Las eléctricas piden compensar al gas y Ribera prefiere un precio tope al ‘pool’
Las compañías presionan para que se primen los ciclos combinados
Las grandes compañías eléctricas han recibido con entusiasmo la propuesta lanzada por la energética francesa Engie, que también analiza el Ministerio de Transición Ecológica, para que se compense a las centrales de gas con el fin de hacer bajar las ofertas que hacen en el mercado mayorista (pool) y, de paso, provoque un descenso en el precio de la luz. Una medida de este tipo sería, en su opinión, una alternativa a cualquier intervención de los precios del pool, a lo que se resisten abiertamente.
Aunque la titular del ministerio, Teresa Ribera, ha reconocido que hay varias posibilidades para romper el lazo entre el precio del gas, que se ha disparado en los últimos meses y, especialmente, tras la invasión rusa de Ucrania, y el de la electricidad derivado del actual sistema marginalista, sigue manejando como primera opción introducir cambios en el mercado eléctrico, origen de los problemas, indican fuentes políticas. Por el contrario, las empresas consideran que el problema no es el pool, sino el gas.
La Comisión Europea, dada la gravedad de la crisis energética, se ha comprometido a analizar la cuestión y a lanzar una propuesta para desligar ambos precios, que podría darse a conocer en la cumbre formal de jefes de Estado que se celebrará los días 23 y 24 de marzo. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, inicia hoy una serie de visitas a sus homólogos comunitarios para aprovechar el viento de cola de una situación excepcional para lograr un consenso.
El objetivo no es solo dejar de depender del gas ruso, a lo que aspira la Unión, sino librar al mercado eléctrico de la servidumbre de este combustible y de una regulación que encarece el precio de la luz. Una opción, la menos factible, es el desacoplamiento total del gas del pool, fijando un precio regulado para los ciclos combinados, y dejar en el mercado al resto. Se trataría de una retribución en la que se reconocería su coste (ahora muchas plantas ofrecen el precio del Mibgas cuando están quemando gas de antiguos contratos mucho más baratos) y una rentabilidad.
La segunda posibilidad es fijar un precio tope al gas en el pool (por ejemplo 180 euros/MWh o similar) que, de superarlo, sería despachado por el llamado mercado de restricciones: cobraría lo ofertado, pero ya no marcaría el precio para las energías inframarginales (nuclear, hidroeléctricas y algunas renovables). Estas dos opciones son complicadas porque el mercado mayorista está armonizado a nivel europeo (en una directiva de 2015 y el Reglamento 943/2019), que cuenta con un algoritmo de casación. Aunque existen precios máximos y mínimos, estos van desde -500 euros/MWh a 3.000 euros/MWh).
La última opción es intervenir el mercado del gas, compensando su elevado precio para abaratar las ofertas de este en el pool, por ejemplo, hasta 100 euros/MWh, una situación intermedia a la de 2019. La diferencia la pagaría el consumidor en la factura ya que el ahorro para el sistema, al no marcar el marginal para el resto, sería muchísimo más elevado que lo que le costaría al usuario (cinco veces menos, dependiendo del precio que se compense).
De un modo u otro, se trata de una vieja reivindicación del sector. La propia Endesa pidió en su día que el Gobierno utilizara las reservas de los almacenes de gas (a precios preescalada) para los ciclos combinados y lograr así bajar el precio del pool. La propuesta de Engie, tras la cual estaría el propio Gobierno francés, según fuentes del sector, ha llegado en el momento oportuno para reforzar los argumentos de las eléctricas.
Líneas rojas
Sea como sea, a final de este mes la Comisión deberá hacer una propuesta para desligar el gas de la luz. De no hacerlo, España se considerará con las manos libres para actuar unilateralmente. En cualquiera de las opciones barajadas se produciría un descenso de los precios y una presión exportadora desde Francia que le obligaría a cerrar la interconexión.
Algo prohibido por la normativa europea, aunque “igualmente contrarias a la ley son la mayoría de las recomendaciones excepcionales de la reciente comunicación de la CE”, señalan fuentes del sector. La Comisión no legisla y, aunque no recurriría la aplicación de sus consejos, queda el riesgo de los jueces.
El Consejo de Ministros podría aprobar hoy, a través de un real decreto ley, un paquete de medidas para aliviar la factura de la luz, especialmente a los vulnerables y a las empresas. Pero dicho paquete no incluirá de momento el polémico cap, que tendrá esperar a la celebración de la cumbre europea de finales de mes.
Entre las que se aprobarían hoy figura una reforma del bono social de la luz al que tienen derecho los vulnerables (1,2 millones), que quedaría desligado de la tarifa regulada (PVPC) y, por tanto, del precio del mercado mayorista. En paralelo, tiene que aprobar un nuevo modelo de financiación de dicho bono.
Asimismo, podría aprobarse la prórroga del recorte de los tributos de la luz (la suspensión del impuesto del 7% a la generación y las bajadas del IVA al 10% y del impuesto eléctrico al 0,5%). Además, se compensarán en un 80% los peajes de la industria vía Presupuestos, a la vista de la nueva flexibilidad para dar ayudas de Estado de la Comisión. El Gobierno también regulará la revisión extraordinaria anticipada de la retribución de las renovables del llamado Recore, que permitirá una rebaja de los cargos de la factura en casi 2.000 millones de euros.
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