El Gobierno tramitará los nuevos impuestos de la mano de los Presupuestos

El tributo se aplicará a empresas que facturen más de 1.000 millones y durará hasta 2023

Desde hacía siete años, el Congreso de los Diputados no acogía un debate sobre el estado de la nación. Este hecho, junto a la situación económica que vive tanto España como el conjunto de las economías occidentales, acuciadas por unos niveles históricos de inflación y unos efectos muy negativos derivados de la guerra de Ucrania, fueron suficientes para despertar un inusitado interés sobre las medidas que pondría encima de la mesa el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Su intervención no defraudó, ya que desgranó una importante batería de medidas, algunas complementarias de las ya recogidas en el Real Decreto Ley 11/2022, de 25 de junio, que van desde nuevos impuestos a energéticas y bancos a rebajas del abono transporte, aumento de becas a estudiantes, refuerzo de la sanidad y mejora de programas de extinción de incendios. Sin embargo, las medidas que despertaron más interés y que cotizaron negativamente en los mercados fueron las de carácter tributario. En concreto, el presidente anunció dos nuevos impuestos a compañías energéticas y bancos, ambos de carácter temporal y excepcional, con el objetivo de recaudar 3.500 millones de euros.

El impuesto a las grandes energéticas (eléctricas, gasistas y petroleras) gravará los beneficios extraordinarios obtenidos en 2022 y 2023 y su recaudación se estima en 2.000 millones de euros al año. Este tributo ya fue anunciado por Sánchez en el Consejo de Ministros en el que prorrogó las medidas para contener el alza de los precios, si bien ayer detalló el objetivo de recaudación y el horizonte temporal.

Sin embargo, fue el anuncio de un nuevo impuesto a las entidades bancarias el que más sorprendió del conjunto de medidas. Su carácter también será excepcional y temporal, esperándose en este caso una recaudación en torno a los 1.500 millones de euros al año.

Solamente con estas dos medidas el presidente Sánchez espera recaudar del orden de 3.500 millones de euros al año, 7.000 millones en el conjunto de los dos años en que se prevé se apliquen estos nuevos impuestos.

Sánchez se quedó ahí y no detalló, en todo caso, la fórmula que guiará estos nuevos tributos, aunque anteriormente sí explicó que el Gobierno está buscando adaptar el impuesto sobre los beneficios extraordinarios de las eléctricas que ya aplica Italia. Tuvo que ser la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien después, en declaraciones a los medios de comunicación en el Congreso, indicó que estos impuestos gravarán los beneficios de empresas con más de 1.000 millones de euros de facturación.

Proposición de ley

Calificó a la oposición del PP de curanderos que no quieren curar sino beneficiarse Atribuyó al Covid y a la guerra en Ucrania la causa del descontrol de los precios

Los dos impuestos se registrarán en sendas proposiciones de ley por parte del PSOE y Unidas Podemos para poder estar en vigor en 2023. Los dos nuevos impuestos se tramitarán “en paralelo” con los nuevos Presupuestos Generales del Estado, mostrándose convencida de que contará con el apoyo de los socios que han respaldado las “medidas progresistas del Gobierno”.

El presidente ha pedido a las grandes empresas que demuestren su responsabilidad social corporativa revirtiendo sus beneficios extraordinarios en trabajadores y consumidores: “Este es el momento de probar el compromiso social de las grandes empresas”, dijo, de forma que “cualquier beneficio indirecto no engorde la cuenta de resultados ni los sueldos de los directivos”, sino que revierta en la sociedad.

El presidente adelantó que desbloqueará “de manera inmediata” la Operación Campamento para la construcción de hasta 12.000 viviendas en Madrid, de las que el 60% serán vivienda protegida pública y el 40% de vivienda libre. También anunció que los abonos de Renfe se bonificarán al 100% hasta el 31 de diciembre.

El presidente inició su intervención realizando un giro a la izquierda, afirmando que su objetivo es “dejarse la piel” en la defensa de la clase media trabajadora, la principal afectada por la inflación. Sánchez quiso dejar claro desde un principio que “el gran reto” que tiene España es la “inflación”, a la que ha calificado de “enfermedad grave” para la economía. Sánchez incidió en que “empobrece a todos” y “afecta a los colectivos más vulnerables”.

Dentro de su argumentación, rechazó que sea culpa del Gobierno como dice la oposición y para ello utilizó un símil médico. Sánchez comparó a la oposición con los “curanderos” por achacar a su gestión al frente del Ejecutivo la elevada inflación que padece España.

Por ello ha criticado que se le señale a él por “prejuicios ideológicos” a través de “poderes mediáticos”. Así, argumentó que es “importante” conocer “las causas del diagnóstico” de la inflación, criticando que hay quienes pretenden sacar rédito de la situación actual: “El curandero no pretende curar, quiere beneficiarse”, indicó, antes de aludir a la subida del SMI o el fomento de las energías renovables como causas que se esgrimen por parte de la oposición para asegurar que con otro Ejecutivo la inflación no se habría elevado.

Con este símil Sánchez atribuyó a la pandemia por Covid y a la guerra de Ucrania el origen del actual descontrol de los precios, aludiendo que en estos momentos hay que hacer caso a los médicos especialistas y no a los curanderos.

El parón que supuso para la economía la pandemia, provocó un desajuste en la cadena de suministro que junto a las nuevas demandas de los ciudadanos una vez pasadas las medidas más duras de la pandemia, generó retrasos en la distribución de mercancías y así citó la falta del chips en el sector automovilístico o el colapso de muchos puertos a nivel mundial, o las largas listas de espera en la demanda de determinados productos, provocó que la escasez se tradujese en aumentos de precios. Ya el pasado 24 de febrero, con la invasión de Ucrania por parte de las tropas rusas, se agravó la situación al introducir el componente energético.

La inflación media, dijo, “podría finalizar en el presente ejercicio en el 6,5%, si bien “todo dependerá de cómo evolucione el conflicto en Ucrania”. El último indicador adelantado de IPC de junio, cuyo dato definitivo se conocerá hoy, se estableció en el 10,2% interanual. “Si Putin corta el suministro de gas tenemos que estar unidos”, dijo, “somos europeos a las duras y las maduras”, por lo que añadió que habría que adoptar medidas de ahorro energético.