Cerca de 3.000 litigios de lindes al año originan una factura de 200 millones

Los expertos piden criterios unificados para delimitar los terrenos

Reclaman un proceso de deslinde para marcar las parcelas

Fincas rurales en el norte de España.
Fincas rurales en el norte de España. GETTY

Dos agricultores con terrenos limítrofes pero sin barrera física entre sí discuten por ver dónde termina una de las fincas rústicas y empieza la otra. Varias empresas inmobiliarias que empiezan de la nada sus respectivas promociones en la misma zona se disputan unos pocos metros de terreno que nadie tiene claro a quién pertenecen. Conflictos por la titularidad, expropiaciones, delimitaciones de caminos... La casuística, explica el presidente de la Asociación Española de Geómetras Expertos (Aegex), Rubén Martínez, es “enorme”, por lo que se hace imposible obtener datos oficiales del impacto de esta problemática. La Aegex, no obstante, se atreve a hacer estimaciones, y asegura que cada año se producen cerca de 3.000 procedimientos judiciales relacionados con linderos de parcelas y fincas, con un coste anual para la administración y los particulares que asciende a los 200 millones de euros.

Para debatir sobre esta realidad y encontrar posibles soluciones, la asociación organizó el pasado viernes la VI Conferencia del Geómetra Experto, en la que reunió a los agentes operadores del mercado inmobiliario, entre los que se encuentra la administración en sus diferentes formas –estatal, autonómica, provincial y municipal– así como notarios, comercializadores privados, entidades bancarias, abogacía, notarios o registradores.

Uno de los principales problemas, concluye la puesta en común de los expertos, es que “a nivel nacional no existe una única forma de describir en plano los inmuebles, ya que cada operador suele hacerlo a su manera”, detalla Martínez, que propone un método común que facilite que los procedimientos sean mucho más ágiles gracias a una mayor transparencia y comprensión en el parcelario catastral, una representación en la que aparecen los límites de las parcelas.

Sin embargo, el principal escollo es el funcionamiento de la actual normativa, poco dada a un planteamiento preventivo. Para ello, “proponemos partir del deslinde, un proceso que permite resolver cuáles son los límites de un terreno cercándolo, colocando mojones o hitos o delimitando de alguna forma dónde empiezan las fincas colindantes”.

Los procedimientos en los que pueden llegar a intervenir estos expertos, afirma Martínez, son incontables. Tanto que, asegura, "no podríamos decir cuál es el conflicto más habitual al que solemos enfrentarnos". Es, añade, un problema enorme pero que pasa desapercibido fuera de los círculos más expertos precisamente por su "alto grado de heterogeneidad". Martínez pone como ejemplo a los propietarios de fincas rurales que delimitan sus terrenos con piedras que pueden moverse sin ningún problema. O a las empresas que comienzan a construir una promoción y que, para ganar algo de espacio o simplemente tener más margen de movimiento y facilidades en la obra, mueven la valla unos metros, comiéndose parte del espacio de la promoción siguiente. "Si hablamos de, por ejemplo, cinco promociones diferentes, vemos que muchas veces la última acaba perdiendo una parte de terreno considerable".

Este caos normativo redunda en sentencias judiciales que terminan sin ser inscritas por defectos de forma, así como en procesos catastrales infructuosos, en actuaciones urbanísticas enquistadas por no coincidir con el parcelario ejecutado o en expropiaciones y ocupaciones abusivas por cuestiones superficiales.

Con el deslinde, que no deja de ser un acuerdo dado entre cada una de las partes a cada lado del límite, se puede solucionar, o al menos aminorar, el problema.

Martínez defiende este proceso como un tránsito necesario, a medio camino entre la actividad técnica y la jurídica, para “resolver incertidumbres, controversias y conflictos derivados de la deficiente descripción geométrica de los bienes inmuebles”. A través de este “proceso preventivo”, el geómetra puede evitar gastos innecesarios como costas judiciales o duplicidades de pruebas periciales y ejercer la labor intermediaria que muchas veces lleva a cabo el abogado para resolver el conflicto fuera de los tribunales.

Estos planteamientos, sostiene Martínez, acercarían a España a los niveles que se manejan en los países vecinos, como Francia, Bélgica, Austria o Luxemburgo, más dados a este enfoque preventivo. Según datos del presidente de la Orden de Geómetras Expertos de Francia, Joseph Pascual, el número de litigios de este tipo en el país asciende solo a tres anuales.

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