Transición no prorrogará el actual recorte de los cargos de la luz
La rebaja del 96% de la parte regulada de la factura decretada en septiembre se quedará en el 31% en enero
El Real Decreto Ley que el Gobierno aprobó el pasado 14 de septiembre para mitigar la escalada de los precios de la luz incluyó un recorte hasta el 31 de diciembre del 96% de los cargos de la factura de los domésticos, la parte regulada de la misma junto con los llamados peajes de acceso a las redes. Mientras los peajes son competencia de la CNMC, los cargos, que incluyen otros costes, propios o ajenos, del sistema, son responsabilidad del Ministerio para la Transición Ecológica.
El recorte de los cargos, que ha compensado en este tiempo parte de las subidas del precio mayorista de la electricidad (que va camino ya de los 300 euros/MWh), se traducía en un agujero para el sistema que la norma pretendía compensar con una minoración de los ingresos de las grandes compañías eléctricas (a la nuclear e hidráulica) que, finalmente, quedó en agua de borrajas.
De hecho, según la orden ministerial por la que se revisarán dichos cargos el 1 de enero, por “prudencia contable”, el ministerio que dirige Teresa Ribera no espera recaudar nada por dicha minoración. Por tanto, los 2.600 millones que el Gobierno pretendía recaudar hasta marzo para compensar la práctica desaparición de los cargos, se han quedado en el aire.
Para evitar que el déficit generado, aún sin calcular, siga creciendo, el recorte queda reducido para todo el año al 31%, frente al actual 96%. El texto legal, que el ministerio ha sacado a audiencia pública, estima que estos costes del sistema eléctrico ascenderán a 9.698 millones de euros en 2022, mientras que los ingresos destinados a compensar dichos cargos sumarán 4.061 millones de euros. La diferencia será lo que pagarán los consumidores en la parte regulada de su factura: 5.186 millones de euros. A estos habría que añadir los peajes propiamente dichos que aprobará la CNMC y que pueden rondar los 7.000 millones de euros el próximo año. En 2021, las redes de transporte han recibido 1.710 millones y las de distribución 5.228 millones. Por tanto, los usuarios verán subir desde enero la parte fija de su recibo, en mayor o menor proporción, dependiendo de su tarifa.
De los cargos, el grueso corresponde a la retribución específica de las energías del llamado Recore (renovables, cogeneración y residuos), que superará los 6.630 millones de euros (el 46% del total). Le siguen el pago de las anualidades por el déficit de tarifa, 2.397 millones; las subvenciones a los sistemas extrapeninsulares, 488 millones, y otras partidas menores destinadas a la interrumpibilidad o las cuotas para el funcionamiento de la CNMC o el operador del mercado (Omie).
Algo menos de la mitad de estos costes se compensarán con los tributos de la Ley 15/2012, que incluye, entre otros, el canon hidráulico, la tasa nuclear y el impuesto del 7% a la generación eléctrica, que el Gobierno suspendió en junio para mitigar también el impacto de las subidas de los precios del pool. Entre estos tributos y las aportaciones del Estado procedentes de las subastas de CO2, sumarán unos ingresos 4.050 millones de euros.
El ministerio no desglosa estos conceptos pero teniendo en cuenta que la Ley de Presupuestos del próximo año destina 1.100 millones de la recaudación por CO2 al sistema, todo apunta a que la suspensión del impuesto del 7% seguirá siendo temporal, por uno o dos trimestres. El canon del agua supone 900 millones y la tasa nuclear, 275 millones. En cualquier caso, la ley “habilita” a la ministra a aumentar si fuese necesario esa aportación por las subastas de CO2 a lo largo del año.
Según el proyecto de orden de cargos, en el segundo semestre del año el sistema eléctrico se beneficiará de la entrada en vigor del llamado Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE), que sufragarán todas las energéticas y asumirá paulatinamente el coste del Recore, y de la ley que minorará la retribución de las centrales no emisoras anteriores a 2005, año en que entró vigor el sistema de comercio de derechos de emisión. Por el primer concepto el sistema recibiría 540 millones de euros a partir de junio y por el segundo, 484 millones.
Primeras tarifas para el coche eléctrico
Cambios. Entre los objetivos de la orden ministerial que fija los precios de los cargos del sistema eléctrico a partir del 1 de enero, figuran las primeras tarifas que se aplicarán a los puntos de recarga de los vehículos eléctricos de acceso público. También se actualizan, hasta 100,7 millones de euros, los pagos por capacidad que recibirán algunas centrales eléctricas.
Tramos. Desde el pasado mes de junio, en los cargos, los consumidores domésticos pagan tres tarifas distintas en función de su consumo en otros tantos tramos horarios: valle, llana o punta. Al haber eximido el Gobierno del pago de dichos cargos a estos consumidores desde septiembre, dichas tarifas habían quedado sin efecto. Sin embargo, al recuperarse dos tercios de los cargos a partir de enero, la gestión del consumo por horas volverá a tener sentido.
PVPC. Vía cargos, la CNMC recibirá el próximo año para su funcionamiento 19 millones de euros, mientras Omie, se llevará algo más de 13 millones. El margen de comercialización de las eléctricas reguladas que suministran el PVPC a los domésticos se prorrogará hasta que se haga efectiva la reforma de este precio que el ministerio ha puesto en marcha.
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