El sector inmobiliario cifra en 250.000 millones la inversión necesaria en vivienda de alquiler
Reclama la colaboración con el sector el capital privado. Déficit de 100.000 viviendas al año para el mercado de arrendamiento
El sector inmobiliario volvió ayer a recordar a las Administraciones la enorme necesidad de vivienda en alquiler en España y la urgencia de la colaboración público-privada para inyectar los gigantescos recursos necesarios. Desde la consultora Colliers cifran en 250.000 millones de euros en inversión necesaria en los próximos 15 a 20 años para satisfacer la demanda de alquiler de las familias, según avanzó Antonio de la Fuente, responsable de corporate finance de la consultora, en el marco del Salón Inmobiliario de Madrid que se celebra hasta el domingo.
El reto demográfico y la demanda creciente de vivienda en alquiler lleva a un déficit de alrededor de 1,5 millones de casas para los próximos años, según aseguró, por su parte, Teresa Marzo, consejera delegada de Elix (socimi del grupo Allianz). De la Fuente elevó hasta 300.000 millones los recursos necesarios si, como algunas cifras del sector indican, la demanda para los próximos 20 años alcanza los dos millones de unidades.
“No hay margen para pagar 100.000 viviendas al año con impuestos”, afirmó De la Fuente, por lo que recordó la importancia de que los grandes inversores institucionales (como aseguradoras y fondos de pensiones, con enorme apetito en este sector en Europa) puedan entrar en España.
El capital privado está captando más recursos que nunca para invertir en inmobiliario y la vivienda en alquiler es uno de los grandes objetos de deseo en toda Europa para estos inversores. Pero para lograr que seleccionen España como destino, los expertos señalan la relevancia de la colaboración con las Administraciones.
“Hace falta una flexibilidad en el planeamiento urbanístico. No significa desregular, es regular mejor para que los plazos sean menores”, reivindicó Jesús Ruiz, director sénior de desarrollo de Greystar, uno de los fondos que ha entrado en España en este segmento. Este ejecutivo recordó la tardanza, de hasta décadas, en el desarrollo de nuevos barrios como Madrid Nuevo Norte o Los Cerros, en la estrategia del sureste de la capital, lo que llamó “la tasa silenciosa del tiempo” para los inversores.
Marzo apuntó también a que la vivienda no puede ser una política regional y coyuntural: “Tiene que haber una política de Estado que atraiga a los inversores”, en un proyecto a largo plazo que les dé seguridad.
En esta colaboración público-privada, las Administraciones deberían poner el suelo y el capital privado para el desarrollo de las viviendas a cambio de una concesión a largo plazo a un precio de alquiler tasado por los gestores públicos. Un ejemplo es el Plan Vive de la Comunidad de Madrid, donde han sido adjudicatarias el fondo Ares y la promotora Culmia. Igualmente, el área metropolitana de Barcelona se ha asociado con Neinor para un proyecto similar.
Marzo, igualmente, enfatizó en la necesidad de que la Administración sea más rápida en la tramitación de licencias y en lo urgente de la “actualización de los módulos”, los precios pagados por vivienda protegida y que llevan más de una década sin revalorizarse.
Juan Antonio Gómez-Pintado, presidente de la patronal de los promotores Asprima, incidió a su vez que es necesario modernizar el sector y las administraciones públicas para que “los procesos sean más ágiles y menos costosos”.
Desbloqueo del suelo
Uno de los problemas con los que se encuentra el sector es con la falta de suelo para producir vivienda, que a su vez haga aumentar la oferta y no tensione los precios como ocurre ahora.
Carolina Roca, vicepresidenta de la patronal Asprima, apuntó a seis medidas para el desbloqueo de la reserva de suelo en España. En primer lugar, lograr el equilibrio entre beneficios y cargas para la inversión privada y la Administración; flexibilizar los cambios de uso en los solares no edificados; garantizar la seguridad jurídica; seguido del pragmatismo del legislador; la colaboración público-privada en la tramitación urbanística y, en último lugar, la viabilización de la vivienda a precio asequible.
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