El PSOE recupera el canon hidroeléctrico para gravar a las eléctricas
El canon por utilización de aguas continentales para producir energía eléctrica -denominado comúnmente canon hidroeléctrico y que creó el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012, pero fue anulado por el Tribunal Supremo en 2021- podría volver a ser una realidad con algunas modificaciones gracias a una enmienda presentada por el PSOE durante la tramitación de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular en el Senado.
Así consta en el informe de la ponencia previa a la Comisión de Transición Ecológica del Senado, aprobado este miércoles con 16 votos a favor, 4 en contra y 9 abstenciones. El texto legislativo pasa ahora al Pleno de la Cámara Alta antes de que vuelva al Congreso para su visto bueno definitivo.
Esa enmienda modifica la Ley de Aguas para reintroducir el canon hidroeléctrico, que pagarán las compañías que sean titulares de aprovechamientos energéticos en lugares de dominio público hidráulico y cobrarán las confederaciones hidrográficas, después de que el Gobierno acordara el pasado diciembre devolver 1.907,67 millones de euros a empresas eléctricas por cobro indebido del canon entre 2013 y 2021, según el Tribunal Supremo.
El canon, que tendrá la naturaleza de tasa, gravará un 25,5% el valor de la base imponible de la producción eléctrica y se aplicará en las cuencas hidrográficas estatales.
Las confederaciones tendrán que revisar las concesiones antes de cobrar el tributo, de manera que tanto ellas como las compañías eléctricas deben acordar los términos resultantes de la revisión.
El PSOE asegura que la nueva reforma permitirá un "control veraz" por parte de la Administración de las autoliquidaciones presentadas por los titulares de los aprovechamientos hidroeléctricos, al recibir la información precisa de Red Eléctrica de España y del órgano encargado de las liquidaciones.
Juan Manuel Juncal, del PP, reprochó al PSOE su "interpretación torticera de la norma" al introducir el canon hidroeléctrico en la Ley de Residuos modificando la Ley de Aguas mediante una disposición adicional y comentó que ese canon "no va dirigido a las empresas", dejando entrever que se repercutirá a los consumidores en un contexto de altos precios de la energía.
Manuel Miranda, del PSOE, apuntó que el canon repercute "directamente" en los consumidores porque el Estado ha tenido que pagar unos 1.900 millones de euros tras la sentencia del Tribunal Supremo. "Realmente lo pagan las empresas eléctricas", señaló.