Los expertos demandan reducir las subvenciones en el IVA y en el IRPF para recaudar más y bajar tipos

Los técnicos proponen acabar con los tipos reducidos en los impuestos al consumo

La eliminación de las bonificaciones en la renta permitiría reducir el tipo general

España se enfrenta al reto mayúsculo de rediseñar su sistema tributario para hacerlo más equitativo, progresivo y justo, incorporando la imposición digital y medioambiental y alineándose con los postulados europeos e internacionales. Tocan pequeños ajustes en el corto plazo y reestructurar el modelo en su conjunto en un horizonte más lejano, analizando siempre el binomio ingresos-gastos para cubrir las brechas fiscales y asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Hasta aquí el diagnóstico, compartido por la mayoría de técnicos y expertos. Otro asunto son las fórmulas escogidas para dar forma al desafío, así como el calendario a seguir, en el que ya no parece haber tanto consenso.

Para aterrizar el debate, el Gobierno convocó hace un año a un grupo de expertos para que redactase el libro blanco para la reforma fiscal, comprometida con Bruselas. El documento ya se encuentra en los cajones del Ministerio de Hacienda, a buen recaudo hasta que amaine la escalada inflacionista y la conmoción económica desatada con la guerra en Ucrania. La propia ministra del ramo, María Jesús Montero, ya dijo en la presentación del informe que la situación actual no invitaba a plantear “de manera inmediata ninguna subida fiscal”.

Mientras, los debates en torno a la reforma continúan. El último tuvo lugar este miércoles en el Foro Futuro, organizado por este diario junto a Grupo Santander. En el evento, el presidente del comité de expertos y catedrático emérito de Economía Aplicada de la URJC, Jesús Ruiz-Huerta, explicó que el libro blanco –que da una serie de recomendaciones y tiene el objetivo añadido de generar debate– pone el foco en materias concretas “como la fiscalidad medioambiental y digital, la imposición societaria, la fiscalidad de las entidades económicas emergentes y la aplicación y concreción de la armonización patrimonial”.

Entre otras sugerencias, intenta adaptar y reformular los tributos con mayor capacidad recaudatoria, el IRPF y el IVA, ensanchando unas bases imponibles que han venido erosionándose con el paso de los años. También, añadió Ruiz-Huerta, se pone especial énfasis en el debate sobre los gastos fiscales que hay que cubrir en un contexto en el que aumenta la demanda de servicios, como las pensiones y la sanidad, y en el que no se pueden descuidar indicadores como el déficit estructural, en el entorno del 4%, y la deuda pública, que seguirá por encima del 110% del PIB en el corto plazo. “España debe empezar a evaluar y justificar todos los gastos públicos, desde los directos a los incentivos fiscales, y ver cuáles hay que cambiar o mantener”.

En este sentido, los expertos reunidos en el foro coincidieron a la hora de señalar a los impuestos al consumo como una de las figuras con más potencial de cambio para lograr un incremento recaudatorio. “Deberíamos hacer un esfuerzo como país para disminuir los gastos fiscales y las bonificaciones y exenciones, por ejemplo en el IVA, a la vez que reducimos tipos. Gravamos mucho la renta generada y poco la renta gastada”, detalló Fernando Fernández, profesor de Economía del IE University.

También vio margen para acabar con algunos tipos reducidos el catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Granada y director de Estudios Financieros de Funcas, Santiago Carbó, principalmente para hacer que España se acerque a los niveles de recaudación que manejan la mayoría de países del entorno.

España, prosiguió Ruiz-Huerta, es el socio de la Unión Europea en el que un mayor porcentaje de la base potencial tributa al tipo reducido del IVA, con 33 categorías que se benefician de una tasa del 10%. A partir de aquí “los datos de recaudación son contundentes”. “Al comparar la recaudación del IVA con el consumo estamos en la posición 25 de la UE-27. Vemos que los mayores ingresos a través de este impuesto se dan en los países en los que predomina el tipo general”. Dejar de abusar de las tarifas reducidas y superreducidas, o incluso acabar con ellas, permitiría a España obtener una recaudación extra del entorno de los 30.000 millones de euros anuales, según los datos que manejan los expertos.

En este punto, una vez claro que esta podría ser una de las primeras palancas de la eventual reforma tributaria, tocaría centrarse en los detalles más concretos, por ejemplo en una posible reducción del tipo general del 21%. “Una de las maneras de dotar de fiabilidad al sistema fiscal español es moverse hacia un sistema de tipo general de IVA, a cambio de ser capaces de generar una tarifa única más baja de la actual”, dijo Fernández. El presidente del grupo de expertos recordó que en el libro blanco se baraja y cuantifica la posibilidad de fijar una tarifa común del 15%.

Renta

Más allá del IVA, añadió Fernández, podría hacerse algo similar en el IRPF con el objetivo de ir hacia sistemas fiscales más simples, eficaces y con bases amplias “que eviten problemas añadidos”. Esta eliminación de parte de las bonificaciones, que en opinión de los expertos a veces tienen difícil justificación y dan pie a la opacidad, permitiría a su vez bajar el tipo en el impuesto sobre la renta. “Si se eliminan algunas deducciones se podría bajar el tipo efectivo por ejemplo al entorno del 45%, para alejarnos de ese 55% o 60% que se ve en muchas autonomías”, señaló Carbó, quien también propuso la deflactación del impuesto debido a los elevados niveles de inflación registrados.

