El suelo agrícola de Marruecos se abre a inversores extranjeros
El momento elegido para este giro histórico no es casual, ya que abre nuevas oportunidades para fondos y compañías agrícolas españolas y extranjeras
La reciente entrada en vigor en Marruecos de la ley que permite a inversores extranjeros adquirir tierras agrícolas supone toda una oportunidad para las empresas españolas del sector agrícola. Aunque todavía hay que esperar al desarrollo reglamentario de la medida, que se espera se apruebe pronto, conviene estar preparado para cuando llegue el momento.
La importancia de Marruecos en el panorama internacional de la industria agroalimentaria es bien conocida. Los principales operadores agrícolas están presentes en el país desde hace muchos años, pero siempre han hecho frente en sus estructuras y planes a una importante limitación. Hasta ahora, la normativa marroquí prohibía que las personas físicas o jurídicas extranjeras y las sociedades marroquíes participadas por extranjeros fueran propietarias de suelo agrícola. Esta limitación se introdujo en 1973, año de la llamada “marrocanización” de la actividad económica. Desde entonces los operadores extranjeros solo han podido explotar tierras agrícolas mediante contratos de arrendamiento o censos enfitéuticos.
Son muchas las compañías españolas del sector agrícola que, pese a ello, han venido realizando inversiones importantes al otro lado del Estrecho, dados los atractivos que tiene la producción temprana de algunas frutas y hortalizas y las especiales condiciones socioeconómicas, que hacen de Marruecos un actor relevante en productos como los cítricos, los tomates, las judías o las fresas, entre otros muchos. A título de ejemplo, a raíz del Brexit y de los acuerdos comerciales concluidos entre Marruecos y el Reino Unido, en enero de 2021 las exportaciones de productos agrícolas marroquíes a este país crecieron un 51 % en relación con el mismo mes del año anterior. Este porcentaje se dispara hasta el 459 % en las exportaciones de fresas. Así, el 75 % de los frutos rojos, el 25 % de los tomates y el 19 % del aceite de oliva que se consumen en el Reino Unido proceden actualmente de Marruecos, que ya supera a Holanda como proveedor de frutas y hortalizas de dicho país.
Es previsible que dichas inversiones se incrementen pronto de forma notable, ya que la mencionada prohibición de adquirir tierras agrícolas ha sido derogada por la Ley n.º 62-19, que ha entrado en vigor este año. Esta norma permite que las sociedades anónimas (sociétés anonymes) y las sociedades en comandita por acciones (sociétés en commandite par actions) marroquíes adquieran suelo agrícola sin ninguna limitación, aunque la totalidad de su capital social pertenezca a accionistas extranjeros. Es difícil explicar por qué esta posibilidad no se ha extendido a otras formas societarias, como la sociedad de responsabilidad limitada (société à responsabilité limitée), muy utilizada en Marruecos. La adquisición del suelo necesita la autorización previa de una comisión regional de inversiones ante la que debe presentarse un proyecto de inversión agrícola.
El momento elegido para este giro histórico no es casual, ya que abre nuevas oportunidades para fondos y compañías agrícolas españolas y extranjeras, precisamente cuando el interés de inversión en el sector agrícola es máximo. El hecho de que el sector se haya mostrado resistente a las últimas crisis ha propiciado que se estén realizando más adquisiciones de empresas agrícolas que nunca.
Aunque la ley ya ha entrado en vigor, su aplicación efectiva está sujeta a desarrollo reglamentario, que debe regular ciertas cuestiones, como el pliego de condiciones que deberá suscribir el comprador del suelo y el modelo de contrato de compraventa que se tendrá que utilizar.
Todavía no se sabe cuándo se promulgará este desarrollo reglamentario, pero cabe esperar que sea pronto. Mientras tanto, los operadores ya están tomando medidas, como transformar sus filiales marroquíes en sociedades anónimas o en comandita por acciones, para sacar la máxima ventaja de esta oportunidad.
José Ignacio García Muniozguren es socio de Garrigues y director de la oficina de Casablanca.