Transformación digital

Así sirve la IA a la Justicia: análisis de concursos, vistas telemáticas y anulación de antecedentes penales

El ministerio de Justicia cuenta con un presupuesto de 400 millones para proyectos digitales procedentes de los Fondos Next Generation

Tribunal Supremo
Tribunal Supremo

Aplicar las nuevas tecnologías a la Justicia para dotarla de mayor flexibilidad, agilidad y reducir tiempos de espera. Conscientes de que la Justicia no cuenta precisamente con una imagen muy innovadora entre los ciudadanos, y que aún hay mucho campo por recorrer, distintos cargos públicos, jueces, experto en Derecho y tecnológos expusieron ayer proyectos concretos de digitalización en el ámbito judicial, con resultados concretos de mejora del servicio público.

Durante el evento sobre Robotización e Inteligencia Artificial aplicadas a la justicia, organizado por el Ministerio de Justicia junto al de Asuntos Económicos y Transformación Digital y la patronal tecnológica Ametic, la ministra de Justicia, Pilar Llop, destacó ayer la cohesión social como uno de los principales pilares en esta tarea de transformación, a la que se dedica un presupuesto de 400 millones de euros, procedentes de los Fondos Next Generation.

Uno de los ejemplos concretos de avances en la digitalización es el de la robotización en la eliminación de antecedentes penales, que se ha acelerado con la aplicación de estas técnicas: en una semana se consiguió cancelar los antecedentes de más de 150.000 ciudadanos con derecho a ello, un ritmo mucho más rápido que cuando la tarea se realiza de forma manual.

Al tiempo, las herramientas digitales permiten “acelerar” esa tarea “tediosa”: en ese periodo se permitió que funcionarios ahorrasen un tiempo equivalente a 340 días laborales, con lo que pueden dedicar este tiempo a “actividades con un mayor valor añadido” y con mayor “componente humano”, señalaron los ponentes.

La ministra se refirió también a la celebración de vistas judiciales telemáticas “que ya son una realidad” en España, con un total de más de 65.000 juicios celebrados desde enero 2021 hasta hoy. Por su parte, el servicio de cita previa para órganos judiciales y oficinas del Registro Civil ha gestionado más de 355.000 citas previas desde enero de 2021, mientras que la implantación de la textualización automática ha permitido transcribir 287.000 grabaciones.

Otra de las aplicaciones de las herramientas digitales es en los concursos de acreedores. Llop explicó que se está utilizando “la inteligencia prospectiva y la analítica de datos en materia concursal”. También se aplica al análisis en materia de delitos sexuales y en asuntos de violencia doméstica y de género. “Es saltar del siglo XIX al siglo XXI sin haber pasado por el siglo XX”, dijo la ministra.

Por su parte, el magistrado del Tribunal Supremo Antonio del Moral explicó cómo “la inteligencia artificial” aporta “muchísimo” cuando se trata de “cálculos complicados” en el ámbito del derecho penal, como es la aplicación del artículo 76 del Código Penal, relativo a la acumulación de penas. “Exigen mucho cálculo” cuando son muchas las penas, dijo. Ahora “en medio minuto” es posible tener la cifra exacta, dijo.

El presidente de Ametic, Pedro Mier, destacó por su lado la “colaboración” entre distintas instituciones y empresas en el proceso de digitalización de la Justicia. Mier destacó el uso de robots como “una herramienta, no de sustitución sino de complemento”. Una idea que, destacó, debe alejar los temores de la ciudadanía “a lo que la robotización puede aportar”. Para el directivo, con el uso de robots se pueden liberar “capacidades más nobles de las personas” .

 

Un marco ético y legal para las herramientas digitales

  • Base legal. Las leyes de eficiencia que sustentan el proyecto Justicia 2030 -la ley de eficiencia procesal, la ley de eficiencia organizativa y la ley de eficiencia digital- que se encuentra en proceso avanzado de su tramitación, van a “afianzar las bases” legales del proceso de transformación digital, también en el ámbito de la Justicia, explicó la ministra Pilar Llop.
  • Eficiencia. La ley de eficiencia digital supondrá el “marco de seguridad jurídica” para la digitalización, con menciones expresas a la automatización, a la inteligencia artificial, al marco referencial ético y a los derechos humanos, incluyendo “todas las perspectivas posibles” (de género, de discapacidad...) y referencias a la no discriminación en el diseño y aplicación de los algoritmos, dijo Llop.

Cohesión social. Se trata de que mediante la digitalización “cualquier ciudadano pueda acceder al servicio público de Justicia en cualquier lugar en el que se encuentre”. Con ello se busca cumplir con “los más básicos constitucionales de solidaridad entre las comunidades autónomas”.

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