El Gobierno impulsa la Ley de Ciencia para destinar el 1,25% del PIB en 2030

La normativa tiene el objetivo de "dignificar las condiciones de los investigadores

La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant.
La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant. EP

El Consejo de Ministros aprobó este viernes el proyecto de Ley de Ciencia, un "texto transformador" para "dignificar las condiciones de los investigadores y garantizar financiación pública creciente y estable" y "alineada" a los requisitos europeos, con el compromiso de alcanzar el 1,25% del producto interior bruto (PIB) en 2030. Este porcentaje, actualmente, no llega al 0,60%.

Así lo aseguró la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, en la rueda de prensa posterior la reunión extraordinaria del Gobierno, en la que apuntó que ese presupuesto llegará al 3% en el marco del Pacto por la Ciencia, con apoyo de 80 entidades del ámbito privado.

Morant aseguró que la nueva normativa acabará con la situación de crisis de la ciencia española que ha sufrido la destrucción de "miles de plazas" en los últimos años, a la "precariedad", el "envejecimiento", la "fuga" de talento y "un tapón de una generación de investigadores e investigadores". "Da un paso definitivo para salir de la crisis por la puerta del futuro" y salda "una deuda histórica", sentenció.

El texto que elaboró el Ministerio de Ciencia e Innovación a partir del "consenso" con el sector, diseña un nuevo itinerario posdoctoral que pretende reducir la edad de entrada al sistema y facilitar la incorporación estable al mismo, mejorando así la predictibilidad de la carrera científica en sus fases iniciales.

Otro de los objetivos es reforzar la transferencia de conocimiento, desarrollando vínculos bidireccionales entre ciencia y el ecosistema empresarial, promoviendo la investigación y la innovación en el tejido empresarial español. Entre otras medidas, se propone potenciar la valoración positiva de la actividad de transferencia en los organismos de investigación y las universidades.

Por otra parte, en materia de subvenciones públicas, se introducen medidas para facilitar tanto el procedimiento de concesión de ayudas como el de justificación por parte de los beneficiarios.

La norma también refuerza la transversalidad de género, incorporando un conjunto de instrumentos de planificación, estructuras y acciones específicas para erradicar las desigualdades en este ámbito en la I+D+I y crea la agencia española del espacio.

Principales novedades

Estas son algunas de las principales novedades de la normativa, según recoge Efe:

- Financiación: la ley garantiza una financiación de la I+D+i pública estable y creciente para converger con Europa. El objetivo es alcanzar una inversión pública del 1,25 % del PIB en 2030 (ahora está en el 0,58 %).

- Contrato indefinido: uno de los principales objetivos de la ley es reducir la precariedad y para ello incluye un nuevo contrato indefinido para científicos y técnicos asociado a líneas de investigación. Está alineado con la reforma laboral, no está sujeto a oferta pública de empleo ni tasa de reposición y no necesita autorización previa si dispone de financiación externa o procedente de convocatorias en concurrencia competitiva.

- Posdoctorales: se aumenta la vigencia del contrato posdoctoral de acceso a una duración de entre 3 y 6 años -hasta ahora era de 1 a 5 años- en universidades, organismos, fundaciones y consorcios del sector público. Estos limitan a un máximo de 100 las horas anuales de docencia.

- Predoctorales: la ley reconoce el derecho a la indemnización por finalización de contrato, un derecho que se extiende también para los contratos vigentes a la entrada en vigor de la ley

- Méritos de la actividad investigadora: el personal investigador puede someter a evaluación su actividad cada cinco o seis años, consolidando -de ser favorable- complementos específicos.

- Menos burocracia: la justificación de subvenciones se podrá realizar en forma de cuenta justificativa simplificada y la comprobación será por muestreo sin que resulte precisa la verificación de la totalidad de ayudas o subvenciones concedidas.

Se permite también la concesión directa de ayudas a proyectos ya evaluados por otros agentes públicos españoles. Además, se exceptúan de autorización por el Consejos de Ministros y previa del Ministerio de Hacienda y Función Pública para la realización de contribuciones o aportaciones recurrentes y ya autorizadas anteriormente a un mismo organismo o programa internacional cuyo importe anual no supere los 25.000 euros.

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