La Administración tiene atascados los permisos del 88% de los proyectos renovables
El nuevo RDL energético evita la ejecución de avales al ampliar el plazo de las autorizaciones
Los promotores de proyectos de energías renovables han respirado tranquilos después de que el Gobierno les haya ampliado nueve meses el plazo para recibir algunos de los permisos intermedios que impone la actual normativa que, en caso de incumplimiento, dejaría manos libres a la Administración para ejecutar las garantías aportadas para su tramitación. Así figura en el real decreto ley (RDL) de medidas urgentes en el ámbito energético publicado ayer en el BOE y que entra hoy en vigor.
Al tratarse en la mayoría de los casos de retrasos provocados por la propia Administración (el Ministerio para la Transición Ecológica para las plantas superiores a 50 MW, o las comunidades cuando la capacidad es inferior) el Gobierno ha optado por aplazar a enero de 2023 dos de los permisos requeridos antes de abril del próximo año, aunque se mantiene el plazo de cinco años para la puesta en marcha de las instalaciones.
A mediados de noviembre, el retraso en las autorizaciones afectaba a un 88% de los 140.00 MW de potencia eólica y fotovoltaica en tramitación, ya que solo el 12% contaba con la declaración de impacto ambiental (DIA) y la auitorización de construcción. Del resto, aproximadamente la mitad se hallaba en fase de información pública y la otra mitad, ni siquiera había llegado a ese punto.
Las comunidades autónomas han sido las primeras en reconocer el atasco burocrático por lo que solicitaron de forma unánime en la Conferencia Sectorial de Energía celebrada el pasado 9 de diciembre “la flexibilización de los plazos correspondientes a los hitos intermedios, ante la constatación generalizada de poder tramitar en tiempo y forma los proyectos en el plazo establecido por la normativa en vigor”, según señala el RDL en su exposición de motivos.
De 140.00 MW en trámite, solo 16.600 MW cumplen los plazos
Otro real decreto ley, el de junio de 2020 de medidas energéticas y de reactivación económica, estableció varios hitos o plazos temporales para obtener autorizaciones que permitieran a los proyectos avanzar y evitar así la especulación que regía con anterioridad, cuando muchos promotores obtenían los permisos de acceso y conexión (condición sin la cual no es posible tramitar ningún proyecto) sin intención de construir las plantas. De hecho, tal como recordó el martes tras el Consejo de Ministros la vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera, hay proyectos de acceso y conexión concedidos por un total de 140.000 MW, mientras que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030 prevé un incremento de 35.000 MW de potencia hasta 2025 y de 60.000 MW para 2030.
Los plazos que la norma establece son para la obtención favorable de la declaración de impacto ambiental (DIA); para la autorización administrativa previa (AAP); para de la construcción y la de explotación. Sin ellas, además de los avales, el promotor pierde los de acceso y conexión.
Pues bien, son los plazos de los dos primeros permisos (la DIA y la AAP) los que el Gobierno amplía nueve meses (hay una minoría de proyectos anteriores a 2018 a los que les caduca el día 25 de este mes). Aunque empresas del sector pidieron al Gobierno que la ampliación del plazo se limitase a los proyectos que de verdad están bloqueados por la Administración y no los que se han demorado por culpa del promotor, diferenciar estos casos resultaba complicado y abriría una puerta a demandas en los tribunales.
Regularización
Las comunidades autónomas (consejerías de Medio Ambiente o Energía) y el ministerio se han comprometido a reforzar los medios para desatascar los permisos, de lo contrario de nada serviría ampliar los plazos. El bloqueo es especialmente destacable en Aragón, Andalucía y, últimamente, en Madrid, comunidad poco acostumbrado a albergar instalaciones de renovables.
El RDL abre una ventanilla para que titulares o solicitantes de permisos de acceso y, en su caso, conexión puedan renunciar a los mismos en el plazo de un mes si consideren que no van a poder sacarlo adelante. Con esta medida de regularización, que no es la primera que el Gobierno ha aplicado, podrían recuperar los avales y “permitirá liberar capacidad de acceso a la red y recursos administrativos para la tramitación de proyectos con mayor madurez y viabilidad”, indica el RDL.
Este incluye, como es sabido, una prórroga de los recortes fiscales de la factura de la luz hasta marzo y abril del próximo año y medidas para impulsar el desarrollo del autoconsumo y el vehículo eléctrico. También la posibilidad de que los grandes consumidores de gas puedan suspender sus contratos sin coste cuando necesiten reducir su consumo o paralizar la actividad en sus fábricas, como el caso de Fertiberia.
Los peajes de la luz bajan una media del 4,6%
En enero. Los peajes del transporte y la distribución de electricidad para 2022 se reducirán una media del 4,6% respecto a los que se aplican desde junio, informó ayer la CNMC. Los peajes son competencia del regulador y, junto a los cargos, componen la parte fija de la factura de la luz. Los cargos los fija el Gobierno y se destinan a subvencionar a las renovables, el pago de la deuda eléctrica, los costes de los sistemas extrapeninsulares y otros costes menores del sistema.
Resolución. El organismo regulador aprobó ayer la resolución que establece los precios de los peajes eléctricos para 2022. Estos se han determinado teniendo en cuenta la estimación de la retribución del transporte y la distribución que resulta de aplicar las circulares de 2019 que fijaron una nueva metodología para el cálculo de la misma. La retribución del transporte, que recibe REE, es un 13,3% inferior a 2021, al pasar de 1.630,8 millones a 1.413,2 millones en 2022, por los menores ingresos en las conexiones internacionales y los ingresos.
Redes. En cuanto a la distribución, crece levemente, un 0,5%, respecto a 2021. Concretamente, pasa de 5.227,9 millones a 5.255,5 millones para 2022. En conjunto, la retribución del transporte y la distribución considerada en los nuevos peajes cae un 2,8%: de 6.858 millones a 6.668 millones en 2022.
Newsletters
Sobre la firma