Luz verde a la Ley del Ingreso Mínimo con el apoyo de los partidos en el Gobierno, ERC y EH Bildu
E mayor cambio en el contenido de esta norma es la inclusión de una ayuda por hijo a cargo de entre 50 y 100 euros mensuales para las familias que se beneficien de la prestación
Los votos en contra han llegado desde el PP, PNV, BNG, Foro Asturias y PDCAT, mientras que Vox, Ciudadanos, Junts, Más País y Comprimís han decidido abstenerse en esta votación.
El principal partido de la oposición ha sido uno de los que ha cambiado su posición a esta norma tras su paso por la Cámara alta, pasando de la abstención al voto en contra, mientras que los nacionalistas vascos, que en la primera fase de tramitación en el Congreso votaron a favor, y ahora se muestran en contra.
Del mismo modo, Ciudadanos y Compromís, que estaban a favor en la primera fase del trámite, ahora han decidido abstenerse.
Y es que, en su paso por el Senado, se ha eliminado del texto la disposición final sexta --incluida en la tramitación en el Congreso-- para la creación de un fondo específico para sufragar los gastos de gestión que el IMV supone para los ayuntamientos, con el objetivo de que las cuantías correspondientes se transfirieran periódicamente a través de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).
Ayuda por hijo a cargo
Pero el mayor cambio en el contenido de esta norma, con respecto al decreto del Gobierno aprobado en junio de 2020, es la inclusión de una ayuda por hijo a cargo de entre 50 y 100 euros mensuales para las familias que se beneficien de la prestación.
Se trata de una cuantía que varía según las edades de los menores: 100 euros mensuales por cada niño menor de tres años, 70 euros por cada hijo entre tres y seis años y 50 euros al mes para aquellos que tengan entre los seis años hasta la mayoría de edad.
Además, esta prestación también llegará a familias en situación de pobreza que no cumplan con los requisitos para recibir el IMV. En concreto, se dará a los hijos de los hogares con hasta el triple de renta que marca el acceso al ingreso mínimo vital y con un "patrimonio neto sea inferior al 150% de los límites fijados".
Otras de las novedades incluidas en el texto durante la tramitación, con respecto al original del Gobierno, es una mejora de la cuantía, del 22%, del Ingreso Mínimo para aquellos hogares que cuenten entre sus miembros con una persona con una gran discapacidad, es decir, con una discapacidad reconocida "igual o superior al 65%".
Además, se excluye del cómputo de ingresos y patrimonio las rentas de prestaciones concedidas por motivo de discapacidad y, especialmente, de patrimonios protegidos.
Del mismo modo, se reduce el periodo mínimo exigido en el Ingreso Mínimo a los jóvenes en relación a su independencia del hogar familiar, que pasa de tres a dos años y se tendrá en cuenta, para acceder a esta prestación la renta del año en curso y no la del anterior. También se cubrirá a aquellas personas que pierdan la protección del paro y se queden en una situación de necesidad, sin derecho a otras ayudas. En este caso, el IMV se solicitará a través del SEPE.
1,5 millones de solicitudes
Desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha informado de que, hasta ahora, el Instituto Nacional de la Seguridad Social ha recibido más de 1,5 millones de solicitudes, de las que casi 1,4 millones son solicitudes válidas.
En este sentido, ha indicado que, en la actualidad se han tramitado más del 97%. En total, se han aprobado 362.000 prestaciones, con 824.000 beneficiarios, ha apuntado el departamento de José Luis Escrivá.
"La prestación ha tenido un gran impacto en la reducción de la pobreza infantil, ya que casi el 40% de los beneficiarios son menores", ha apuntado.
Del mismo modo, el Ministerio ha recordado que se ha puesto en marcha el Registro de Mediadores del IMV, para permitir a las entidades colaboradoras acreditar la idoneidad de potenciales beneficiarios de la prestación. Con esta medida, según ha explicado, se permite a las entidades del tercer sector de acción social, las ONG, colaborar en la gestión del IMV, previa inscripción en dicho registro, otra medida con la que el Ministerio pretende ampliar el número de beneficiarios de la prestación.