Los inspectores de haciendas locales denuncian la existencia de paraísos fiscales en el impuesto de circulación
Consideran que esto sucede por la falta de control de la Dirección General de Tráfico en los cambios de domicilio de los permisos de circulación
La Asociación Nacional de Inspectores de Hacienda Pública Local (Anihpl) ha denunciado que la falta de control por parte de la Dirección General de Tráfico (DGT) a la hora de admitir cambios de domicilio del permiso de circulación ha favorecido la aparición de “paraísos fiscales” en el impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), el popularmente conocido impuesto de circulación.
La Asociación ha explicado a través de un comunicado que esta falta de control provoca la “deslocalización” ficticia de vehículos de compañías de renting hacia municipios con menor tributación donde abren presuntamente locales fantasma como ‘tapadera’.
En la actualidad, desde un punto de vista teórico, la diferencia que podría llegar a alcanzarse entre la tributación máxima y mínima del impuesto, se aproxima al 700%, diferencia, que en caso de producirse, sería legal y legítima pues los ayuntamientos cuentan con cierto margen de autonomía de acuerdo con la normativa que regula el tributo.
Pero según, denuncian los inspectores, algunos ayuntamientos instrumentalizan esa autonomía a su favor no haciendo uso del coeficiente multiplicador que puede llegar a duplicar la cuota o aplicando bonificaciones, con criterios poco restrictivos, de hasta el 75% para atraer a esas grandes flotas. Esto explica que haya localidades con más de 100 coches por habitante, a pesar de que en la práctica no exista “ni rastro” de esos automóviles.
Esta asociación considera que este “mal casi endémico” puede tener su fin más cerca tras la reciente sentencia del pasado enero del Juzgado de lo Contencioso- Administrativo nº 10 de Barcelona. El fallo respalda a la Inspección Tributaria del Ayuntamiento de Barcelona y desestima un recurso presentado por una compañía con una sucursal ficticia en la comarca del Bagés (Barcelona).
A raíz de la sentencia, varios ayuntamientos en España prevén iniciar actuaciones inspectoras en breve, regularizando el IVTM por los últimos cuatro años a las grandes flotas como si hubieran permanecido en su ciudad, cuando así haya ocurrido.
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