El pacto de pagos se presenta como fundamental para evitar el cierre de pequeños negocios
La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad reclama un plan que garantice a las pymes el cobrar sus facturas
La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) reclama que se ponga en marcha el pacto de pagos que el Gobierno propuso a los agentes sociales para garantizar que las pymes cobren sus facturas y evitar el cierre de este tipo de negocios.
Actualmente, España es uno de los países donde mayor es el periodo medio de pago, algo que resta competitividad y viabilidad a las empresas. La Plataforma alerta de que tanto pymes como autónomos están “siendo víctimas de un claro abuso”. Se refieren principalmente a empresas de mayor tamaño que “transfieren los costes financieros a las más pequeñas, cuya capacidad de financiación es menor, hasta el punto de hacer peligrar su supervivencia”.
Plantean que el pacto de pagos se integre dentro del llamado Pacto de Rentas debido a la situación en la que se encuentran muchas empresas, sin márgenes de beneficio debido a la reducción de la demanda o al encarecimiento de los costes de producción. “La pérdida de valor que producen los altos niveles de inflación a los que estamos asistiendo, provocarán un efecto multiplicador negativo sobre los ingresos de las empresas que no consigan cobrar sus facturas en plazo”, alertan desde la PMcM.
Cumplir la legislación
Una de las peticiones sobre el pacto de pagos es que incluya tanto las relaciones comerciales entre las empresas, como las que se producen entre las empresas y las Administraciones Públicas.
Así, el presidente de la Plataforma, Antoni Cañete, ha recordado que la situación es “injusta y generadora de atraso económico”. Insta a solucionar este problema como ya se ha hecho en otros países europeos. “La difícil coyuntura a la que nos enfrentamos hará desaparecer una parte importante del tejido productivo que aguanta el país, rompiendo así el círculo virtuoso de la economía”, asegura.
Por otro lado, considera que el Estado tiene la “obligación” de asegurar la protección tanto a pymes como a autónomos, ya que están siempre en una situación “más vulnerable” y ha recordado que se debe garantizar “el cumplimiento de la legislación vigente en materia de pagos”.
