Canarias

El pesado lastre de la economía sumergida en las islas

La pandemia del coronavirus ancla a Canarias en los peores puestos del país, con casi un tercio de su economía en el “lado oscuro”

Economía sumergida
Economía sumergida
Santa Cruz de Tenerife

Si eran pocos los males que la covid-19 había traído para las islas (paralización durante meses del sector turístico, su principal motor económico; o los más de 200.000 trabajadores en ERTE en los peores momentos de la pandemia), hay que sumar, al menos, uno más: el fortalecimiento de la economía sumergida. El coronavirus ha contribuido a anclar a Canarias en los peores puestos del país, con casi un tercio de su economía en el lado oscuro. Organizaciones empresariales, sindicatos y Gobierno autónomo se conjuran contra esta lacra con medidas dirigidas a su reducción.

Estudios como el del centro de análisis Funcas (2018), indican que el peso de la economía irregular en las islas es del 26%. La siguiente Comunidad Autónoma en esa clasificación es Andalucía, con un 23,3%. Muy lejos, ambas, de Madrid, que con un 16,7% es la que menor índice representa. Que el archipiélago sea uno de los territorios del país con mayor extensión de la economía sumergida no extraña a Héctor Fajardo, secretario de Organización, Comunicación y Coordinación Institucional de UGT en Canarias, que hace mención al peso de sectores como los de la hostelería o el comercio, en los que esta florece con más facilidad.

Cita circunstancias como “la contratación de trabajadores a media jornada que acaban haciendo más horas de las que les corresponden, o empleados a los que se paga una parte en ‘B”. Si a ello se le suma una época de crisis como la marcada por el coronavirus, el cóctel está completo. Pero ¿qué medidas se pueden adoptar? Fajardo apunta desde el aumento de las inspecciones y del número de inspectores, a la adecuación del seguro de los trabajadores autónomos a los ingresos que efectivamente generan, entre otras.

Los empresarios canarios están también implicados en reducir el peso de la economía sumergida en el archipiélago, entre otras razones, por la competencia desleal que les suponen aquellos que no cumplen con la legalidad. El presidente del Círculo de Empresarios de Gran Canaria, y también de la Confederación Canaria de Empresarios, Agustín Manrique de Lara, afirma: “Estamos peor que en otros momentos”. Aunque reconoce que la economía sumergida ha sido una “válvula de escape para que muchas familias de las islas hayan llegado a los mínimos vitales durante la pandemia”, explica que la idiosincrasia de las empresas canarias, un inmenso porcentaje de ellas microempresas, propicia la “economía informal”, con autónomos que se han pasado a ella porque no han podido hacer frente a sus obligaciones fiscales. Y sin el necesario respaldo de las administraciones públicas, “que han sido poco sensibles a facilitar una segunda oportunidad para que vuelvan a integrarse en la economía formal”, añade Manrique de Lara, a la vez que reclama una mayor inspección laboral y fiscal.

El “lado oscuro”

Otras organizaciones empresarias del archipiélago están igualmente sensibilizadas con el problema. Desde la Federación de Empresas del Metal de Santa Cruz de Tenerife (Femete), su presidente, Alberto Villalobos, lamenta que los empresarios que se han pasado al que denomina “lado oscuro” se están ahorrando hasta un 50% de cotizaciones e impuestos, lo que redunda a su vez en una menor recaudación para los servicios públicos por parte de las administraciones. Encima, el ciudadano “no obtiene ni la calidad ni las garantías de una empresa legalmente constituida”, indica.

La excesiva imposición fiscal existente en España frente a países de su entorno, lo que provoca que haya “mucha gente que huya de ese compromiso”; la ausencia de herramientas efectivas que permitan a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado “entrar a un domicilio, salón o local donde se desarrolle una actividad ilegal”, para lo que insta a un cambio de la legislación; o la sobreprotección del trabajador, “lo que genera pasividad y pocas ganas de encontrar trabajo, porque si tienes una ayuda y trabajas sin factura, prácticamente obtienes un sueldo”, son algunas de las causas que explican la implantación de la economía sumergida en las islas, según Villalobos.

El presidente de Femete especifica que desde la organización que encabeza han puesto en marcha la plataforma Yo Soy Legal (www.yosoylegal.es), subvencionada por la consejería de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, que permite a los ciudadanos contratar servicios y adquirir productos con empresas legalmente constituidas, “en una lucha contra la economía sumergida, pero en sentido positivo”, remarca.

Acciones desde el Gobierno

Reforma laboral. El director general de Trabajo del Gobierno de Canarias, Alejandro Ramos, explica que desde el Ejecutivo autonómico se trabaja contra la economía sumergida en varios frentes. Uno, en apostar por la reforma laboral que acaba de aprobarse, y dentro de ella, por la estabilidad de los contratos de trabajo, “con lo que evitará la temporalidad y la precarización de las relaciones laborales, además de fomentarse la negociación colectiva”.

Inspección de Trabajo. Ramos apunta además que, junto con la Inspección de Trabajo, se fiscalizan durante el año las faltas de altas a la Seguridad Social o las infracotizaciones, y que se ha aprobado un plan extraordinario de aumento de inspectores para reforzar las plantillas ordinarias dirigido “a atacar la economía sumergida”.

Buzón anónimo. El director general de Trabajo añade que, entre las acciones para combatir el fraude existe también el buzón anónimo, “que no señala al denunciante, y que actúa tanto para las empresas que estén constituidas legalmente como no”, a lo que se une el diálogo “constante” dentro del Consejo Canario de Relaciones Laborales, y a través de las reuniones con las organizaciones sindicales y empresariales, para profundizar en esta materia.

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