EDF demanda al Gobierno francés y exige una indemnización de 8.340 millones
La compañía francesa atribuye el monto a las pérdidas que asumió tras la regulación de precios por parte del Gobierno de Macron
El gigante energético francés, Électricité de France (EDF), ha presentado una demanda judicial contra su principal accionista, el Gobierno francés, y ha anunciado que solicitará una indemnización de 8.340 millones de euros. Así lo ha asegurado la compañía en un comunicado publicado ayer por la noche, en el que detalla que el monto corresponde a las pérdidas que asumió después de que se implantara un precio regulado para la luz en marzo. Las medidas en cuestión limitan la subida de precios de la electricidad a un 4% este año para aproximadamente siete de cada diez hogares franceses, y obliga a la empresa a aumentar en un 20% (con grandes descuentos) la cantidad de electricidad que vende a sus rivales.
"Tras un análisis jurídico en profundidad, y a la luz de las pérdidas sufridas como resultado del Decreto y las Órdenes de 11, 12 y 25 de marzo de 2022, EDF presentó hoy una demanda judicial ante el Conseil d'Etat (el órgano administrativo supremo francés judicial), así como una demanda de indemnización, por un importe estimado hasta la fecha en 8.340 millones de euros, contra el Estado francés", ha señalado la compañía en un comunicado ayer por la noche.
El Gobierno Francés ha respondido que defenderá esta medida, y ha explicado que el precio de la luz habría subido al menos un 35 por ciento si no se aplicaban los topes. Cabe destacar que Francia ha comenzado también un proceso para adquirir el 16% de EDF que aún no posee, con el objetivo de nacionalizar la empresa en el contexto de la inflación y la crisis energética europea.
Las discrepancias entre la compañía y el Gobierno se remontan, por lo menos, a principios de año. De hecho, EDF había anunciado que estaba "considerando cualquier medida para proteger sus intereses", tras el anuncio del gobierno francés el 13 de enero de una asignación adicional de 20 TWh de electricidad, que se vendería a un precio regulado para 2022. Posteriormente, su Presidente indicó durante su asamblea general anual en mayo que había presentado un recurso administrativo preliminar para solicitar la revocación del decreto y las órdenes que limitan las subidas.