El Consejo de Ministros da luz verde al Plan de Respuesta al impacto de la guerra
ERC, Bildu y Más País echan en falta impuestos a eléctricas y que las petroleras asuman más descuento del carburante
El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan de Choque de Respuesta a la Guerra, mediante el cual se movilizarán 16.000 millones de euros para "repartir de forma justa los efectos de la guerra y para preservar al máximo la senda de crecimiento y creación de empleo", tal y como avanzó ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
El plan anticrisis, aprobado como decreto-ley, durará hasta el 30 de junio e incluye una batería de medidas para mitigar el impacto de la guerra de Ucrania. Según ha explicado la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, en la rueda posterior al Consejo de Ministros, se trata de un plan "serio y ambicioso" y "sin precedentes" que se articula en cinco pilares: familias, trabajadores y desplazados; tejido empresarial; transportes; ciberseguridad y energía. Calviño ha destacado la importancia de aplicar este plan para poder "responder de manera adecuada al mayor riesgo geopolítico actual".
"La injustificada agresión en Ucrania ha ocasionado una guerra a las puertas de la Unión Europea, que ya está teniendo efectos económicos y sociales por los flujos de refugiados, el alza de los precios energéticos o las disrupciones en la cadena de suministro, todo ello suponiendo un shock económico que va a afectar a todos los países europeos", ha argumentado.
Tendrá un impacto de 6.000 millones de euros en ayudas directas y rebajas de impuestos y de otros 10.000 millones en créditos ICO.
Una de las medidas clave para ayudar a las familias es la bonificación con un mínimo de 20 céntimos el litro de combustible a todos los ciudadanos, no solo a los transportistas, que se aplicará desde este viernes al repostar. El Gobierno aplicará una rebaja de 15 céntimos y las petroleras, un mínimo de 5 céntimos.
La vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha explicado que se trata de una ayuda especial para el consumo de combustibles, al mismo tiempo que ha precisado que las petroleras podrán evitar el copago de esos 5 céntimos si justifican que ya aplican ofertas especiales por debajo del mercado.
Sobre la nueva línea de avales de créditos ICO por 10.000 millones, Calviño ha detallado que podrán ser solicitados hasta el 31 de diciembre y tendrán un periodo de carencia de 12 meses. Además, se ha aprobado la ampliación del plazo de vencimiento de créditos avalados por el ICO hasta 10 años y se ha habilita un periodo de carencia de seis meses a petición de los deudores de los sectores más afectados, al tiempo que se establece la obligatoriedad a las entidades financieras de mantener las líneas de circulante para todos los clientes.
El objetivo es "responder a las necesidades de liquidez de muchas empresas y autónomos por el encarecimiento de la energía", ha destacado Calviño, que ha explicado que se flexibiliza el código de buenas prácticas aplicable a todos los avales vivos correspondiente a los créditos del Covid, de forma que se rebajan los requisitos para la extensión de vencimiento. "Ya no es necesario que la cifra de negocio en 2020 se haya reducido más de un 30% con respecto a 2019 para poder acceder a esa ampliación de plazo", ha avanzado la vicepresidenta primera.
Junto con los avales, se han aprobado ayudas directas de 362 millones para el sector de la agricultura y la ganadería; 68 para el pesquero; 500 para la industria gran consumidora de energía y otros 125 para industria con utilización intensiva de gas, además de los 450 destinados al transporte de mercancías y viajeros.
También se ha aprobado limitar la subida de los alquileres al 2% en los contratos que se renueven hasta el 30 de junio, como tope obligatorio para los grandes tenedores (propietarios de diez o más viviendas), mientras para el resto se aplicará cuando no haya otro acuerdo entre las partes. La medida está dirigida a proteger a los inquilinos del aumento desbocado de la inflación, que se situó en febrero en el 7,6%.
En previsión de que el IPC siga subiendo a un ritmo muy superior al de los sueldos, el Ejecutivo establece que los contratos a los que corresponda su revisión anual en los próximos tres meses -abril, mayo y junio- no se revalorizarán en función de ese índice, sino del Índice de Garantía de Competitividad (IGC), creado en 2013 con un suelo del 0% y un techo del 2%.
El Plan Nacional de Ciberseguridad finalmente, estará dotado con una inversión de más de 1.200 millones de euros, frente a los 1.000 millones anunciados previamente, ha dicho Calviño. En paralelo, el Gobierno ha aprobado un Real Decreto de Ciberseguridad 5G, que transpone la 'caja de herramientas' en este campo de la Comisión Europea y que busca acelerar el despliegue seguro del 5G en el país.
Además, se ha dado luz verde al aumento del 15% en la cuantía del Ingreso Mínimo Vital (IMV) para llegar a más familias vulnerables. Se extenderá a 600.000 familias más el bono social eléctrico, hasta llegar a los 1,9 millones de hogares, se prórroga hasta el 30 de junio la rebaja impositiva en la luz y se permitirá que las empresas acudan a medidas de flexibilidad, como los ERTE, al tiempo que se prohiben los despidos, como ya sucedió durante la pandemia.
En su turno de intervención, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha explicado que las empresas tendrán prohibido despedir a trabajadores por razones relacionadas con el precio de la energía, al tiempo que tampoco podrán hacerlo aquellas compañías que se acojan a los ERTE contemplados en la reforma laboral.
Los principales socios parlamentarios del Gobierno de coalición, incluyendo Esquerra Republicana, PNV, Bildu, Más País y Compromís, no se han opuesto al plan de choque con medidas frente a la crisis derivada de la guerra en Ucrania, lo que asegura la convalidación del decreto ley cuando se vote en el Congreso en el plazo de un mes.
En rueda de prensa, los portavoces de estos grupos parlamentarios han celebrado la adopción de ayudas y la renuncia a una bajada generalizada de impuestos, como venían exigiendo el PP o Ciudadanos. Sin embargo, buena parte de ellos han lamentado que el decreto ley es insuficiente, llamando a ampliar algunas de las medidas sociales. Por ello, han mostrado su confianza en que el decreto se tramite después como proyecto de ley para discutir modificaciones. ERC, Bildu y Más País echan por ejemplo en falta impuestos a eléctricas y que las petroleras asuman más descuento del carburante. Por su parte, Héctor Gómez, portavoz del PSOE en el Congreso, ha dicho que el Gobierno no se cierra a más medidas en función de cómo evolucione la guerra.