USCA alarga la batalla por el cierre del espacio aéreo de 2010 y se querella contra siete ex altos cargos de Aena
Entre los demandados están el ex presidente Juan Lema y la actual comisionada especial del Gobierno para el Transporte, Carmen Librero
La guerra iniciada en 2010 entre los controladores aéreos y la que entonces era Aena, por extensión también el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, presenta un nuevo capítulo con una querella del sindicato de controladores USCA contra siete ex altos cargos de Aena.
La denuncia llega después de que la Audiencia Provincial de Madrid absolviera el pasado mes de marzo a 131 controladores de los aeropuertos de Madrid-Barajas y Torrejón (incluidos los que no recurrieron) condenados en primera instancia el 14 de octubre de 2020 por un delito de abandono del puesto de trabajo, de forma concertada y presentando parte de baja médica, el 3 y 4 de diciembre del referido 2010. El consiguiente cierre del espacio aéreo dejó sin vuelos a más de 600.000 pasajeros, abriéndose una causa contra el centenar de profesionales.
El sindicato responde ahora con una ofensiva judicial contra el entonces presidente de Aena, Juan Lema, o contra la que ocupaba el cargo de directora de Navegación Aérea y es actual comisionada especial del Gobierno para el Transporte, la Movilidad y la Agenda Urbana, Carmen Librero. También se encuentran entre los querellados en entonces director de operaciones ATM, Andrés Torrecilla; el jefe de la división ATS del Centro de Control de Madrid, Antonio Almodóvar; el director regional del Centro de Control de Madrid, Gabriel Miralles; el responsable en Aena del control de afluencia, José Luis de la Calle, y el jefe de la Unidad Central de Control y Afluencia de Tráfico (UCATM), Pedro Pérez de los Cobos. USCA ha expuesto esta mañana la querella en su cuenta de Twitter.
La demanda, interpuesta el 3 de junio ante el juzgado de instrucción de Madrid, acusa a los siete ex directivos de la que hoy es Enaire de un delito de prevaricación del artículo 104 del Código Penal y de un segundo delito de malversación del artículo 432, en sus puntos 1 y 2, del mismo Código Penal. USCA entiende que la orden de cierre del espacio aéreo vulneró “grosera y arbitrariamente” la normativa. Se trató del primer estado de alarma, duró 43 días y las torres de control aéreo fueron confiadas a los militares.
Durante más de diez años, los controladores y el propio USCA defendieron que la compañía de control aéreo cargó toda la responsabilidad del caos aeroportuario sobre los demandados. También han sostenido que el cierre del espacio aéreo, decretado con el socialista José Blanco al frente del Ministerio de Fomento, fue la reacción a la amenaza de huelga del colectivo a finales de 2010 como protesta ante una normativa de actividad y descanso que fue aprobada unos meses antes.
Condena y absolución
En el juicio de 2020, un total de 119 acusados decidieron pactar con el fiscal reconociendo que abandonaron sus puestos de trabajo. Tras ello, seis fueron condenados a siete meses de multa con cuota diaria de 150 euros; otros seis, a siete meses de multa, a razón de 100 euros y seis más, a diez meses de multa, con una cuota diaria de 100 euros. El resto fue condenado a cinco meses de multa, a razón de 100 euros. Solo dos de los acusados, entre ellos el ex portavoz del sindicato mayoritario USCA, César Cabo, fueron absueltos.
La sentencia en primera instancia también condenó a los acusados a abonar a los perjudicados, de forma conjunta y solidaria, junto con la entidad pública Enaire como responsable civil subsidiaria algo más de 13 millones de euros. El fallo contemplaba la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas.
Los magistrados de la Audiencia Procincial estimaron el recurso interpuesto contra varios de los acusados contra esa sentencia de 2020, ante lo que fueron absueltos los 131 acusados y se exoneró a Enaire de las responsabilidades civiles a que con carácter subsidiaria fue condenada.
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