podía suscitar un "sesgo de statu quo", por la "propensión de los usuarios" a utilizar las aplicaciones ya instaladas en sus teléfonos móviles y tabletas, "sin que esa ventaja pueda compensarse por los competidores de Google".

"Ninguna de las críticas formuladas por Google desvirtúa el análisis expuesto por la Comisión sobre este punto", señaló el tribunal con sede en Luxemburgo. Los jueces también afirmaron que "la Comisión podía considerar fundadamente" que la supeditación de los ingresos publicitarios a que no se instalasen aplicaciones de la competencia "constituían acuerdos de exclusividad".

No obstante, la sentencia desestimó los argumentos que dio Bruselas para considerar que estos acuerdos eran "abusivos", de tal forma que Google tenía capacidad para restringir la competencia por los méritos de sus competidores.

Por un lado, el TGUE señaló que la constatación de Bruselas de que tales pactos afectaban a "una parte significativa de los mercados nacionales de servicios de búsqueda general", "no queda corroborada por los elementos expuestos por la Comisión". Por otro, observó "diversos errores de razonamiento" de la Comisión en la denominada prueba del "competidor igual de eficaz", que evalúa las posibilidades que hubiera tenido una empresa rival de Google para competir en los servicios de búsqueda si su aplicación se hubiese instalado en los dispositivos.

Esos errores de evaluación en la estimación que la Comisión hizo sobre los costes atribuibles a tal competidor, sobre la valoración de su capacidad para conseguir la preinstalación de su aplicación, y sobre la estimación de los ingresos que podían obtenerse en función de la antigüedad de los dispositivos móviles en circulación.

El TGUE consideró también que las restricciones de Google a la venta de dispositivos móviles con sistemas de Android alternativos permitió reforzar su posición dominante en los mercados de servicios de búsqueda constituyeron un freno a la innovación, limitando las ofertas disponibles para los usuarios.

Además, la corte desestimó el argumento de Google sobre la capacidad de Apple o Blackberry para competir de igual a igual, ya que, según el tribunal, sus sistemas operativos "no forman parte del mismo mercado" porque los fabricantes no pueden obtener las licencias de los software, como si ocurre con el código abierto de Android. Por último, el TGUE desestimó los argumentos de Google sobre la supuesta vulneración del derecho a la defensa.

"Nos decepciona que el Tribunal no haya anulado la decisión en su totalidad. Android ha creado más opciones para todos, no menos, y apoya a miles de empresas de éxito en Europa y en todo el mundo", ha señalado un portavoz de Google. 

La multinacional considera que Android es "el único ejemplo de un sistema operativo de código abierto exitoso y viable", y que da a los usuarios más posibilidades que ninguna otra plataforma para descargar e instalar otras aplicaciones a las ofrecidas por defecto en los teléfonos móviles y las tabletas. Asegura, además, que tras la multa impuesta por la Comisión, decidió desligar la licencia de Google Search de la de Google Play y fue incluso "más allá", ofreciendo a los usuarios la posibilidad de instalar buscadores y navegadores alternativos a los suyos.

Sobre la firma

Marimar Jiménez
Redactora senior en la sección de Empresas de CINCODIAS. Sigue la actualidad del sector de tecnologías de la información y del ecosistema emprendedor español. Antes de incorporse al diario en 2000 trabajó en Actualidad Económica y los suplementos Futuro y Negocio en EL PAIS. Es licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid.

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