Lexnet recibirá una actualización para ser compatible con otros navegadores

Justicia planea un lavado de cara del sistema de gestión judicial ante el inminente fin de soporte de Internet Explorer

La magistrada Yolanda Ríos entrevista a Aitor Cubo en el último encuentro organizado por La Ley
La magistrada Yolanda Ríos entrevista a Aitor Cubo en el último encuentro organizado por La Ley

Lexnet será compatible con otros navegadores además de Internet Explorer. Así lo ha adelantado Aitor Cubo, director general de Transformación Digital de la Administración de Justicia. La renovación del sistema de gestión de notificaciones telemáticas para los profesionales del mundo jurídico "debería estar antes del verano", ha dicho.

Cubo ha reconocido que la incompatibilidad de Lexnet es "uno de los grandes problemas" que debe afrontar la Administración en su proceso de digitalización. Microsoft ha anunciado que Internet Explorer dejará de tener soporte a partir del 15 de junio, por lo que dicha renovación es urgente. La actualización traerá "una serie de mejoras más allá de la posibilidad de utilizar cualquier tipo de navegador", según ha comentado el alto cargo del ministerio, aunque no ha dado más detalles sobre estas novedades.

Sobre los hombros de Cubo, ingeniero informático y psicólogo de formación, recae el peso de ejecutar el ambicioso proyecto de transformación digital de los tribunales españoles del ministerio que lidera Pilar Llop. Está convencido de que España tiene todos los elementos de cara para convertirse en un referente en justicia digital. No en Europa, sino en el mundo. "Hay dinero y hay consenso […]. Lo tenemos en la mano. Si todos colaboramos, lo podemos conseguir", ha remarcado en una conversación con la magistrada Yolanda Ríos organizada por La Ley y retransmitida en línea este miércoles.

Voluntad y financiación

La digitalización que trajo la pandemia y la inyección de los fondos europeos son dos fuerzas de empuje. Cubo asegura que ya se ha repartido el dinero y que todos están de acuerdo. Las regiones se han puesto la pila y la comunicación es fluida: hay reuniones semanales, contactos, y sobre todo, financiación. "El hito de haber llegado a un acuerdo con todos y de haber repartido el dinero nos permite centrarnos en la ejecución. Ya hay un consenso. ¿Qué podemos hacer ahora? Dedicar todos los esfuerzos a la ejecución. Solo hay que construir y construir", transmite.

Hasta el momento, el ministerio ha conseguido la tramitación automática de 150.000 expediente de cancelación de antecedentes penales. Este logro, remarca el director general, "ha ahorrado un trabajo ingente a los funcionarios", que se han podido dedicar a otras cuestiones de valor. Tiene la esperanza de que el expediente judicial electrónico, una de las grandes bazas del ministerio para la digitalización del papeleo con los tribunales, sea una realidad en todo el territorio a finales de 2023.

Plan a largo plazo

El plan del ministerio para digitalizar la justicia se vertebra en tres grandes proyectos de ley para abordar el cambio de aquí a 2030. El objetivo es evitar que los profesionales se desplacen constantemente a los juzgados para trámites menores y las administraciones mejoren el intercambio de información entre ellas para ganar en agilidad.

En estas cuestiones, Cubo reconoce los avances que ya se dan en algunas regiones y lamenta las deficiencias en otras. "Para que un juez tenga confianza en un juicio telemático la parte tecnológica tiene que funcionar como un reloj", ha reconocido. Aprovechar el potencial de la justicia predictiva y explotar las posibilidades de la automatización de tareas serán campos de desarrollo.

Hasta el momento, en el ámbito territorial del ministerio los funcionarios han realizado un total de 200.000 horas de teletrabajo y medio millón de vistas virtuales. La creación de una carpeta ciudadana para la Justicia, la implementación de Clave y la puesta en marcha de herramientas que ayuden al ciudadano en sus trámites judiciales serán, espera Aitor Cubo, avances visibles en un futuro próximo. Tiene la esperanza de que con el tiempo los usuarios perciban la justicia como "un servicio público más".

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