El Gobierno podrá vetar la compra de inmuebles por fondos extranjeros

Toda operación de un inversor extranjero de más de 500.000 euros deberá teenr el visto bueno del Ejecutivo

El Real Decreto Ley que prepara el Gobierno para regular el régimen de autorización a inversores extranjeros se abre también al sector inmobiliario. El texto, que llegará próximamente al Consejo de Ministros, abre la puerta a que el Ejecutivo deba dar luz verde a toda operación inmobiliaria de más de 500.000 euros.

El llamado escudo antiopas nació para dar al Gobierno la posibilidad de impedir la toma de más de un 10% de una empresa extranjera por un inversor de fuera de la UE para tratar de evitar compras oportunistas. Sin embargo, en el real decreto con el que busca regular este régimen de autorizaciones se amplía el tipo de inversiones afectadas, también a las inmobiliarias y a los contratos de financiación.

Todo ello de acuerdo al texto que la Secretaria de Estado de Comerio sacó a consulta pública hace uno meses. Las fuentes consultadas apuntan a que el Gobierno está aguardando el dictámen del Consejo de Estado para llevar el Real Decreto Ley al Consejo de Ministros.

En el caso de las operaciones inmobiliarias, este movimiento se produce en un momento de fuerte inversor tanto de fondos como de grandes familias acaudaladas, lo que ha presionado al alza el precio del alquiler y la vivienda. El bajo límite impuesto por el Gobierno –de 500.000 euros, apenas lo que cuesta un piso en el centro de Madrid– obligará a que casi cada opración inmobiliaria realizada en la capital o en grandes ciudades como Barcelona deban contar con el beneplácito del Gobierno. Es cierto que solo las de más de 500 millones llegarán hasta el Consejo de Ministros y la inmensa mayoría solo pasarán por el Ministerio de Industria.

La normativa amplía la solicitud de autorización también a las operaciones de financiación. Estarán bajo la mirada del Ejecutivo todas aquellas que superen el millón de euros y tengan un periodo de amortización superior a los 12 meses. También involucra a las uniones temporales de empresas, fundaciones, agrupaciones de interés económico, con participaciones de extranjeros superiores al millón de euros.