Ruiz-Huerta también propuso aunar en las futuras reformas la supresión de parte de los incentivos con un sistema de compensaciones a las rentas más bajas. A su vez, el presidente del grupo de sabios hizo un alegato en defensa del IRPF, el tributo “que más representa una Europa de ciudadanos, donde la gente se retrata a la hora de hacer la declaración del impuesto y puede ver si realmente funcionan las cosas desde el punto de vista del ajuste económico y de redistribución”.

La fiscalidad como eje nivelador, apuntó Francisco Pérez, profesor emérito de Análisis Económico de la Universidad de Valencia y director de Investigación del IVIE, es el punto sobre el que debe pivotar el debate. Se deben atajar todos los “problemas que tienen que ver con la ocultación de bases, con las exenciones que minoran los ingresos y que a veces son opacas y con los tipos impositivos reales a los que se enfrentan los hogares, siempre recordando que el sistema fiscal debe tener la capacidad de nivelar y de convencer”. Tal y como resumió, en España suele pecarse de aspirar a tener “servicios públicos como los que hay en el norte de Europa sin estar dispuestos a pagar por ellos”.

La futura reforma, añadieron los expertos, también exige de concreción y una hoja de ruta marcada para que la ciudadanía pueda prepararse y tomar decisiones pensando en el largo plazo. Este asunto se hace más importante, si cabe, en lo relativo a la fiscalidad verde, que debe diseñarse de manera cuidadosa, programada e informada, “ya que el cambio de modelo no será gratis e implicará nuevos gastos”, recordaron Carbó y Pérez.

Otros asuntos como la armonización patrimonial entre regiones o las exenciones a determinadas actividades empresariales siguen enfrentando, como es costumbre, a los expertos.

Movilidad laboral y renta

Una buena parte del debate que rodea a cualquier tipo de reforma fiscal suele centrarse en cómo mejorar los instrumentos impositivos que ya existen para hacerlos más eficientes. Sin embargo, en asuntos como la transformación digital o la transición verde se hace necesario pensar en palancas innovadoras que puedan hacer frente a situaciones igualmente novedosas. Una de ellas tiene que ver con la movilidad internacional.

“En algunos ámbitos, máxime desde la pandemia, observamos que la base fiscal del factor trabajo ya no es tan estable respecto a la del capital. Las personas trabajan en lugares remotos y no siempre cumplen con los requisitos o exigencias tributarias, por lo que hay que pensar en nuevas fórmulas”. Con estas palabras quiso introducir Alicia García Herrero, economista jefe para Asia Pacífico en Natixis, profesora en la Universidad de Ciencias y Tecnología de Hong Kong e investigadora Senior del think tank Bruegel, un punto que a su juicio debe tenerse en cuenta en cualquier debate sobre la imposición de la renta.

En el modelo económico actual, en el que el teletrabajo se abre camino y abundan los ya conocidos como nómadas digitales, la base fiscal va desapareciendo y cambiando por el factor trabajo y de movilidad. Estos perfiles, por ejemplo, se dedican a trabajos en remoto transfronterizos y suelen beneficiarse de visas de nómada digital dirigidas a personas altamente cualificadas, escapando, en ocasiones, de la tributación tradicional.

Aunque las reformas en el IVA o en IRPF pueden ayudar “de forma aislada a guardar el equilibrio tenemos que entender que ya estamos en otro equilibrio diferente, por lo que hay que diseñar medidas más agresivas para mantener la base fiscal y el gasto”, dijo García Herrero.

A su juicio, en España “corremos el riesgo de que la gente venga a trabajar aquí mientras sigue cotizando en otros sitios”. Este problema, que puede agravarse con países de fuera de la UE por la dificultad añadida de llegar a acuerdos, puede redundar en una brecha fiscal todavía mayor. “Igual es necesario repensar el papel del Estado más allá de su papel redistributivo para empezar a generar ingresos fiscales extra que permitan mantener el gasto social”.

En este punto, y aunque el tema escapa del libro blanco redactado por los expertos por su vertiente global, el presidente del grupo de sabios, Jesús Ruiz-Huerta, recordó que siempre es aconsejable tomar decisiones a gran escala y de forma coordinada precisamente para asegurar la supervivencia de las figuras tributarias. En el ámbito internacional, como ocurre en otros aspectos en el Estado de las autonomías, la carrera a la baja puede redundar en la desaparición de los principales impuestos.

Gasto y eficiencia

El control de los recursos públicos de cara a evitar el malgasto de los ingresos es una de las máximas en las que insistieron todos los expertos reunidos en el Foro Futuro. En este punto, además de dejar trabajar a organismos como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) a la hora de evaluar las diferentes partidas de gasto, Fernando Fernández insistió en la necesidad de cambiar el paradigma de que “el servicio público implica paradigma de lo público”. Por eso, aseguró, “la competencia en la provisión de educación y sanidad genera eficiencia. Inducir competencia privada en la gestión de servicios públicos tradicionales puede ayudar a reducir ese gasto”, añadió. También lo creyó así Santiago Carbó, quien propuso estimular en el ámbito privado todo lo que contribuya a rebajar las tensiones financieras, “por ejemplo en el ámbito de las pensiones”. En su opinión, y eso es algo que el libro blanco de los expertos recoge, todas las medidas deben basarse “en evidencias, en cuestiones más técnicas que ideológicas”.

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