Feijóo propone deflactar el IRPF desde enero para inyectar 3.500 millones a las familias

Sánchez y Feijóo no llegan a ningún acuerdo en los temas económicos para hacer frente a la crisis El presidente del Gobierno dice que sale con más incógnitas que certezas de la reunión

La primera reunión oficial entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo como nuevo líder del PP, se prolongó durante más de tres horas, en las que el líder Ejecutivo propuso pactos en materia económica, de política exterior o para la renovación del poder judicial.

Sin embargo, pese a las expectativas que levantó la reunión, los avances fueron pocos. El primero en comparecer tras la reunión fue el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, quien aseguró que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha aceptado ninguna de sus propuestas para hacer frente a la crisis y a la inflación.

En este sentido, afirmó que “lamentablemente” no tiene ninguna buena noticia para los que peor lo están pasando. Lamentó no haber tenido un orden del día previo para poder preparar la reunión que se ha celebrado en el Palacio de La Moncloa, de la que aseguró que ha sido “muy cordial”. Pero ha precisado que con la misma sinceridad decía también que ha sido “mucho menos fructífera” de lo que le hubiera gustado.

En este sentido, señaló que no tenía ninguna buena noticia que dar a las familias, ni a los trabajadores, las rentas medias y bajas y las empresas, ya que no ha podido “concretar ni una sola propuesta” más allá del Real Decreto Ley aprobado por el Gobierno y que Sánchez, ha precisado “pretende convalidar sin más”, es decir, sin incluir ni una sola modificación.

Feijóo propuso al presidente del Gobierno una reforma inmediata en el IRPF con efectos retroactivos desde enero pasado y una deflactación de la tarifa de este impuesto para favorecer las rentas de las familias más necesitadas lo que supondría una inyección de liquidez entre 3.500 y 3.800 millones de euros.

Feijóo explicó que desde 2008 el impuesto de la renta no se ha adaptado a los precios desde 2008, lo que ha supuesto un importante incremento de la fiscalidad en frío, drenando renta a los contribuyentes más necesitadas.

Según un estudio reciente del catedrático José Félix Sanz, desde ese año la no actualización del impuesto ha tenido un sobrecoste fiscal de más de 14.000 millones de euros, cerca de 700 euros por contribuyente de media. Sólo por la inflación de 2021 del 6,5% la rémora fiscal tuvo un coste superior a los 4.100 millones de euros, 200 euros per cápita.

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, explicó que el lider de los populares no ha presentado una propuesta concreta y no aceptó que esta medida de rebaja de impuestos sea una imposición, para tratar el resto de los temas y en su caso aprobarlos. Posteriormente el presidente del Gobierno dijo que salía del encuentro con "más incógnitas que certezas". Considera que a Feijóo aún le falta "aterrizar en los temas".

En opinión del presidente del PP, la política económica del Gobiero falla en el diagnóstico, porque la situación actual no ha comenzado con la guerra, y también falla en las soluciones.

También criticó el cambio de postura del presidente del Gobierno respecto al Sahara. Feijóo ha considerado “inadmisible” el giro que ha dado el presidente del Gobierno sobre el Sáhara Occidental y ha advertido a Pedro Sánchez que la soberanía reside en el Parlamento, no en el jefe del Ejecutivo.

Dejó claro que el presidente no puede cambiar de manera unilateral la “política histórica” de España en relación con el Sáhara Occidental, criticando así la decisión de Pedro Sánchez de apoyar la autonomía que propone Marruecos sobre la excolonia. Además, advirtió de que la españolidad de Ceuta y Melilla, la soberanía de España, es una cuestión “innegociable” porque está protegida en la Constitución española, reside en el Parlamento y no en el presidente del Gobierno.

El líder del PP, reveló que tras su conversación, han acordado recuperar las negociaciones para la renovación del CGPJ y del Tribunal Constitucional y quitar del artículo 49 de la Constitución la referencia a las personas “disminuidas”.