Las energéticas afrontan un recargo fiscal sobre su beneficio de este año
El impuesto entra en vigor en 2023 pero afectará al beneficio de 2022 Sánchez busca “un reparto justo de las cargas sociales y económicas”
El Gobierno está diseñando un nuevo tributo que gravará los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas como consecuencia del alza de los precios de la energía. La medida se tramitará a través de una proposición de ley pactada entre PSOE y Unidas Podemos y que se presentará en las próximas semanas, con el objetivo de para que entre en vigor en 2023.
Fuentes del Ministerio de Hacienda explicaron este fin de semana que la idea es poner el devengo del nuevo impuesto el 31 de diciembre de 2022, de manera que el nuevo tributo sería exigible a partir del 1 de enero de 2023, pero afectaría a los beneficios extraordinarios logrados por estas compañías en el ejercicio 2022.
Son los aspectos que están claros sobre una medida que carece de más detalles, pero que ya ha castigado al sector en Bolsa la pasada semana. Hace una semana la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, adelantó la posibilidad de crear este recargo impositivo, que se aplicará a través del Impuesto de Sociedades mediante un aumento en la tasa impositiva, con el objetivo de recaudar entre 1.500 y 2.000 millones de euros.
El anuncio fue enfriado un día después por la ministra de Hacienda María Jesús Montero. “A veces el vehículo del Impuesto de Sociedades no es el que aporta el mayor rendimiento”, explicó, recalcando en todo caso que el recargo tendría que aplicarse en el próximo ejercicio fiscal, el de 2023, y dejando en el aire la fórmula legal para su aprobación. Apuntó, además, la necesidad de debatir las propuestas de puertas adentro del Ejecutivo.
Finalmente, la medida ha sido anunciad por Pedro Sánchez junto con el nuevo plan de choque contra la inflación. El presidente enmarcó la medida en otras similares adoptadas en Europa: “Sintoniza con la opinión publica de nuestro país, con medidas similares de los países europeos de nuestro entorno y que atiende a las recomendaciones de distintos organismos internacionales cono la propia Comisión Europea, la OCDE y el FMI”, aseguró Pedro Sánchez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros extraordinario de este sábado.
Sánchez no concretó cómo será ese nuevo gravamen, que todavía está en estudio, pero afirmó que “se están estudiando” los diseños de otros gobiernos que han adoptado una medida en esta línea, aunque añadió que Italia, donde se ha aprobado un impuesto extraordinario y puntual de 25% a los beneficios, “es un ejemplo al que estamos mirando de manera muy particular”.
Reino Unido, por su parte, ha propuesto un recargo del 25% en el impuesto de sociedades durante tres años, a menos que antes de ese plazo los precios de la electricidad vuelvan a precios históricamente normales. Grecia, Hungría o Rumanía han tomado medidas en este mismo sentido.
“Quienes obtengan réditos indirectos de esta subida de precios deben aportar de forma adicional al esfuerzo colectivo y a la protección de la clase media y trabajadora”, añadió Sánchez en la rueda de prensa.
La ministra de Trabajo y Asuntos Sociales, Yolanda Díaz, se refirió a este nuevo tributo en Twitter el sábado. La vicepresidenta prometió que activarán con “celeridad el impuesto extraordinario que permitirá que los millonarios beneficios de estas empresas se puedan sumar a la recuperación colectiva”.
Los planes, además de suponer un peaje en Bolsa para el sector energético, recibieron las críticas de los empresarios. El pasado miércoles, el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, lanzó un mensaje a la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz: “Cuidado con esos anuncios (...) y cuidado con ordeñar en exceso a la vaca”.