La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, Premio Defensa de la Abogacía

El Colegio de Abogados de Madrid reconoce su compromiso para garantizar el derecho de defensa de los internos

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, Premio Defensa de la Abogacía

El Colegio de Abogados de Madrid, por decisión unánime de su Junta de Gobierno, ha acordado la concesión del Premio Defensa de la Abogacía 2021 a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Con la entrega de este galardón, la Abogacía madrileña quiere distinguir el apoyo de esta institución en la garantía del derecho de defensa de las personas privadas de libertad, haciendo posible la comunicación entre abogados y clientes internos en centros penitenciarios mediante el sistema de videoconferencia, facilitando su contacto sin riesgo de contagio durante las peores oleadas de la pandemia.

Como consecuencia del canal de colaboración establecido entre ambas instituciones, se han abordado nuevos proyectos que suponen adaptar los métodos de trabajo a la realidad tecnológica existente, siempre teniendo como fin garantizar el derecho de defensa.

El secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz González, recogerá el premio el próximo 12 de noviembre en una ceremonia que presentará el decano del ICAM, José María Alonso. En este mismo acto, el presidente de la Comisión para la elaboración del anteproyecto de la Ley Reguladora del Derecho de Defensa, Antonio Garrigues Walker, impartirá una conferencia magistral sobre la evolución y los ejes principales de esta Ley. La entrega tendrá lugar en el Salón de Actos del ICAM y podrá seguirse de forma telemática a través del canal del ICAM en YouTube.

El Premio Defensa de la Abogacía tiene como objetivo otorgar un reconocimiento a aquellas personas, instituciones o asociaciones que, en el marco de su actividad, se distingan por su compromiso con la abogacía madrileña. Con este galardón, además, se pretende visibilizar, apoyar y reconocer la colaboración de los distintos operadores jurídicos en el desarrollo de proyectos que supongan avances continuos en la mejora de las condiciones en que desempeñan su labor profesional abogados y abogadas y por tanto del derecho de defensa.

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