Abengoa aguarda la decisión del juez sobre la liquidación de la matriz

La justicia debe decidir si da luz verde al convenio de Clemente Fernández. La firma afronta un embargo de Hacienda

El juez tiene la última palabra para decidir hacia qué futuro se dirige Abengoa. Antes del 1 de agosto debe decidir si da luz verde al convenio presentado por Clemente Fernández, representante de los accionistas de la matriz, para evitar la liquidación de esta sociedad y que arrastre a todo el grupo. O, por el contrario, deja el camino expedito para el plan de los acreedores, basado en la venta de determinadas filiales por separado.

Abengoa se encuentra algo así como en esos libros de Elige tu propia aventura. De un lado, está la propuesta presentada in extremis por Clemente Fernández, consejero delegado de Abengoa SA y representante de su grupo de accionistas, que pasa por que los acreedores asuman una quita del 97% a cambio de la llegada de dos inversores, RCP y Sinclair Capital, que se comprometen a inyectar 200 millones y aportar contratos y negocio para salvar al grupo andaluz.

El juez ya decretó la liquidación provisional de la matriz, lo que suponía la destitución del consejo de administración y que EY, el designado como administrador concursal, asumiese el mando. Fernández presentó alegaciones a esta decisión y, al mismo tiempo, un convenio. Ahora el juez, que ya tiene en su poder un informe con la opinión de EY al respecto, debe decidir si dar visto bueno a esta propuesta o instar definitivamente a la liquidación de la matriz.

Esta matriz, no obstante, es un cascarón vacío de activos productivos. Estos fueron transferidos a una filial, Abenewco 1, en el marco del plan de rescate que presentaron los acreedores en el verano de 2020 y que naufragó por la oposición de la Junta de Andalucía a aportar los 20 millones que le correspondían.

En el caso de que el juez dé luz verde a la propuesta de Fernández, se abriría un proceso hasta el 1 de septiembre para que los acreedores se adhieran al convenio. Según las fuentes consultadas, la intención de los acreedores es rechazar este convenio por la elevada quita que supone. Esto llevaría a Abengoa a la casilla de salida en un mes, en la liquidación.

El problema, según aluden algunas fuentes, es que es probable que el grupo no aguante para entonces si no entra dinero. El principal problema está en un embargo de 50 millones decretado por Hacienda, que puede hacer a la empresa perder múltiples contratos, precisamente donde reside la mayor parte del valor de la compañía.

La otra alternativa es que el juez, de entrada, rechace las alegaciones de Fernández y su plan de salvamento. Entonces entraría en juego la hoja de ruta que los acreedores han perfilado en las últimas semanas.

Después de que la SEPI rechazase el rescate de la compañía, 27 filiales, que agrupan los activos de más valor de la firma sevillana, solicitaron el preconcurso de acreedores. Esto suponía un blindaje durante cuatro meses para que los acreedores no pudiesen solicitar embargos y tener tiempo para negociar.

En este caso, la solución pasa por que, una vez liquidada la matriz, los inversores presenten ofertas por unidades concretas de negocios. Terramar, el fondo californiano que presentó una oferta de 200 millones para hacerse con la compañía a cambio de que la SEPI inyectase dinero público, es uno de los que prepara pujas para quedarse con partes de Abengoa, que se vería abocada así a su descomposición.

El papel de Industria

 

 

Gobierno. El Ministerio de Industria y la Junta de Andalucía acordaron recientemente junto a la empresa la búsqueda de una solución para la compañía andaluza, una vez que la matriz ha entrado en liquidación. También pactaron la creación de una mesa de trabajo, que por el momento solo se ha reunido una vez, para delimitar el perímetro de la compañía (filiales) susceptible de ser salvada. No obstante, cualquier aportación de ayuda pública debe ser avalada por Bruselas, según una directiva que permite a los Estados apoyar a compañías con problemas. Por el momento, según indican las fuentes consultadas, el papel de la ministra de Industria, Reyes Maroto, es mediar con Hacienda para evitar los embargos que complican el futuro del grupo.