Los ayuntamientos españoles, los que menos auditan sus cuentas de Europa

Los Censores Jurados de Cuentas recuerdan que la colaboración de los auditores del sector privado puede ser la solución

El Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España acaba de publicar un estudio en el que revela cómo los ayuntamientos y entidades locales españolas se sitúan a la cola de Europa en materia de transparencia y control financiero.

Sin embargo, esta realidad deberá cambiar este mismo año, puesto que a partir de 2022, la elaboración de estados consolidados será obligatoria en los municipios de más de 50.000 habitantes y entidades locales de ámbito superior, quedando los mismos sometidos al mismo régimen de auditoría que los estados financieros individuales.

Se trata de un importante avance para que los sistemas contables permitan conocer la situación económica y financiera de estas entidades, imprescindible si se quiere controlar su déficit y su deuda, además de garantizar la transparencia de su gestión.

Nuevos retos

El estudio “La auditoría de los entes locales en la Unión Europea” ha comparado lo que ocurre en las ciudades más pobladas del Viejo Continente y para España concluye que solo Barcelona elabora y publica anualmente un informe financiero y otro de auditoría de sus cuentas, mientras Madrid se limita a realizar un balance de su situación financiera.

En Dinamarca, Estonia, Finlandia, Italia y Luxemburgo la totalidad de entidades incluidas en el sector local (tanto ayuntamientos o entes principales como los organismos dependientes) quedan sometidas a una auditoría financiera y legal de forma anual, además de al control interno. También, Grecia y Portugal han avanzado de forma notable en este sentido; mientras en España el control sobre las cuentas de los entes locales solo lo ejercen el Tribunal de Cuentas y los Órganos de Control Externo.

Por este motivo, desde el Instituto de Censores Jurados de Cuentas consideran que la colaboración de los auditores del sector privado puede ser una opción que permita incrementar la cobertura de la auditoría, que debería ser obligatoria para todas las entidades. Asimismo, recuerdan que el covid y la guerra de Ucrania constituyen nuevos retos para el control financiero de las administraciones, ya que éstas han adoptado muchas medidas de impacto inmediato.

“2020 debería de haber sido un punto de inflexión en esta situación, ya que fue el ejercicio en el que se comenzó a aplicar el Real Decreto 424/2017 que regula el control interno en las entidades del Sector Público Local. Aunque no lo decía literalmente, por las medidas que contiene y las responsabilidades que establece, en la práctica este Real Decreto exige que a partir de ese año la mayoría de las cuentas de las entidades que dependen de los ayuntamientos de cierta dimensión sean objeto de auditorías independientes”, explicó Ferrán Rodríguez Arias, presidente del Instituto de Censores JUrados de Cuentas de España.

Por su parte, Antoni Gómez, presidente del Col-legi de Censors Jurats de Comptes de Cataluña, recordó que “la auditoría externa anual cumple un objetivo esencial preventivo, no solo respecto de potenciales irregularidades, sino sobre todo para asegurar que las cuentas reflejen adecuadamente la situación. Esta función debe estar desvinculada de la responsabilidad última de formulación de las cuentas, para evitar ser juez y parte. La escasa auditoría externa practicada en las cuentas de los ayuntamientos españoles -muy inferior al del sector privado- también penaliza el control en lo relativo a la gestión y asignación con criterios de eficiencia de los Fondos Next Generation de la Unión Europea”.