Las telecos no llamarán más a la hora de la siesta ni fines de semana desde 2022
Las medidas son parte de un nuevo código de conducta que fue firmado en julio y que refuerza el acuerdo alcanzado en 2010
El código de conducta pactado por MásMóvil, Orange, Telefónica y Vodafone, los cuatro operadores de telefonía con mayor cuota de mercado de España, entrará en vigor este 1 de enero con medidas como la prohibición de llamar entre las 15.00 y la 16.00 horas o en los fines de semana. Este código, que fue firmado en julio, refuerza el acuerdo alcanzado en 2010 y que actúa como mecanismo de autorregulación para que los clientes cuenten con todas las garantías a la hora de contratar sus servicios. Las partes han acordado reunirse semestralmente para verificar el cumplimiento del acuerdo.
Con la actualización, el pacto prohibirá las llamadas comerciales antes de las 9.00 horas y después de las 21.00 horas e incrementará la protección para los usuarios que se hayan registrado en la 'Lista Robinson', un servicio que permite de forma fácil y gratuita evitar publicidad de empresas a las que no se haya otorgado el consentimiento para enviar publicidad.
La nuevas medidas incluyen la realización de auditorías a los distribuidores y otras plataformas de llamadas que utilicen medios engañosos, fraudulentos o, en general, desleales para la competencia. Asimismo, se incrementará la regulación para que no se puedan obtener datos del consumidor, ni contestaciones interpretables como una aceptación a cambiar de operadora.
Las operadoras se comprometen a reducir las llamadas a un máximo de tres veces al mismo cliente a lo largo de un mes. Si el cliente rechaza las ofertas, las compañías estarán obligadas a esperar tres meses antes de hacer una nueva.
Asimismo, el usuario tendrá derecho a conocer siempre el número desde el que llaman, la marca comercial que le está contactando, el motivo exclusivamente comercial de la llamada y la base de datos de la que se extrae su nombre, así como la del contact center. Las empresas también se comprometieron, según el texto inicial, a implementar entre ellas un procedimiento común ágil de resolución de reclamaciones de los clientes que hayan podido ser víctimas de prácticas comerciales contrarias al Código.
Las compañías, además, colaborarán entre ellas para poner en conocimiento y, si es necesario, denunciar ante los organismos competentes la existencia de hechos constatables que pudieran resultar fraudulentas o lesivos para los clientes. Además, las empresas darán de baja los servicios que hayan sido contratados en acciones que incumplen este código siempre que como máximo se haya pasado una factura y asegurándose que no resulta en penalizaciones económicas ni en pérdida de conectividad para el usuario.